La represión como política de estado

El caso Santiago Maldonado disparó un interrogante macabro ¿Hasta dónde se puede llegar cuando se festeja la violencia estatal y se criminaliza a la víctima? La represión de la fuerzas de seguridad tiene amplia libertad de acción y las consecuencias son preocupantes. Es imperioso discutir estas situaciones alarmantes y nos urge darles un freno.

Un policía ataca a palazos a un manifestante en plena avenida 9 de julio, un intento de armado de escuela itinerante es “desafectado” con represión a docentes frente al congreso, desalojan violentamente Panamericana para asegurarnos la libre circulación de vehículos, trabajadores de Pepsico o de Cresta Roja son reprimidos con el único fin de asegurar la propiedad privada; porque no vendrán las inversiones extranjeras, frenan colectivos de línea en el sur del conurbano bonaerense haciendo bajar a los hombres para pedirles su documentación, policías locales de diferentes partidos de la Provincia de Buenos Aires cometen excesos violentos ante jóvenes de clase baja, en numerosas provincias implementan el protocolo nacional antipiquete del Ministerio de Seguridad, la policía ingresa al Ministerio de Ciencia y Tecnología donde un grupo de científicos reclama contra el ajuste.

Imágenes que se repiten, que naturalizamos y hasta se festejan. Hoy que tenemos al primer desaparecido de la era Macri, las discusiones deberían pasar por otro lado, correspondería paralizar los debates, deberíamos estar reclamando desde todos los rincones que aparezca Santiago, que gendarmería explique qué sucedió, que el gobierno muestre una real preocupación. Mauricio Macri no hizo referencia a la desaparición, el presidente habló en horario central en el programa ¿político? más visto. Ese que conduce el mismo que se burlaba de los jóvenes cuando era conductor de Much Music y ahora dice que nadie puede reclamarle honestidad pero ni se preocupó por consultarle por la desaparición de su tocayo. Una omisión que ya no preocupa, que no escandaliza a nadie.

La Ministra Patricia Bullrich está haciendo una vergonzante actuación minimizando el tema, evadiendo responsabilidades, es un descarrío intolerable que elabore ese tipo de respuestas en plena democracia. La ministra declara que “el caso Maldonado no se puede catalogar como una desaparición forzada de persona”, luego expresa que las organizaciones de derechos humanos que acusan a las fuerzas militares por el hecho “quieren politizar el caso“. Señora Patricia Bullrich, aunque desde su partido el vocablo “politizar” sea mala palabra; si existe un desaparecido luego que gendarmería haya realizado un operativo para desalojar una ruta no solo hay que “politizar” el caso,  sino que hay que exigirle la aparición con vida de ese ciudadano. Sus modos de represión son políticos, son ideológicos. Sus discursos negacionistas son reaccionarios ministra de Seguridad.

La desaparición de Santiago no puede analizarse sin tener en cuenta el nivel de aceptación que tiene la represión a toda protesta social, la vía libre cedida por el gobierno para cualquier tipo de desalojo, el caso Santiago Maldonado hasta pareciera un desenlace lógico ante la salvajada vivida día a día. El “protocolo de actuación en las manifestaciones públicas” fue aprobado a comienzos del año pasado y pretende regular la protesta callejera. Fue un decreto que declaró la emergencia en seguridad. Esta “emergencia” no sólo permite a los distintos gobiernos nacionales y provinciales modificar el destino de partidas presupuestarias sin ningún tipo de control, sino que autoriza a la convocatoria de personal retirado de las distintas fuerzas con el fin de llenar las calles de mayor cantidad de uniformados. Más fuerzas de seguridad en las calles para todos y todas.

Esta medida no fue improvisada, buscó desde un comienzo establecer una división con el gobierno anterior que tuvo como discurso que no había que reprimir las protestas sociales, haciendo hincapié en que fue solo discursivo porque durante los gobiernos de Cristina Kirchner, según datos obtenidos de la Coordinación Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), se produjeron dieciséis muertos en situaciones de protesta social. La mayoría tuvo lugar en desalojos: A los Qom en Formosa, en el Parque Indoamericano en 2010, y en las tierras del Ingenio Ledesma en Jujuy. Tampoco debemos olvidar que durante la presidencia de Néstor Kirchner fue asesinado el docente Carlos Fuentealba. Desde Cambiemos también buscan despegarse de la idea que, nunca se supo bien como fue construida, pero que el kirchnerismo solo pensaba a la inseguridad como una sensación; Cambiemos lo ve como un problema y actúa en consecuencia largando policías en las calles, reprimiendo protestas, persiguiendo a pibes con “visera” y ahora desapareciendo gente. Santiago está desaparecido por si no queda claro o no nos damos cuenta de la gravedad del caso.

