Los campos no acabaron con Auschwitz

Los campos no acabaron con Auschwitz. Así también, ciertas lógicas que operaron durante el holocausto, hoy se repiten en formas distintas. Las cárceles están funcionando como campos. Son espacios en los que predomina un estado de excepción, donde ocurre una violación sistemática a los derechos humanos, donde el abuso de poder es un hecho cotidiano, donde se cometen las peores torturas de nuestra actualidad. Mientras los medios encubren y legitiman, mientras el silencio es cómplice de estas acciones, mientras los gobiernos reproducen esta situación, diferentes voces hacen su grito de desahogo y se organizan para resistir a semejante sistema de opresión.  

 El 20 de Septiembre de 2017, la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) lanzó una declaración a través de la cual llamó a “no equiparar situaciones de la coyuntura con la Shoá (holocausto)”, a raíz de una charla en la que Daniel Goldman había planteado que la situación de unos trabajadores precarizados, marginados y explotados en Chaco le hicieron recordar a los campos de Auschwitz. En primer lugar, me produce indignación como judío que una institución que se presenta como precursora de los derechos humanos y que dícese representar a la comunidad utilice sus herramientas institucionales para correr ejes de discusión (la violación, justamente, de los DDHH de esos trabajadores) con el fin de apoyar políticamente al macrismo. Un apoyo al macrismo no sólo porque su argumento se basa en resaltar que Daniel Goldman es “kirchnerista y consejero del ex canciller Timerman”, dato que no habría necesidad de aclarar más que para, en ese contexto, atacar políticamente y deslegitimarlo, sino también porque así como denuncian este caso omiten tantos otros que se ubican “del otro lado de la grieta”, como cuando Esteban Bullrich, ex Ministro de Educación, definió al nazismo como “una dirigencia que no fue capaz de unir”, como cuando Lopérfido, Ministro de Cultura de CABA, dijo: ”el peronismo era muy parecido al nazismo pero sin matar judíos”, o como cuando el mismo Piter Robledo, Subsecretario Nacional de Juventud, llevó neonazis a una reunión en la Casa Rosada.

En segundo lugar, me hiere como militante de DDHH que quieran convertir el holocausto en un hecho puramente histórico. La shoá fue seguramente la peor atrocidad cometida en nuestra humanidad. Fue un plan sistemático para exterminar a los judíos de la tierra. Fue la peor demostración de hasta dónde puede llegar la crueldad humana. Pero no olvidemos que la shoá, también, fue la culminación de un proceso de deshumanización, de demonización, de odio. Un proceso que se inició, se desarrolló y acabó con un gran apoyo masivo; un proceso que logró instalar la idea de un “monstruo judío” al que se podía matar y torturar (ya sea para “limpiar la sociedad”, para “acelerar el proceso de supervivencia del más apto”, o simplemente porque ellos “no eran”); un proceso que se tuvo su larga construcción simbólica de fondo. La shoá fue justamente esas dos cosas a las que hoy le tenemos que seguir diciendo ‘nunca más’: al proceso y a su culminación.

Convertir la shoá en un hecho puramente histórico es disminuir el contenido de este, es olvidarse que las lógicas que operaron fueron producto humano y que, por ende, de alguna forma u otra pueden repetirse. Citar a la shoá para explicar hechos de la coyuntura es encender la alarma sobre prácticas físicas y simbólicas que se están repitiendo, es mostrar con un evento claro y reconocido universalmente y que hoy se están repitiendo a través de diversas actitudes. No es la ingenuidad de creer que Auschwitz opera tal cual hoy en día, algo que por supuesto y afortunadamente no ocurre, sino es entender que la deshumanización de ciertos grupos hoy sigue existiendo y es invisible para mucha gente, como ocurrió en su máxima expresión a mediados del siglo XX. Si queremos decirle ‘nunca más’ a esas historias, debemos combatir cada aspecto, por más pequeño que sea. Si no nos dedicamos a eso, realmente no entendimos nada.

