Por Agustín Vallejo @AguVallejo91

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los alegatos de la defensa y, como consecuencia, apoyó la sentencia para dos hombres de la ciudad de Gualeguaychú por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en su modalidad de traslado a una menor de 16 años.

Manzanares, de 71 años, recibió una pena de 7 años de prisión efectiva, tal como había solicitado la Fiscalía; y Campoamor, de 67 años, fue condenado a 3 años y seis meses de cárcel como partícipe secundario.

Ambas personas fueron encontradas el 5 de diciembre de 2011, cuando se trasladaban en un utilitario Peugeot Partner intentando salir de la provincia a través del puente Victoria – Rosario cuando fueron interceptados por efectivos de Gendarmería.

En ese momento viajaban con la menor de edad en la parte trasera. Ante la pregunta de los oficiales de la fuerza de seguridad dijeron que eran amigos de su madre y se dirigían a la provincia de Córdoba para realizar una operación de compra y venta de vehículos; y la adolescente los acompañaba para conocer, pero portaba el documento de identidad de su madre. Cuando los efectivos de Gendarmería se contactaron con la mujer, ésta dijo que no los conocía y radicó la denuncia.

En la instancia judicial se estableció que trasladaban a esta chica con fines de explotación sexual para prostituirla en la localidad cordobesa de Laboulaye.

Esta joven, que viajaba con los dos hombres, declaró con el sistema de Cámara Gessel, se reconoció como víctima de trata. A su vez, expresó que Campoamor había abusado de ella cuando tenía 12 años y un año después la “vendió” al otro acusado quien continuó explotándola.

La víctima, también se expresó sobre algunas fiestas privadas, donde participaban hombres mayores para tener relaciones con adolescentes: “el que quería, antes del asado, y si no, después”. Con respecto a sus padres, reconoció que ellos no sabían nada de lo que hacía y “tenía que hacer todo lo que ellos decían, estaba amenazada”.

Con este caso se confirma lo que tantas veces expresaron, desde la Red de Alerta. En Paraná, a través de una ordenanza municipal se estableció el cierre de los prostíbulos del departamento, como también sucedió en otros puntos de la provincia, pero la prostitución continua disfrazada en bares, pizzerías, alquiler de departamentos o en quintas privadas.

Asimismo, otra menor de edad (17) realizó su declaración en esta causa y expresó que conocía a los dos acusados desde los 12, cuando se inició sexualmente y que hasta los 15 había asistido a estos “asados y peñas” que organizaban con sus amigos donde pagaban para tener sexo con adolescentes. Se realizaban en el negocio de un dirigente de la liga de fútbol o en un rancho detrás del cementerio de Gualeguaychú.

Las dos jóvenes que declararon en la causa lograron dar muchas certezas sobre estas reuniones: “las mujeres tenían 16, 17, 20 años, y otras más grandes y por cada relación sexual pagaban $250”. Gracias a la valentía de las dos menores, se abrió otra causa por trata de personas en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay donde existen otros hombres involucrados.

Otra vez un caso judicial que nos presenta una dicotomía. Por un lado, que sea la condena más elevada de la provincia y, por otro, siempre da la sensación de ser insuficiente en comparación al calvario vivido por estas dos menores y vaya a saber uno, cuántas más.

Ya es el momento de tomar este tema con mayor seriedad e investigar hasta lo más profundo. Hace unos meses todos salimos a gritar a la calle “Ni Una Menos”. Hagámoslo realidad.

Nota relacionada

http://corriendolavoz.com.ar/entrevista-red-alerta-entre-rios-la-lucha-contra-el-femicidio/

Fuentes

– http://www.elonce.com/secciones/policiales/425815-confirmaron-la-condena-mnas-elevada-por-trata-de-personas-en-entre-rnos.htm

– http://www.revistaanalisis.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=221794

El Parlamento del Mercosur, fue creado en el año 2007, posee sede en Montevideo y en el participan: Brasil, Argentina, Venezuela, Paraguay y Uruguay. Actúa en diferentes problemáticas de la región de acuerdo a diez comisiones: Asuntos Jurídicos e Institucionales; Asuntos Económicos, Financieros, Comerciales, Fiscales y Monetarios; Asuntos Internacionales, Interregionales y de Planeamiento Estratégico; Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte; Trabajo, Políticas de Empleo, Seguridad Social y Economía Social. Desarrollo Regional Sustentable, Ordenamiento Territorial, Vivienda, Salud, Medio Ambiente y Turismo; Ciudadanía y Derechos Humanos; Asuntos Interiores, Seguridad y Defensa; Infraestructura, Transportes, Recursos Energéticos, Agricultura, Pecuaria y Pesca; Presupuesto y Asuntos Internos.

