VERÓNICA Y SUSANA QUIEREN SER MADRES, LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES LAS DISCRIMINA. Hace un año, se aprobaba la ley nacional N° 26.862 de Fertilización Asistida. Sin embargo la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, recién la semana entrante trataría el proyecto para adecuar la ley provincial a la nacional. Mientras los diputados se toman su tiempo para debatir la adecuación, un matrimonio de mujeres de la ciudad de La Plata tuvo que judicializar su deseo de formar una familia.

Por Maria Luz Bottani @LuzBottani

Verónica y Susana, desde hace años intentan ser madres. En el camino hubo dos intentos de inseminación fallidos en el cual, creen ellas, las estafaron. También hicieron los papeles para adoptar, pero la respuesta fue “le vamos a tomar el trámite, pero es complicado. A las parejas hetero les cuesta doce años concretarlo. Imagínense ustedes que son homosexuales”. Cuando iniciaron los trámites en la obra social provincial IOMA de la que son afiliadas, les dijeron que no era posible cubrirles el tratamiento de fertilización por no encuadrarse en la ley provincial. La llegada de la Ley Provincial de Fertilidad no hizo más que limitar aún más el deseo de formar una familia, ya que a diferencia de la nacional, no contempla la donación de gametos por lo que las parejas homosexuales quedan excluidas.

Tras esta negativa, Verónica y Susana iniciaron una batalla legal por considerar que son víctimas de una situación de discriminación y presentaron en octubre pasado un recurso de amparo contra el IOMA junto a una medida cautelar. “Fuimos a la justicia porque no tuvimos más remedio, no queríamos judicializar nuestra familia, queríamos privacidad”, cuenta Susana. “Aunque existe una Ley Nacional de Fertilidad que sí contempla los tratamientos con gametos de terceros y se supone que está por encima de la norma provincial, el IOMA no la reconoce porque la Provincia de Buenos Aires debería acogerse a ella y es una de las pocas del país que no lo hizo aún”, agrega Susana.

El Tribunal Oral en lo Criminal IV de La Plata, integrado en esta oportunidad por los jueces Emir Caputo Tártara y Germán Alegre, en función de Sala III de Flagrancia, realizó una audiencia para tratar el amparo interpuesto ante la negativa del IOMA de pagar un tratamiento de fertilización asistida.

Durante el desarrollo de la audiencia, el abogado de Verónica y Susana, Francisco Tufankchi, alegó que la norma provincial es inconstitucional porque es discriminatoria al prohibir la donación de gametos, porque “es obvio que si son mujeres alguien va a tener que donar los espermatozoides”. Por eso “la ley (provincial) discrimina así la orientación sexual de cada una de las partes, y por ello debería aplicarse la norma nacional”. La ley nacional permite la donación de gametos, explica el abogado de las mujeres, al tiempo que agrega que debe aplicarse el artículo 31 de la Constitución Nacional.

Tanto la abogada del IOMA como la de la Fiscalía de Estado, mantuvieron su postura de negar la prestación, basadas en la norma provincial que “habla sólo de gametos aportados por integrantes de la pareja”. Además cuando el Juez Caputo Tártara consultó a la Fiscalía de Estado si había intenciones de adecuar la ley, la respuesta fue negativa. Lo que se contrapone con lo expresado desde la Cámara de Diputados de la Provincia esta semana.

Según datos de la Asociación Civil “Sumate a Dar Vida”, 1 de cada 6 parejas no pueden tener hijos. La Asociación ya cuenta con 377.601 firmas que representan el apoyo de ciudadanos para que en territorio bonaerense la ley se adecúe a lo sancionado a nivel nacional, es decir, que incluya en el Programa Médico Obligatorio (PMO) la cobertura de las técnicas de Reproducción Humana Asistida en todos los casos que sean necesarias por parte de las obras sociales y empresas de medicina prepaga.

En tanto, Verónica y Susana están a la espera del fallo del Tribunal y tienen todas las esperanzas en que sea favorable y si no lo es, “apelaremos, iremos hasta el final. No queremos molestar a nadie, nosotras levantamos la bandera de la familia”.