Pero el nuevo protocolo tampoco fue improvisado porque desde el ejecutivo sabían perfectamente los tiempos que se avecinaban: recesión, inflación, pérdida de puestos de trabajo y quita de subsidios, forman un cóctel explosivo que iba a decantar en fuerte tensión social que de algún modo, había que hacerle frente. Como marcamos anteriormente, la represión no es exclusiva del gobierno de Mauricio Macri. La conflictividad social es una realidad argentina en todos los momentos históricos; sean de crecimiento, de crisis o de festejos. Como así también la represión en las calles por parte del Estado viene de larga data: Semana Roja en 1909, Semana Trágica en 1919 o la Patagonia Rebelde de 1920/21, son estandartes de abusos de las fuerzas del orden pero ni siquiera podemos ponerlos como los fundadores. Las dictaduras y el terrorismo de Estado son la expresión más pulida de una realidad que no escapa a ninguna forma de gobierno ni color político. La triste realidad es que el monopolio del uso de la fuerza utilizado por el Estado solo está disponible para defender los intereses de los poderosos, para proteger la propiedad y, ahora agregamos, para asegurarnos circular libremente.

Por lo que hablar de represión “macrista” podría ser solo una ubicación temporal para marcar los hechos sucedidos en ese período presidencial. Asimismo, podemos intentar establecer las particularidades que son exclusivas de esta era. En esto debemos ir a los modos de acción que caracterizan a Cambiemos. Como ya estamos hartos de leer, es un gobierno que vive pendiente de las encuestas y de los Focus Groups, por lo que deberíamos entender que este tipo de modus operandi apunta a satisfacer a un grupo de personas que pide palo y balas desde su computadora en los comentarios de los grandes medios de comunicación. Ese sujeto anónimo que envenenado irrumpe, ataca y se va porque todo vale para poner orden, para poder convivir en sociedad y que le permitan circular libremente. Lo que queda establecido es que este tipo de acciones que se implementan ante todo tipo de reclamo, no importa si es corte de ruta, de calle, toma de fábricas son decisiones sumamente ideológicas. Tampoco debemos dejar pasar que el tipo de abuso de las fuerzas de seguridad no se termina en la protesta social, se repiten por decenas los abusos en las calles.

La represión siempre fue una política de Estado, pero el panorama que representa el actual gobierno es mucho más sombrío que en gestiones democráticas anteriores. No es exclusiva de Cambiemos pero hay estadísticas que establecen que existe un crecimiento de la represión institucional en el último tiempo. María del Carmen Verdú, integrante de CORREPI, denunció que en 2016 el Poder Ejecutivo Nacional dejó un saldo de 259 muertes por violencia institucional. Estos incluyen casos de gatillo fácil, muertes de personas detenidas y desapariciones forzadas, que son las principales modalidades que encabezan la lista confeccionada a partir del informe anual de la situación represiva nacional 2016.

El gobierno actúa contra la protesta social para satisfacer a su núcleo duro de seguidores, podrían escribir el manual del “Facho argentino” porque lo entienden a la perfección, saben leer cada tipo de acción que reclama ese sector de la sociedad que quiere orden para vivir tranquilos, que quieren que la gente de bien “vivamos en paz”, que cree que “los presos están en la calle y ellos encerrados en sus casas”, que esta convencida que “los Derechos Humanos están hechos para los delincuentes”. Los políticos de Cambiemos entienden, sospechosamente, muy bien este tipo de pensamientos. Solo hay que explicarle que se les fue la mano, que nos desaparecieron a un joven, que lo devuelvan, que no vamos a vivir mejor porque falta Santiago. La unidad en los reclamos ya no es imprescindible, sino inminente. Exigimos aparición con vida de Santiago Maldonado