Durante estos años, ha sido un organismo más consultivo y hasta simbólico. ¿La razón principal? Podría ser el hecho de que sus diputados son elegidos por los parlamentos propios y no por los ciudadanos pero esto está cambiando. Hace un tiempo se decidió que cada país tendría una cantidad de representantes de acuerdo a su capacidad electoral, por lo tanto a Brasil le corresponden 75, Argentina 43, Venezuela 33 y tanto Paraguay como Uruguay 18 (cada uno).

Nuestro país a partir de octubre se transformará en el segundo miembro en elegir sus representantes de manera directa, es decir, con el voto ciudadano. En primera medida ya lo había realizado Paraguay en el 2013. Brasil y Uruguay lo realizarán en las próximas elecciones (2018 y 2019 respectivamente)

Esta semana se conocieron los candidatos a formar parte del ParlaSur, en la provincia de Entre Ríos,  un periodista llamó la atención, con su candidatura, representando al Frente para la Victoria.

Su nombre es Cristian Bello, un reconocido conductor televisivo y radial, quién anunció vía Facebook su candidatura. Hace más de 10 años es la cabeza de “Nunca es Tarde” que se transmite por Canal 9 Litoral y “de Igual a Igual” en LT14, con un fuerte respaldo de sus oyentes. No solamente es posiblemente considerarlo un personaje popular entrerriano si no también un buen empresario, ya que hace años ha montado uno de los estudios televisivos más importantes de la región, donde funciona su productora.

Esto explicaba el periodista en una carta presentada en su página de Facebook bajo el titulo

“Porque acepte la candidatura”:

Desde mis comienzos en esta profesión, uno de los mayores objetivos que me he planteado en la tarea diaria de comunicar, es ser un vehículo de servicio para la gente. Que la información y el entretenimiento sirvan para algo más que dar a conocer hechos o pasar un momento agradable.

Siempre pensé que los medios debían ayudar a las personas: difundiendo, denunciando y exigiendo. Y así fue que muchas veces, logramos respuestas y soluciones a pequeños problemas cotidianos de muchas personas.

Hace un tiempo, sin embargo, noté que los esfuerzos asilados no alcanzan.

Que los medios no están solo para eso, que cumplen otras funciones: vender, entretener, difundir.

También asumí que, por más esfuerzo que hagamos, siempre nos quedamos cortos. Que el compromiso requiere otra entrega, y que solo las buenas políticas de Estado pueden ofrecer soluciones de fondo.

Por eso no dudé en aceptar la propuesta que me hizo el gobernador Sergio Urribarri. Postularme para ser el representante entrerriano en el Parlamento del Mercosur.

Llevar los intereses de esta tierra al bloque regional económico y social de mayor importancia de América. Defender los intereses de esta provincia y de su gente en el contexto de la integración latinoamericana.

Tengo 41 años, una empresa sólida, un gran equipo de trabajo, una familia hermosa, amigos que me acompañan. Tengo mucho más de lo que jamás hubiera soñado tener. Creo que es el momento de encarar otros retos: nuevos desafíos, un mayor compromiso.

Sé que ustedes me van a entender y acompañar. No me mueve otra cosa que el interés por ayudar, como lo hice siempre, pero ahora, además, desde otro lugar.

Solo espero que Dios me ayude y me dé la grandeza necesaria para recorrer el camino correcto. Yo juro que, una vez más, -si los entrerrianos lo deciden- pondré todo mi esfuerzo para estar a la altura del lugar con el que la vida me honra.

