¿Una cosa de locos?
Desde el 2010 existe una ley que prevé modificar el tratamiento de los pacientes psiquiátricos en Argentina. Más de dos años después, la no reglamentación de esta ley se ve opacada por la sumatoria de conflictos políticos frente a este tópico que van desplazando (como tantas otras veces) el debate de fondo sobre cómo tratamos a los más desprotegidos de nuestra sociedad.
Por Angela Gravano
El 26 de abril la policía metropolitana ingresó a los predios del Hospital Borda con el fin de demoler el taller 19, bajo órdenes del Ministro Montenegro, sin orden judicial que avalara ese accionar. El taller se demolió y el operativo dejó un saldo de 20 civiles heridos por balas de goma y otro centenar fue atendido por lesiones producidas en el enfrentamiento y problemas en las vías respiratorias y en los ojos, producto de los gases lacrimógenos.
El conflicto del Borda, de larga data, tiene muchas aristas: el negociado inmobiliario que hay detrás de la construcción del Centro Cívico, la polaridad reinante en el plano político y el desmantelamiento de las instituciones públicas con que la gestión PRO insiste sistemáticamente.
Pero existe un conflicto que vuela lejos de radar y que muchos olvidan: la Ley de Salud Mental (26.657) que fue sancionada por el Senado allá por noviembre del 2010 y que prohíbe la creación de nuevos manicomios, promueve lugares alternativos de atención y establece que las nuevas internaciones se deberían hacer en hospitales generales, que deberán contar con el servicio específico. En la actualidad esta ley todavía no puede vislumbrar su plena y eficiente aplicación.
PH: Sebastián Tornamira
La ley de salud mental, o el plan de ‘Desmanicomialización’, promueve dispositivos alternativos como “casas de convivencia y hospitales de día”. Además modifica el Código Civil para impedir las internaciones de personas por su “peligrosidad” y las internaciones involuntarias quedan restringidas y sujetas a control por un órgano de revisión en el que participarán organismos de derechos humanos. Las internaciones, siempre por lapsos breves, deberían efectuarse en hospitales generales que no podrían negarse a recibir a estos pacientes o calificaría como un acto discriminatorio.
Decenas de organizaciones (entre ellas el CELS, la Federación de Psicólogos y la Red de Usuarios y Familiares) se han manifestado en los últimos años para la efectiva implementación de la ley que busca asistir de manera más adecuada al paciente psiquiátrico, fomentar su inserción en la sociedad y que las instituciones que los traten no se conviertan en prisiones donde sanar la mente y el alma (sí, alma) son imposibles.
La elaboración y sanción de la ley respondió a un impulso político muy fuerte que después no ha tenido correlato desde el Poder Ejecutivo. Al no estar reglamentada, no se implementan normas como la creación del Órgano de Revisión multidisciplinario para monitorear las condiciones de internación y el sistema aplicado a la Salud Mental sigue siendo el mismo, con el agravante de que se sabe públicamente y es aceptado por el poder político que el sistema no funciona.
La Comisión de Salud de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sostiene que la demora nos es burocrática, sino política y de los intereses que se mueven detrás de ese poder. Un ejemplo claro es lo que ocurrió en la provincia de Córdoba, donde la reglamentación se modificó a tal punto que, pese a la oposición social, se abrió una clínica privada para internar chicos en la capital provincial. Los sectores corporativos vinculados con clínicas privadas son los que más se resisten a la ley y son los que prohíben la apertura de nuevas unidades exclusivas para atención psiquiátrica.
Las organizaciones en protesta de la no implementación de la Ley de Salud Metal también señalan diferencias a raíz de la redacción de la ley. La Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA) pide la minuciosa revisión del texto por sus numerosas imprecisiones y contrasentidos y además de una amplia consulta con los sectores universitarios, jurídicos, científicos y profesionales que tienen estudio en el tema, con el fin de consensuar una reglamentación efectiva e inmediata.
Mientras tanto, entre puja y puja del sector Ejecutivo y los hijos empresariales, inmobiliarios y mediáticos que los mueven detrás, los pacientes psiquiátricos siguen esperando la reforma que los trate como algo más que locos. Total ¿quién le va a prestar atención a un loco?