Y los campos no acabaron en 1945. Giorgio Agamben, un gran filósofo italiano que trabaja sobre diversos temas de Derechos Humanos y que reflexionó sobre el tema del Holocausto, ha entendido el concepto de campo como “una zona en la que rige un permanente estado de excepción, en donde la no-regla (la pura arbitrariedad de quien detenta el poder) se convierte en regla”. Se trata de un espacio fundado en una estructura jurídica extraordinaria (es decir, en la posibilidad misma que tiene el estado) y aplicado sobre una población específica, una población ya despojada de todo estatuto político, convertida en “nuda-vida” (una vida puramente biológica) allí donde todo puede pasar. Para el filósofo, se puede hablar de campo cada vez que se aplique una estructura similar, más allá de las características de las torturas que allí ocurran.

Las cárceles hoy son campos. Allí adentro el derecho común no corre, el Estado casi que no existe, y la justicia queda relativizada a la subjetividad del penitenciario. Un espacio en el que o los derechos humanos no existen o hay un tremendo intento por hacer creer que no existe lo humano. El Registro Nacional de Casos de Torturas y/o Malos Tratos[1] del año 2016 registró un total de 1953 víctimas de torturas y malos tratos y, entre ellos, 6391 hechos concretos. Cantidad de casos en los que a los propios presos se los deja días sin comer, se le distribuyen porciones insignificantes de alimentos, o hasta se les da comida podrida. Casos en que se los deja días sin poder salir de las celdas, que tienen que hacer sus necesidades en bolsas que ni siquiera se las permiten sacar de ese espacio minúsculo, y que se los caga a palos hasta por pedir un colchón para dormir. Casos en los que el propio servicio penitenciario los amenaza de muerte, ignora pedidos básicos, y violenta psicológicamente. Casos, en las ya “naturalizadas” requisas, en las que se irrumpe de forma violenta en los pabellones, se los hacen desnudar delante de todos, se los filma desnudos, y se les revuelve, daña y roba sus pertenencias (muchas veces la única foto que tenían de su familia, su última carta guardada, la poca ropa que les queda, y otros objetos 

de valor simbólico y material). Casos en que se les obstruye o impide las visitas de sus familiares, teniendo en cuenta que no sólo es un ataque emocional importante, sino que también es su única forma de acceder a vestimenta nueva, a algunos alimentos, y demás. A lo que también podemos sumarle los “rituales de bienvenida” en los que corre sangre, palizas y humillaciones, como es el caso de un preso que contó cómo los agentes de Requisa lo hicieron desnudar, lo esposaron, lo tiraron al piso y comenzaron a golpearlo con puños, patadas y palos en la zona costal, espalda y cabeza durante 20 minutos. Asimismo, el presidiario contó que un médico penitenciario presenció la golpiza y lo obligó a firmar un parte en el cual constaba que él no presentaba lesiones. Por su parte, los agentes penitenciarios lo hostigaron y amenazaron al decirle que pida el traslado de la unidad.

En la cárcel también se naturalizan las muertes. La Procuración Penitenciaria de la Nación[1] registró 352 muertes bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal -teniendo en cuenta que hay muchas más que no pudieron ser registradas por la dificultad de acceder a esos datos que desde el mismo servicio se desvían, borran, tergiversan y dibujan- entre el año 2009 y el 2017. Entre ellos, se destaca una elevada tendencia a fallecimientos violentos bajo custodia, lo cual levanta grandes sospechas sobre la complicidad penitenciaria. A su vez el informe señala que más del 50% de esas muertes se produce por enfermedades las cuales, en su mayoría, podrían ser evitables: muertes por enfermedades diagnosticadas casi en su fase terminal; por neumonías en personas que no padecen de un diagnóstico complicado y que, por ende, con un simple antibiótico podría haber sido curada; o mismo por la interrupción de tratamientos farmacológicos debido a la negación de proveer dichos medicamentos.

No olvidemos también que, por la aprobación de la Ley de flagrancia  (la cual concede un poder muy grande a la policía), cada vez son más las personas que entran a la cárcel por delitos menores y por períodos muy cortos. Como por ejemplo, el caso de una persona que fue presa por intentar llevarse un desodorante de un supermercado. Sabiendo también que la mayoría de las muertes violentas ocurren en los primeros seis meses de encierro, eso nos indica que no es más que una irresponsabilidad (o podemos hablar de intencionalidad) total del Estado que, básicamente, lleva a gente, literalmente, a la muerte.