Esta situación en Entre Ríos nos da la iniciativa para volver a pensar  la relación entre   los periodistas y la política, tema sobre el cual se han hecho debates, libros y charlado en todas las facultades de comunicación del país.

Se presenta una dicotomía entre una actividad y la otra. Lo primero es un oficio marcado por múltiples factores entre ellos: palabras, preguntas, la reflexión, el análisis y también el sentido crítico como una gran base. Cuando este ultimo eje se encuentra intercedido por la militancia propia, en ese momento existe un problema y corre el riesgo de transformar su trabajo en propaganda, no periodismo.

Todos tenemos nuestras ideas políticas, pero estas no deben limitarnos a la hora de opinar. Si tomamos un ejemplo de otra rama del periodismo podríamos imaginarlo así: Un periodista deportivo que denuncie la actividad de la barra brava de Boca y no la de River, porque es socio de este ultimo. A pesar de la simpleza del ejemplo, esto sucede  mucho, en gran medida apoyado por los propios medios, que clasifican a los trabajadores de un lado u otro para tenerlos como soldados en batallas que ya no le pertenecen.

Apoyo y sostengo el sentimiento de solidaridad de los periodistas, de todos los trabajadores de los medios de tomar conciencia de su lugar y entender que además de perjudicar y/o denunciar, también se puede ayudar con la palabra, con el trabajo diario. El periodista, ante todo, debe INFORMAR.

El periodista entrerriano considera que este es el lugar más propicio para ayudar, a pesar de que sea un Parlamento que ni siquiera tiene funciones legislativas, aunque si es un puesto para ganar buena plata y tener que reunirse tan solo una vez al mes.

El tiempo y el voto ciudadano decidirán el alcance de esta candidatura, qué sucederá con su carrera como periodista dentro de la provincia si es que hará ambas actividades en simultaneo (aspecto que no es aclarado en su carta). Desde este momento se pueden esperar menos críticas al gobierno, ya que ahora forma parte del mismo partido que el gobernador y la intendenta de Paraná.

En mi opinión hay dos errores: en primer lugar, creer que ser diputado del ParlaSur sea un lugar propicio para ayudar y ,en segundo lugar, que el rol del periodista sea cooperar con la ciudadanía a través de la política y no desde la palabra: difundiendo, esclareciendo, cuestionando y siendo crítico, entre otras cosas. Por mi parte prefiero seguir creyendo en el periodismo crítico del poder, Cristian Bello no lo cree así y por lo tanto se vincula.

Por Agustin Vallejo @AgusVallejo91

Los números en Entre Ríos son verdaderamente alarmantes: 65 mujeres víctimas de femicidios, 18 de estas víctimas son de Paraná, 11 casos de femicidios vinculados desde el año 2007 a la fecha,  varias causas caratuladas como muerte dudosa. 81 son los niños adolescentes que deberán vivir con la ausencia de sus madres.  En el año 2012 a nivel provincial hubo 3.000 denuncias por violencia psicológica y maltrato físico, que a la fecha se han triplicado. Solamente en el Departamento Paraná hubo 740 denuncias por violencia y maltrato en los últimos seis meses.

Desde el año 2006 funciona la Red de Alerta de Entre Ríos, una asociación civil que surge como respuesta a numerosas consultas y denuncias vinculadas al maltrato, el abuso sexual infantil, la explotación sexual y laboral de niños, niñas y adolescentes, violencia de género en todas sus formas. Actualmente, también trabajan en la búsqueda de personas ante su desaparición  y a combatir el crimen organizado.

Dicha asociación posee como objetivo la defensa de los derechos humanos, realizando las siguientes acciones: prevenir, concientizar, sensibilizar y rescatar dichas facultades. ¿La manera? Detectar, buscar, asesorar, denunciar y acompañar a los casos que se presentan, reclaman políticas de estado en el marco de la Región Centro de la Argentina y Mercosur. Elaboran protocolos, legislaciones, herramientas para la erradicación y el tratamiento de las problemáticas.

Ante esta situación actual tan alarmante y una convocatoria multitudinaria como la del pasado 3 de junio bajo el lema: #NiUnaMenos, logramos charlar con Silvina Calveyra, titular de la Red de Alerta de Entre Ríos y esto fue lo que nos dijo:

CLV: ¿De qué manera trabajan dentro de la Red de Alerta?