La grave situación que atraviesa el Doctor Carvallo y los numerosos paros de los profesionales de la salud en lo que va del año en reclamo de mejoras salariales, dan cuenta que el recorte a la salud pública es un hecho. El presupuesto 2014 para la salud que se votó casi por unanimidad en la legislatura bonaerense fue el más bajo en años.

Por Maria Luz Bottani @LuzBottani

El Doctor. Carlos Carvallo (MP 15765), jefe del servicio de terapia intensiva del Hospital San Roque de Gonnet, durante un año y medio presentó 67 notas a la dirección de dicho hospital quejándose por la falta de personal y de insumos básicos para poder brindar una atención adecuada a los pacientes y nunca obtuvo respuesta.

En el mes de febrero de este año presentó un recurso de amparo ante la justicia por falta de recursos humanos y falta de insumos desde hace más de un año y medio en el área de la que estaba a su cargo y así iniciar los pasos legales necesarios para el cierre del servicio. El amparo lo acepta el juez e intima al Hospital San Roque a reponer lo que haga falta para el normal funcionamiento del servicio de terapia intensiva.

Desde la dirección del hospital le responden que “las normalidades no existen y que debe continuar con la terapia abierta”. 48 horas después le inician un sumario y además lo trasladan al Hospital San Juan de Dios.

Que los hospitales públicos están en pésimas condiciones no es novedad, que los médicos trabajan en condiciones nefastas, tampoco. Pero que remuevan a un profesional de la salud de su lugar de trabajo por alertar la falta de insumos, sí. “Hay vidas a mi cargo,  especialmente en el área de terapia intesiva se viven momento decisivos para la vida de los pacientes y no contar con el material, ni con la ayuda necesaria, no sólo pone en riesgo mi labor si no que también el bien más preciado de todo ser humano”, dijo el Doctor Carvallo dejando en claro que el principal afectado es el paciente.

Desde el gremio ATE acompañan los reclamos del Doctor y declararon lo siguiente: “nuestro gremio ha denunciado en diferentes oportunidades y por diferentes medios públicos, incluyendo reuniones técnicas con el Ministerio, la gravedad de la situación de los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. La situación del Doctor Carvallo no es más que una muestra de cómo y a quiénes afectan los recortes en salud. Repudiamos el maltrato al que se lo está sometiendo. Reclamamos que se lo reponga inmediatamente en su puesto de trabajo y se arbitren las medidas necesarias para dotar al servicio de terapia intensiva del hospital San Roque de los insumos y el personal que garanticen su funcionamiento adecuado”.

La semana pasada la justicia finalmente llegó para Susana Gómez y Mónica Bauza. Dos mujeres que vivían en la perifería platense, que luego de soportar años de violencia de parte de sus maridos se separaron y aún así el hostigamiento continuó. Ambas tuvieron el coraje de denunciarlos, pero la justicia durante años hizo oidos sordos a su calvario y denuncias.

Por Maria Luz Bottani @LuzBottani

 Mónica en 2006 hizo una presentación judicial en la que pedía que se excluyera a su ex marido del hogar porque ejercía sobre ella una violencia constante. En el escrito, la mujer detallaba el calvario vivido durante dos décadas: “Ha utilizado almohadones para que no queden marcas en mi cuerpo de los golpes, me tira con vasos, platos, y elementos cortantes, con acoso sexual permanente, manoseos, toqueteos y palabras irreproducibles. Una vez me sacó al bebé, lo llevó a la habitación, volvió al comedor y comenzó a golpearme con almohadones sobre mi cuerpo, sin parar. Me tiraba del pelo y además de amenazarme diciendo ‘te voy a matar aunque termine preso’ y ‘vas a terminar bajo tierra, yo ya estoy jugado’”.

