Matar por la paz social, esa es la cuestión

Las fuerzas de la ‘seguridad’ reprimiendo durante protestas mataron a otro argentino y el tema puede ser tratado desde diversas ópticas. Podemos intentar entender por qué existe una criminalización de la comunidad mapuche, también podemos tener en cuenta el nivel de represión que establece este gobierno ante toda protesta social, o simplemente podemos centrarnos en el consenso social ante los dos hechos citados anteriormente.

Quien escribe se va a quedar con las dos últimas opciones por la simple razón que la “cuestión mapuche” es mucho más compleja y merece un análisis con una investigación acorde a la importancia del tema. Para entender cómo llegamos a pensar que los mapuches son terroristas similares al ISIS, que la RAM es un grupo armado intentando establecer contactos con los kurdos y hasta que escondiendo armas de destrucción masiva, todo financiado por grupos que están instalados en Inglaterra, debemos hacer un seguimiento de la ingeniería legal que dejó el camino libre para una profundización del extractivismo en Argentina. Desde CLV prometemos una extensa investigación que permita clarificar esta cuestión.

Lo concreto es que el gobierno no “tiene controlado” el conflicto con los mapuches y entonces aparecen las tomas y como respuesta, las balas. Rafael Nahuel, un joven de 22 años, es el segundo muerto en este contexto en apenas tres meses. El primero fue Santiago Maldonado. Estos dos hechos no solo tienen una relación indiscutible, sino que debemos encuadrarlos dentro de una política represiva llevada adelante por el gobierno de Mauricio Macri. Esta política se viene repitiendo cada vez con mayor agresividad y sostenida ideológica, burocrática y materialmente por los funcionarios del gobierno. “No tenemos que probar lo que hacen las Fuerzas de Seguridad” dicen desde el oficialismo. Ante esto nos preguntamos, ¿El gobierno tiene nociones elementales sobre el Estado de Derecho? No solo deben examinar lo que hacen, sino que deben actuar siempre dentro de la legalidad. En un país democrático, si una persona mata a otra por la espalda y alega legítima defensa, debe presentar pruebas. Más aún si pertenece a las fuerzas de seguridad.

Es espantoso tener que estar explicando esto en un país que, supuestamente, tiene una democracia consolidada. Sin embargo, si Rafael Nahuel fuese un terrorista peligroso con un plan sistemático de asesinatos a “argentinos de bien”, tampoco podrían matarlo disparándole por la espalda, y menos en un acto que no tuvo ninguna característica de enfrentamiento. El Estado tiene el monopolio de la violencia. Y la puede (o no) usar. No toda represión es ilegal pero está lo fue y la realidad no puede ocultarse. Si los Estados liberales presuponen un accionar ajustado a reglas, el gobierno debe responder ante el asesinato de Nahuel. Es por esto que repudiamos las palabras de la vicepresidenta en el programa dominical del periodista, cada vez más oficialista, Luis Majul.

Mención especial merecen los comentarios de Patricia Bullrich: “Le damos el caracter de verdad a la versión de la Prefectura. No necesitamos pruebas (..) El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no. Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad. Nosotros le damos a la versión de la Prefectura el carácter de verdad”. La construcción de esta nueva doctrina de seguridad nacional en la que las fuerzas no sólo tienen las armas sino también la verdad resulta gravisima. Contraria a cualquier noción mínimamente republicana de que deben estar sometidas a control del poder político. Es, lisa y llanamente, darles permiso para matar.

Pero no resulta tan sencillo ni lineal establecer este discurso desde las esferas del gobierno, tiene que estar sostenido por una construcción demonizada del enemigo, al cual se ataca, y debe contar con un consenso social, el mismo que supieron ver en sus Focus Group. Así como en 1910 los anarquistas eran los “antiargentinos” que justificaban la Ley de Residencia y las represiones con asesinatos por decenas. En 2017, los mapuches “chilenos” son el “grupo violento que está cuestionando la legitimidad del Estado argentino”.

Como con el “Caso Maldonado”, este hecho saca a relucir los más bajos pensamientos de nuestra sociedad. Es notable la parcialidad con la que se discuten algunos temas, bienvenida posverdad. Se festejaron ahogos, muertes y desapariciones solo con el objetivo de criticar o halagar un gobierno. Desde el periodismo de “descomunicación masiva” se trata el tema confundiendo todo. No fueron capaces de explicar la diferencia entre Estado y Nación, conceptos que debería tener claro cualquier chico que este promediando una educación secundaria. Se dice que el “mapuche” no quiere reconocer la Nación argentina como si esto fuera motivo de traición a la patria y merecerían ser expulsados del territorio.