Nosotros adherimos a la metodología participativa y el trabajo en red, implicado al máximo de agentes (instituciones, entidades, profesionales, cuidadanos).

Con todas aquellas personas con las que compartimos el interés de erradicar todas las formas de violencia hacia los niños, niñas y Adolescentes (NNyA), y mujeres, abuso, maltrato, explotación sexual y laboral, trata de personas y violencia intrafamiliar. Combatir el Crimen Organizado: Trata de Personas, Desaparición de Personas; narcotráfico, corrupción, lavado de dinero, delitos ambientales.

Para lograrlo realizamos tareas en prevención e incidencia territorial en el ámbito municipal, provincial y regional; que nos permite definir y aplicar a partir de la práctica cotidiana un modelo de intervención ajustada a las necesidades de la prevención, la detección, la denuncia y acompañamiento ante las problemáticas anteriormente descriptas.

CLV: ¿Cuántas personas participan?

La entidad está integrada por una Comisión Directiva, quiénes en su mayoría nos hemos especializado en las temáticas, como Diplomaturas en Trata y Tráfico de Personas; Género y Derechos Humanos entre otras capacitaciones; conjuntamente con un equipo de profesionales ad hoc que colaboran con la institución a la hora de necesitar de asesoramiento:  abogado, psicólogo, psicopedagogas, operadora psicosocial, trabajadora social.

CLV: ¿Cuál es la situación actual de la provincia en casos de violencia de género y la trata de personas?

Los feminicidios, el asesinato de una mujer por el solo hecho de ser mujer,  no es una muerte aislada, sino que existen graves fallas institucionales por parte de organismos responsables a la hora de una muerte evitable y la educación como base de transformación.

La expresión extrema de la violencia hacia las mujeres, el feminicidio, la trata de personas pero también debemos visibilizar otras manifestaciones como  la violencia psicológica primer alerta en el circuito de la violencia intrafamiliar, la violencia patrimonial, la violencia institucional, mediática, simbólica, laboral, obstétrica, en nuestra provincia.

En lo que respecta a la trata de personas con fines de explotación sexual y comercial; como una de las formas de violencias de género más aberrante, mujeres privadas de su libertad, en estado de esclavitud. Entre Ríos es Origen, Tránsito y Destino de Víctimas de Trata; geográficamente ubicados favorables a las redes mafiosas somos ruta mercosur, ruta de la riqueza donde las víctimas son captadas y trasladadas en muchos casos de la zona de Paraguay, Misiones (turismo), Entre Ríos-Santa fe-Córdoba (Región Centro); para ser trasladadas al Sur, zona de petróleo, o San Juan Minería. Con puntos muy álgidos con faltas de controles como los pasos fronterizos.

En el caso de Paraná siendo en esto ejemplificador los juicios orales de los que participamos en el Tribunal Oral Federal, la trata interna entre Paraná – Santa Fe a través del túnel subfluvial; donde los mismos imputados reconocen el traslado a través de este paso de mujeres con fines de explotación sexual y comercial. Las redes mafiosas mutan, y en nuestra provincia ante el cierre o  presunto cierre de los prostíbulos, mutan de la mano del avance del narcotráfico. Nuestra organización luego de promover y que sea aprobada la Ordenanza Municipal de cierre de prostíbulos en la ciudad de Paraná como lugares de explotación y fundamentalmente de vulneración de derechos humanos de las mujeres, presentó un proyecto de ley de cierre a nivel provincial, un proyecto de ley integral que hablaba no sólo de ir a poner una faja de clausura a estos lugares en un sentido solamente prohicionista, si no un proceso de recuperación e inclusión social con las víctimas y el combate al delito, al proxeneta. A este proyecto no se le dio lugar, y se avanzó con el mencionado anteriormente solamente cerrar estos lugares con una faja de clausura, y nunca supimos que sucedió con las 2000 mujeres que había en la provincia siendo explotadas sexual y comercialmente en los 108 prostíbulos que se encontraban desde el año 2008 a lo largo y ancho del territorio provincial como tampoco se supo que sucedió con quién estaba cometiendo el delito.