Un testimonio que escuche de mis propios oídos me dejó pensando aún más: “En la cárcel aprendés a matar para sobrevivir, a acuchillarte por un cacho de pan”. Y ahí pienso en que Foucault estaba muy acertado cuando hablaba de que los dispositivos de poder (la cárcel, la escuela, los hospitales, las ciudades, etc.) producen sujetos. Somos moldeados por las dinámicas que nos atraviesan: la escuela nos hace ser personas que estudian, se relacionan y se comportan según las reglas; las ciudades configuran nuestras formas de circular, nuestros lugares de reunión y nuestras formas de vincularnos. En la cárcel ocurre lo mismo: opera un aparato que no contribuye más que a acrecentar los niveles de violencia, de odio y de resentimiento. Lidiar diariamente con eventos de tortura y maltrato, naturalizar la deshumanización y el uso arbitrario del poder, acostumbrarse a que irrumpan tus días para “requisas de rutina”, pasar momentos de hacinamiento y hambre, entre tantas otras cosas más, no es simple. Aprecio mucho a tantas personas que logran controlar su nivel de impotencia frente a todo eso, y que, de hecho, conozco a muchos de ellos, pero la realidad es que no cualquiera lo logra. Pareciera que quieren imponerles el estúpido cuento de la otra mejilla, sometiéndolos a los peores tratos y exigiéndoles que no reaccionen a eso. Pareciera, también, que les quieren salpicar la lógica del “sueño americano”, ese que, dentro de una estructura que te impone límites muy cercanos, te sigue diciendo que te banques todo tropiezo, que nunca dejes de intentarlo, que “sí se puede”, y que si no llegás es porque no te esmeraste lo suficiente.

Los propios medios de comunicación reproducen un sin fin de parcialidades frente a esto: que los presos son violentos, que se dan pelea con cuchillos, que consumen drogas en la cárcel. No sólo que, en su mayor parte, se trata de cosas que el mismo servicio penitenciario distribuye (y te juro que sino sería imposible pasar droga en las 10 barreras de seguridad que atravesás al entrar a un penal), sino que se desconsidera todo el contexto que recién presenté. Los mismos medios que golpean y atacan invisibilizando y transfigurando toda esta información, sólo aparecen para acusar de inmorales a quienes golpean, muchas veces, por la desesperación que genera no poder acceder a un insignificante trozo de pan. Construyen así también una representación de los presidiarios y las presidiarias como un o una salvaje que debe ser controlado o controlada, porque si sufre no es por el trato que recibe sino por su propia provocación, porque si muere no es por las pésimas condiciones de vida que padecen allí adentro sino por sus actos de “rebeldía“. 

En esta línea, como mencionábamos que los campos nazis obtuvieron su condición de posibilidad, los campos carcelarios también lo están teniendo hoy. Hay tanto interés político y una dinámica propia del sistema: una construcción simbólica que opera por detrás para sostener la suspensión del Estado de derecho, la violación sistemática de los derechos humanos, y la completa arbitrariedad e impunidad del sistema penitenciario dentro de los penales.

Desde estos medios de comunicación que difunden recortes muy parciales de la situación carcelaria, que buscan implantar la idea de los presos y las presas como salvajes (recordemos el informe de Telefé en el que se hacía un reality show de una violenta requisa), hasta los paradigmas educativos que hoy recorren muchas aulas en los que se sigue apostando al castigo como una forma justa de corregir malas conductas.

Ya son varios los organismos locales e internacionales que denunciaron estas situaciones, pero la realidad no cambia. Recordemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció en octubre del año pasado las condiciones de hacinamiento en las cárceles argentinas y el abuso de la prisión preventiva. Recordemos, también, que el Comité contra la Tortura de la ONU cuestionó, en mayo de este año, la sistematización de las prácticas de tortura perpetradas por el Servicio Penitenciario en las cárceles y la violencia ejercida en aislamientos prolongados, requisas y traslados arbitrarios. El llamado de atención de organismos internacionales, de organismos de derechos humanos nacionales, y de distintas organizaciones sociales contrasta con las dirigencias políticas que escasean de voluntad política y de un consenso general de la población, ya sea por ignorancia, por ser depositarios de una construcción legitimante, o por falta de interés. Pareciera que, como sociedad, nos falta salir del taper o entender todavía que la garantía de los derechos humanos deben ser para todos y todas, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole.