 Susana hizo doce denuncias entre 2002 y 2011. Recién en la 13 presentación la burocracia policial y judicial comenzó una investigación que derivó al juicio luego de tres años. El equipo legal de la Casa María Pueblo unificó todas las causas iniciadas en 9 años, un trabajo que hicieron gratuitamente y que si se tuviera que pagar, rondaría los 300 mil pesos, algo imposible de pagar por Susana.

A Susana la rescató y salvó la Casa María Pueblo, pero culpa de los fuertes golpes quedó ciega. A Mónica la encontraron enterrada debajo de la cama de su ex marido ¿se podría haber evitado? En ambos casos la respuesta es sí. Las dos historias muestran que luego de denunciar no les brindaron la protección necesaria, que la justicia llega tarde cuando se trata de mujeres que no pueden sostener los gastos judiciales.

 “Estoy ciega culpa de la justicia”

Susana Gómez, quedó ciega a raíz del maltrato que sufrió durante nueve años de parte de su marido, al cual le realizó catorce denuncias judiciales. Sólo escucharon la última, cuando el daño físico ya era irreversible.

Durante esos nueve años, recurrió a la justicia logrando restricciones del hogar para el agresor, las que fueron violadas sistemáticamente por él. Impunemente Goncharuk, su pareja en ese entonces, continuaba profundizando el círculo de violencia en el que vivía Susana con sus cuatro hijos.

Luego nueve años de denuncias y maltrato en todas sus formas, Susana llegó a Casa Abierta María Pueblo, dónde la refugiaron hasta que detuvieron a su ex pareja. “Nos llamaron de una fiscalía para que le demos refugio, ante los reiterados ataques del hombre”, contó el abogado Dario Witt, presidente de la ONG Casa Abierta María Pueblo.

A las mujeres en situación de violencia se las insta a denunciar su situación “pero no alcanza si no nos acompañan en el después, si no hay refugios, si no se hace más prevención”, dijo la sobreviviente. El equipo legal de María Pueblo “tuvo que unificar todas las causas iniciadas en 9 años, un trabajo que hicimos gratuitamente y que si se tuviera que pagar, rondaría los 300 mil pesos”, explicó el presidente de la ONG.

El Tribunal Oral Criminal número 5 de La Plata condenó a ocho años de prisión a Carlos Ariel Goncharuk, por el delito de “lesiones gravísimas” en perjuicio de Susana Gómez, que a raíz de los golpes que le propinó sufrió el desprendimiento de ambas retinas y quedó ciega en el 2011.

En su alegato, el fiscal Fernando Cartasegna, dijo que quedó acreditado que en julio de 2010, Gómez fue golpeada varias veces, hecho que le provocó el desprendimiento de retina en ambos ojos y le hizo perder la vista. No fue la única vez que sufrió este tipo de violencia. El hombre la colocó en un lugar de vulnerabilidad durante los casi diez años de relación, le pegó delante de sus hijos más de una vez. Las agresiones fueron sistemáticas.

Luego de conocer el fallo del Tribunal, Susana, visiblemente conmovida le dijo a la prensa: “Esto va a ayudar a miles de mujeres. Se hizo justicia después de todo lo que pasé, de que tuve que quedar ciega para que la gente actúe”.

“Es infrecuente que en un juicio por lesiones gravísimas se dicte 8 años, suelen ser tres o cinco años como mucho. En este caso se evaluó la situación de la violencia de género y es un ejemplo para todo el país. Valoramos mucho la sentencia”, explicó el abogado de la víctima Dario Witt.

“Le tenía mucho miedo”

Frente a los jueces del Tribunal Oral de lo Criminal Nº 1, la madre de Mónica Bauzá explicó que la relación entre su hija y Juan Agustín Segovia, su ex marido, era tormentosa “le tenía mucho miedo”. Estaban separados desde 2006, pero vivían en el mismo terreno, una casa pegada a la otra. El hombre nunca dejó de hostigarla: era celoso y controlaba sus movimientos.