Hoy nos encontramos que estos  lugares se reabren bajo otros rubros: bares, pizzerías, ventas de gas, alquiler de departamentos privados. O cuando existen grandes eventos deportivos: automovilismo o zonas de caza y pesca a través del turismo sexual; de esta manera siguen explotando mujeres.

CLV: ¿El gobierno provincial ayuda a las ONGs que trabajan con estas problemáticas?

 No, por lo menos en nuestro caso en particular. Somos quiénes hacemos un permanente seguimiento del cumplimiento o no de las políticas públicas, la legislación vigente, el reclamo y la crítica en caso de no cumplimentarse.

 CLV: Hace varios meses que uno puede leer en las noticias de la lucha para establecer a la provincia en estado de emergencia por violencia de género. ¿Que implicaría este estado de emergencia?

 La realidad requiere la urgente implementación de políticas públicas que efectivamente garanticen por un lado la prevención y por otro la asistencia integral de las mujeres que padecen violencia de género. La violencia basada en la desigualdad, ya no es de la vida privada, sino pública, estamos frente a situaciones de vulneración de derechos humanos fundamentales de las mujeres, por lo tanto estamos hablando de política. Para generar política territorial efectiva se debe reconocer que el flagelo está presente en el territorio. Declarar la emergencia es reconocerlo para trabajar sobre el territorio y la realidad presente; que somos las segunda provincia a nivel nacional en cantidad de víctimas de feminicidios, muchas muertes de ellas evitables sino hubieran existido graves fallas institucionales en la cadena de responsabilidades, donde los primeros eslabones que hacen a la prevención y erradicación depende  de diferentes organismos, ministerios dependientes de poderes del estado y la justicia a la hora de tomar medidas y sancionar cuando el hecho o el delito está consumado.

En este sentido  en el orden provincial, estamos solicitando la declaración  de la EMERGENCIA PÚBLICA POR VIOLENCIA DE GÉNERO, implementando también medidas tendientes a erradicar éste flagelo que aún no se encuentran en la provincia. Como asimismo el efectivo cumplimiento de la ley 26.485.-

 CLV: ¿De que manera se puede trabajar en Entre Ríos para lograr reducir los casos de violencia de género?

Educar para transformar; desde el niño, la niña, comenzarnos a vernos como iguales, como sujetos de derecho y en igualdad de oportunidades. Reconstruir ese contrato social que se ha perdido y los lazos familia – escuela. Introducir en las curriculas escolares en todos los niveles la educación con perspectiva de género. Como así también a quiénes están a cargo del acompañamiento o recepción de una denuncia para evitar la re-victimización de las mujeres que se encuentran en un estado de vulnerabilidad en cuánto a su salud psicofísica.

Otras medidas:

1) Promover en la comunidad la construcción de una cultura no patriarcal y libre de violencia de género, fortaleciendo medidas de sensibilización para la prevención y eliminación de la violencia de género. Introducir en las curriculas escolares la educación con perspectiva de género.

2) Fortalecer la aplicación de la Ley N° 26.485 de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.

3) Garantizar la implementación de políticas públicas en el territorio orientadas a enfrentar el problema de la violencia de género, desde un enfoque intersectorial y participativo, en los diversos niveles de gobierno.

4) Elaborar un plan provincial de acción para la prevención, abordaje y erradicación de la violencia de género.

5) Brindar acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz que garanticen el cumplimiento de derechos sociales fundamentales educación y salud, garantizar servicios legales que asisten a las mujeres víctimas de violencia de género.

6) Establecer una red de contención social y sanitaria entre el estado y Organizaciones No Gubernamentales especializadas en violencia de género. Créase en el ámbito del Ministerio Público una “Unidad de Evaluación de Riesgo”; que estará integrada por un   representante por cada uno de los organismos mencionados a continuación: Ministerio Público de la Provincia de Entre Ríos, Secretaría de Justicia de la Provincia, Policía Provincial, Dirección General de Asistencia Integral a la Victima de Delito, Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, Secretaría de Salud, Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, Consejo General de Educación,  Subsecretaria de la Mujer,  4 miembros de Organizaciones no Gubernamentales y un equipo interdiciplinario.

