Otra muerte por aborto clandestino: ¿a quién representan?

Agosto llegó golpeándonos. Durante el primer fin de semana falleció, en el Hospital Regional de la capital provincial de Santiago del Estero, Liliana Herrera como consecuencia de una infección generalizada tras haberse practicado un aborto clandestino. Tenía 22 años y era madre de dos hijos. Otra muerte clandestina, otra muerte evitable.

Liliana llegó a la guardia el viernes desde el departamento de Loreto, en el centro de la provincia. En una nota publicada por Página 12, Cecilia Canevari, docente e investigadora del grupo Géneros, Política y Derechos del INDES de la Universidad Nacional de Santiago del Estero e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito e integrante del colectivo Ni una Menos, ambos de Santiago del Estero, informó que “la operaron para sacarle el útero, hizo varios paros cardiorrespiratorios en el medio de la cirugía, pasó a terapia intensiva y murió al poco rato”. Liliana es la tercera mujer que muere este año en la provincia por la misma causa.

Además, Canevari describió para Página 12 el panorama de la provincia: “En Santiago del Estero estamos en un escenario del terror. La hipocresía se apoderó de nuestra sociedad. El senador y las dos senadoras anunciaron su voto a favor del aborto clandestino. Mientras, recibimos la visita de Abel Albino anunciando el lanzamiento de un programa nutricional. No logramos que el Ministerio de Salud apruebe el protocolo para la atención de abortos no punibles, ni la aplicación de la educación sexual integral en las escuelas y la Iglesia presiona fuertemente sobre funcionarios y legisladores”.

La muerte de Liliana se conoce justo al mismo tiempo en que la senadora del FpV Silvina García Larraburu dijo que cambió su voto y no apoyará el miércoles el proyecto de legalización del aborto, argumentando desde sus creencias personales que el proyecto “es malo”, que “responde a intereses económicos extranjeros” y que “los pobres no abortan”.

Los intereses económicos extranjeros existen, existieron y seguirán existiendo en todas las leyes que se votan en nuestro país. Negarlo es negar una realidad política. Pero lo que se está votando acá, mucho más allá de eso, es el Derecho a las mujeres a decidir y no morir en el intento, teniendo, como en este caso, 22 años y dos hijos que quedan huérfanos.

Criminalizar el aborto es desconocer que la práctica existe y seguirá existiendo más allá de las creencias personales, morales, dogmáticas y religiosas. Creer, como creen muchos antiderechos, que las mujeres que mueren lo merecen por haberse atrevido a “matar a un bebé” es inhumano. Dentro de tres días se vota el proyecto de ley, que ya cuenta con la media sanción de la cámara de Diputados, y el panorama todavía se encuentra difuso. Casos como éste son los que deberían hacer que la cámara apruebe la ley por unanimidad.

Liliana pertenecía a una familia pobre, era todavía adolescente y tenía ya dos hijos, que ahora quedaron sin su madre. Es por mujeres así -sobre todo- que seguimos exigiendo que el aborto sea legal. Ser mujer de clase media en Capital Federal es, dentro de todo, un privilegio. Si queremos abortar, aunque no se encuentre legalizado, podemos encontrar las vías más seguras y pagar. Ser mujer y pobre en una localidad del interior es un tanto más complicado. Desde el maltrato sufrido hasta la falta de recursos y lugares donde realizarlo, el aborto se convierte en una cuestión de muerte que no se puede sortear. Una mujer de 22 años con dos hijos en su haber debería tener el Derecho a decir que no, cuando sabe que no puede mantener uno más.

Durante la votación en la Cámara de Diputados, seis de los siete diputados por la provincia de Santiago votaron en contra del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo. Mirta Ameliana Pastoriza fue la única que lo apoyó.

Estamos hablando de una provincia que ya cuenta con tres muertes conocidas en su haber este año. A los diputados y senadores no parece interesarle la vida de sus mujeres pobres. Entonces ¿a quién representan?

Estamos hablando de la misma provincia en la que dos de cada diez nacimientos corresponden a madres menores de 20 años, según estadísticas oficiales. La cuarta tasa más alta del país. De las 10, casi 8 responden post-parto que el embarazo no fue deseado.

¿A quién representan? Es inevitable preguntárselo una y otra vez. ¿A quién representan?

A las pobres no. A las jóvenes menores no. A las adolescentes violadas no. A las madres que no pueden mantener más de dos hijos no. ¿A quién representan? A su pueblo no.

Estamos hablando de una provincia que con esta realidad no implementa la ESI, que finge desconocer estos casos de muertes, que cuenta con Senadores y Diputados que no parecen estar conmovidos por esta situación.

¿A quién representan? No a Liliana Herrera. ¿A quién representan? No a María Campos, de 37, y madre de cinco nenas y un varón, que también llegó a un hospital este año después de haber abortado en la clandestinidad. ¿A quién representan? No a la otra mujer pobre, cuyo nombre desconocemos, que también murió este año en la misma provincia por haber abortado en la clandestinidad.

¿Tres en ocho meses son poco? ¿Ocho de cada diez madres adolescentes con embarazos no deseados son poco? ¿Qué tasas se necesitan para que los diputados y senadores de todas las provincias se levanten a favor del aborto legal, seguro y gratuito? Si no pueden contener a sus mujeres, ¿a quién representan? ¿A quién representan? ¿A quién representan?

A Liliana Herrera no.