A Mónica la enterraron viva en el patio de una casa en Los Hornos el 18 de agosto de 2009. Segovia dijo que se había ido a trabajar y nunca había vuelto. Hasta que confesó el crimen pasaron cuatro meses en los que se encargó de desviar la investigación. Luego se fugó. Fue capturado en abril de 2010 cuando una Brigada de Investigaciones de La Plata lo encontró en la estación Constitución en situación de calle. Segovia esperó el juicio en prisión.

Para el Tribunal Oral Criminal Nº 1, integrado por Samuel Saraví Paz, Guillermo Labombarda y Jorge Moya Panisello, no hubo dudas: Segovia fue su asesino y premeditó su sufrimiento antes de provocarle la muerte. Lo condenaron por “homicidio calificado agravado por el vínculo y atenuado por circunstancias extraordinarias”.

Las pruebas dicen que Segovia la golpeó dos veces en la cabeza, la dio por muerta y la enterró. El cadáver fue hallado el 8 de abril de 2010, vestido, calzado con zapatillas y tapado con una bolsa, debajo de un contrapiso donde estaba la cama matrimonial. La autopsia reveló que la víctima tenía tierra en los pulmones, es decir, había sido enterrada con vida.

Durante el juicio se pidió investigar por “complicidad” al hijo mayor de ambos. Por lo que el caso por la muerte de Mónica todavía no está cerrado. Para la familia de la víctima, el imputado no pudo actuar solo y ante la prensa señalaron que el cómplice podría ser Jonathan el hijo mayor de Mónica, policía de la comisaría octava de La Plata. “Creo totalmente que actuó como cómplice. Mi ex cuñado es una persona muy enferma, diabética y no pudo cavar el pozo solo”, dijo uno de los hermanos de Mónica.

Si estás en situación de violencia de género, llamá y denunciá al 144, las 24 horas durante los 365 días del año.

“Vamos a seguir hasta saber qué hicieron con mi hija” dijo Susana Trimarco a la prensa, luego de escuchar las penas para los 10 condenados por el secuestro y explotación sexual de Marita Verón.

Por Maria Luz Bottani @LuzBottani

El nuevo tribunal de Tucumán revisó y revocó el fallo que había absuelto a los 13 imputados en 2012. El 24 de abril se conocerán los fundamentos. “Algo de justicia hemos podido conseguir por Marita y por todas las chicas” Las penas fueron desde los 10 hasta los 22 años. “Esperaba mucho más pero estoy conforme”, declaró Trimarco.

La justica finalmente metió presos a los culpables, pero de Marita no hay rastros. Susana en diálogo con la prensa, dijo que viajará a España a fin de mes, siguiendo una pista del paradero de su hija.

El abogado de la familia Trimarco declaró que el caso de Verón dejó al descubierto la carencia de información, de capacitación e insensibilidad de un Poder Judicial que no está preparado para trabajar con una perspectiva de género y derechos humanos.

LOS 10 CONDENADOS:

José Fernando “Chenga” Gómez (22 años)
Líder de la organización, hijo de Lidia “Lily” Medina, fallecida en febrero del año pasado, quien también estaba imputada por la desaparición de Marita. “Chenga” Gómez recibía a las mujeres que llegaban a La Rioja.

Gonzalo José “Chenguita” Gómez (22 años)
Los testimonios lo ubicaron, al igual que a su hermano, como una de las cabezas de la red. Está condenado como como coautor por privar de la libertad a Marita para obligarla a prostituirse.

Mariana Natalia Bustos (10 años)
Esposa de “El Chenga”, conocida como “Doña Mariana”. Está condenada como participe necesaria para privar de la libertad a Marita y beneficiarse económicamente.

Juan Humberto Derobertis (12 años)
Mano derecha de “El Chenga” en el prostíbulo “El Desafío”. La Justicia considera que era el responsable de recibir, controlar, vigilar y reclutar las jóvenes que serían prostituidas.

Cinthia Paola Gaitán (10 años)
Era socia de los hermanos Gómez y su madre. Figuraba como administradora de los prostíbulos “Candy” y “Candilejas”. La Justicia la considera partícipe necesaria para privar de la libertad a Marita.