No resulta menor resaltar, además, que la cárcel deposita su inoperancia tanto interna como externa. Interna por todo lo expuesto antes. Externa por un sistema penal que, encima de ser ineficaz (si podemos hablar de un objetivo preciso y legítimo), es intrínsecamente selectivo. Ya lo he tratado en un artículo mío anteriormente (“Más allá de las rejas”), el sistema penal construye la categoría de delincuente para incluir, como Foucault llama en Vigilar y Castigar: “ilegalismos populares y seres peligrosos“. Ilegalismos populares porque no todo ilegalismo es condenado a prisión, sólo los cometidos por las clases populares (sino ya, entre tantos otros, deberíamos tener preso a nuestro presidente, Mauricio Macri, por evasión de impuestos y transferencias fraudulentas). Seres peligrosos porque no hace falta cometer un ilegalismo para estar en la cárcel, con ser peligroso ya basta. Así es que se construye un estereotipo de esta “clase”, y así es que se persigue y encierra por portación de cara o por necesidades concretas (como deslegitimar protestas sociales, como se observa en las luchas Mapuches, o en gestionar la pobreza, como la persecución de tantos pibes y tantas pibas en las villas, solo por dar algunos ejemplos).

Y en esto que llamo inoperancia interna, razones no nos faltan. El 51% de las personas que están apresadas no tienen condena, están procesados. Sabiendo, aun así, que una condena no garantiza la verdad absoluta sobre el ilegalismo, la condición de procesado agrava aún más la situación; esto es, más de la mitad de la población carcelaria está presa de forma preventiva, está presa “por las dudas”; todavía no se sabe si realmente son responsables del delito que se lo acusa. Se trata de una (in)justicia que se toma su tiempo mientras ellos y ellas esperan encerrados y que, en muchos casos, después se termina demostrando que eran inocentes y que pasaron meses o años en la cárcel por equivocación. Así también, podemos analizar que mientras el 72% de los presos y las presas no alcanzaron o pasaron los niveles básicos de escolaridad, sólo un 33% tiene acceso a educación primaria o secundaria ahí adentro. Es decir, hay un 39% de esa población que podría estar estudiando y, sin embargo, eso no ocurre, en general por una falta de voluntad política. A su vez, el 59% de esta población no tiene un trabajo remunerado en la cárcel, lo que señala tanto la falta de ofertas laborales como incluso (y que, pese a las dificultades de acceder a datos confiables sobre ello, podríamos hablar de que es el mayor porcentaje) el exceso de trabajo esclavo.

A todo esto, me parece importante resaltar que en la cárcel también hay un intento de reconstituir vida entre semejante tortura. Vida en todos y todas los presos y las presas que se aguantan todos esos casos de deshumanización. Vida en el poco espacio que se cede para la formación educativa y que muchos y muchas refugian allí, todas sus ganas de salir adelante. Vida en los espacios de socialización autogestionados por ellos y ellas mismos y mismas, que les permite zafar un poco de esa inmundicia. Vida en la auto-organización generada allí adentro tanto para canalizar los reclamos necesarios como para ayudarse a encontrar alternativas al momento del pos-encierro (organización en cooperativas como es el caso de “Los Topos”, “La Esperanza”, “Las Termitas”, y/o articulación con movimientos sociales como el Movimiento de Trabajadores Excluidos o la Central de Trabajadores de la Economía Popular).

Aun así, creo que todavía nos queda mucho para replantearnos como ciudadanos y ciudadanas. Una institución que, en el imaginario social, existe para “ayudar a re-adaptarse a la sociedad” o para “hacer justicia”, no contribuye más que a producir más odio y más violencia, a violar sistemáticamente los derechos humanos, y a (re)producir injusticias. Habrá que repensar, además, si los postulados iniciales que sostienen toda esta institución son válidos: si realmente podemos hablar de “inadaptados” o de “sujetos peligrosos”, si verdaderamente el castigo es un instrumento de justicia, y si el propio derecho es “objetivo”, “justo” y “universal”. Lo cierto es que las cárceles son campos y que no podemos seguir mirando a un costado. Los derechos humanos deben ser para todos y todas, y si no lo son, tenemos que de alguna forma destruir la complicidad que sostiene eso.