Vamos a hacer un poco de pedagogía barata: Un Estado, sea cual fuese, puede tener dentro de su territorio diversas nacionalidades y funcionar con absoluta normalidad y eficiencia. Para ejemplos basta leer un poco sobre Cataluña que no reclama ser una nación sino ser un Estado independiente del español. Sin embargo no hace falta irse hacia al otro continente, lean un poco la modificación constitucional que Evo Morales realizó en Bolivia en la cual se declara al Estado boliviano como plurinacional. No es para nada dificultoso entender esto, solo que estamos envueltos en una cuestión mucho más compleja, en la cual entran en juego cuestiones que responden al extractivismo y hasta incumplimientos constituciones por parte del Estado argentino en el reconocimiento de nuestros pueblos originarios.

Por favor, no me vengan con que los mapuches son chilenos, seamos serios muchachos, muchachas. Porque si tenemos que hacer historia, debemos aclarar que el Estado tiene sus cimientos sobre un genocidio. La primera grieta, la real, se construyó entre “civilizados” y “barbaros”, donde fueron aniquilados o recluidos a la miseria y el hambre estos últimos. A su vez, se vienen anulando los tratados para con los pueblos originarios, no sólo desde el lado legal, sino desde una eliminación absoluta de su cultura. Aquí podemos encontrar el gran triunfo de la “civilización”, recluir la cultura nativa a un museo, dejarla como pieza arqueológica o como grupos perdidos en el medio de la nada a todo lo que tenga que ver con la cuestión indígena.

Por más que nos cansemos de leer o ver una creciente amenaza terrorista mapuche, esa construcción se desarticula ante cualquier investigación seria. Salvo que creamos que un grupo terrorista puede atentar un Estado con cincuenta adultos y con molotovs u hondas como su más peligrosa arma. Los datos objetivos muestran la extrema vulnerabilidad en la que viven las familias mapuches y que, a mediados de noviembre, se había instalado en un parque nacional, tierras que les pertenecían antes que el Estado se las apropiara. Los datos también indican que la semana pasada fueron desalojados por fuerzas represivas, también que un grupo de los rebeldes logró esconderse en el predio y que, en el marco de la búsqueda de estos últimos, Nahuel cayó, herido de muerte por balas de la Prefectura.

En esta mezcla irresuelta y por varios motivos (hartazgo de piquetes, manipulación del caso Maldonado, ser antiK, incomodidad con el reclamo independentista de RAM) hay un pedido por mayor represión que el gobierno atenderá. Nos guste o no. Para el electorado macrista, el reclamo mapuche es inaceptable y una bala más o una menos no cambia su visión, al contrario, parece fortalecer al gobierno ese apoyo que le brindan a las Fuerzas Armadas. Para muestra de esto, revisen las asociaciones infantiles que se hacen con los “héroes del submarino” y esta situación. Difícil que el gobierno pague un costo político por lo que ocurrió. En todo caso, la política represiva del gobierno tendrá resultados.

Estos dos muertos en tres meses es un signo de alerta. Esperamos que la sociedad se sensibilice ante la muerte ajena. La peligrosidad que circula ante la postura del gobierno frente al conflicto mapuche – que lleva a mayor angustia, mayor violencia, mayor pérdida de vidas – es letal. Más allá del consenso social que pueda tener el nivel de represión que llevan a cabo las fuerzas militares, a nadie le gusta vivir en un país donde los conflictos se resuelven a tiros. ¿Esperamos que maten un manifestante en la 9 de julio? ¿Otro en Panamericana? Así se acabará el reclamo social y todos aceptaremos las condiciones de vida que nos imponen, cada vez más humillantes, sobre todo para los sectores bajos de este país.

Macri y sus asesores deben terminar de definir el rumbo de su Gobierno frente al conflicto social. La cuestión está entre serle “fiel” a su votante más acérrimo -que recomienda bala para todo aquel que atente contra la paz social- o tomar el camino de la negociación y escuchar las demandas de los que reclaman. En el medio pueden seguir sumando las muertes a una lista sin título. Los detalles no son positivos hasta el momento, funcionarios importantes del gobierno salieron sin ningún tipo de cuestionamiento a defender a los integrantes de las fuerzas de seguridad que mataron a Rafael Nahuel.