Carlos Luna (17 años)
Esposo de Paola Gaitán. Propietario de los prostíbulos “Candy” y “Candilejas”. Condenado como partícipe necesario para privar de la libertad a Marita.

Daniela Natalia Milhein (18 años)
Está acusada de ocultar a Marita en su casa. La mujer y su pareja de aquel entonces, Alejandro González, golpeaban, drogaban, amenazaban y abusaban de las jóvenes para evitar que se escaparan. Fue condenada como coautora por privar de la libertad a Marita y beneficiarse económicamente.

Alejandro González (18 años)
Fue pareja de Daniela y es señalado como uno de los reclutadores. Condenado como coautor por privar de la libertad y beneficiarse económicamente.

Domingo Pascual Andrada (17 años)
Es un ex policía tucumano y se encargaba de trasladar a las mujeres entre una y otra provincia. En su agenda tenía nombres de chicas y los giros postales que recibía de Gaitán. Fue condenado como participe necesario para privar de la libertad a Marita y beneficiarse económicamente.

María Azucena Márquez (15 años)
“Doña Claudia” era la encargada de manejar a las chicas. “Me dijo que si me seguía haciendo la loca me iban a mandar con el Gordo Luna y ese sí que no jodía”, relató una de las chicas que estuvo con Marita. Condenada como participe necesaria para privar de la libertad a Marita y beneficiarse económicamente.

El abrazo silencioso; las miradas llenas de lágrimas; los rostros duros de bronca y dolor, era la postal que se repetía en todos los rincones de una plaza llena de platenses. 

Por Maria Luz Bottani @LuzBottani

Familias completas, desde los bebés hasta las mascotas, decían presente. Niños agitando cartulinas que pedían “memoria, verdad y justicia”, frente a la mirada orgullosa de sus padres. Todos eran iguales esa noche. A todos desde hacía un año les había cambiado la vida para siempre.

Los familiares de víctimas de la inundación y las asambleas barriales, eran los encargados de todo. Estaban mezclados entre la multitud, algunos quebrados en un llanto silencioso, encontraban el abrazo incondicional de un compañero.

Mientras que en el escenario sonaban bandas, algunos aprovechaban a caminar en silencio y de la mano de sus hijos. A los únicos que se escuchaba hablar era a los periodistas, fotógrafos y camarógrafos. El resto sólo se limitaba a mirar, con desconsuelo y dolor.
Sin embargo el silencio no era tal. Los inundados hablaban, pero a través de sus carteles artesanales, de fotos con familiares fallecidos ese trágico 2 de abril, de remeras o tan sólo sosteniendo una vela encendida en sus manos.

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La Municipalidad vacía, custodiada por policías, fue utilizada de pantalla gigante para mostrar vídeos que resumían, en imágenes, lo que sucedía hacía exactamente un año atrás. Mirar alrededor mientras la proyección avanzaba, era ver llantos reprimidos y solitarios finalmente encontrando libertad. Familias abrazadas sosteniéndose frente al doloroso recuerdo. Rostros mirando hacía el cielo quizás buscando las respuestas que no obtenían acá.

Antes de comenzar la marcha hacía la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, los familiares de víctimas de la inundación alzaron su voz con la lectura del documento. En él estaba la crónica que comenzaba con la lluvia incesante de la tarde del 2 de abril, cómo al otro día todos sacaron gran parte de sus vidas a la vereda intentado encontrar un rayo de sol que combatiera el destrozo del agua. Hasta cómo se unieron en el dolor y lo transformaron en impulso motor que hoy es una asociación civil.

No sólo se encargaron de iluminar los cimientos de semejante movilización, si no que también denunciaron al Estado Municipal, Provincial y Nacional como absolutos responsables de una tragedia evitable. Ese fue el único instante en el que se disolvió, entre silbidos, abucheos e insultos, el silencio que era protagonista e invadía desde temprano a más de nueve mil platenses.

Fuerza La Plata!!!!