7) Crear e implementar “Casas Refugios” con control social temporal como instancias de tránsito y albergue de las mujeres víctimas de violencia de género.

8) Generar un subsidio a la vivienda por el término de cuatro años, garantizándole a la víctima una vivienda digna.

9) Desarrollar un Convenio con las Cámaras Empresarias que garanticen un cupo laboral para víctimas de violencia de género.

10) Implementar el sistema de “Botón Antipánico” para las víctimas en la Provincia y la pulsera para el victimario.

11) Instrumentar las medidas necesarias para elaborar indicadores y estadísticas en materia de violencia de género. Las medidas que se adopten deberán ser coordinadas con los organismos nacionales en el marco de las disposiciones de la Ley N° 26.485.

CLV: ¿Trabajan con los familiares de las víctimas? ¿De que manera?

En lo que hace a familiares de víctimas de feminicidios, abuso infantil, maltrato, abandono de personas en caso de adultos mayores, entre otras: acompañamiento, asistencia de la entidad y equipo, reclamo, asesoramiento, la denuncia como entidad o en conjunto; querellantes en causas.

Asimismo  acompañamiento, asistencia de la entidad y equipo, asesoramiento en caso de tratarse de un trámite en Juzgado de Familias, Mediación por régimen de visitas, cuotas alimentarias. Entre otros.

 CLV: ¿ Cuáles son los lugares que están capacitados para albergar a mujeres que se han retirado de su hogar por la violencia en su hogar?

En nuestra Provincia no existen lugares específicos para no solo albergar sino recuperar a la mujer que es encuentra vulnerada en su salud psicofísica, que son las Casas Refugios; lugares que se desconoce su domicilio, con una estructura edilicia determinada en cuanto a características de infraestructura: colores de paredes suaves, amoblamientos, juegos no violentos para los niños; lugares amplios, con espacios verdes,  lugares donde el victimario no sabe dónde está alojada la mujer víctima, quién debe estar tranquila que ningún hecho de este tipo la puede perturbar, equipos interdisciplinario específicos. Lugares donde deben estar dotados de equipos de educación, equipos médicos, capacitación y recreación.  Aprendizaje de Oficios. En nuestra provincia existen las Casas de la mujer con un tiempo acotado en cuánto al albergue de la misma; lugares que no son lo mismo que las Casas Refugios en cuanto a infraestructura, equipos interdisciplinarios, educación, salud, recreación, conocidos en su domicilio muchas de ellas en lugares céntricos, entre otras diferencias.

 CLV: ¿Cuáles son las sensaciones que tienen después de la marcha #NiUnaMenos?

Esperando que no quede en un hecho aislado, sino que a partir de ese día asumamos cada uno desde su lugar, desde la tarea que hacemos a diario el compromiso entre todos de prevenir y erradicar este flagelo de la violencia.

 CLV: La marcha #NiUnaMenos convocó a muchísimas personas y en distintos puntos de la provincia. ¿Cuales son las expectativas para el futuro?

Que a partir de ese día, sumemos cada uno desde nuestro lugar, desde la tarea que hacemos a diario con el compromiso de prevenir y erradicar, entre todos, este flagelo de la violencia Seguramente lograremos una transformación y que no sigan asesinando, despareciendo o explotando por el solo hecho de ser mujeres.

Esta es la situación en la segunda provincia con más casos del país, la marcha del pasado 3 de junio deberá ser una bisagra para luchar, entre todos, por una sociedad más igualitaria.

El primer paso será reconocer la realidad por aquellos que tienen el poder indicado para ayudar a tantas personas. El estado de emergencia en la provincia es necesario, para poseer todas las herramientas necesarias y solucionar este calvario que se vive en Entre Ríos. La indiferencia es inaceptable.

Facebook:

https://www.facebook.com/Red-De-Alerta-De-Entre-Ríos/

Palabras claves:

Femicidios- Paraná- Entrevista- Red de Alerta de Entre Ríos- Silvina Calveyra 

 Por Agustín Vallejo @AguVallejo91

Historia 

La Universidad Autónoma de Entre Ríos fue fundada el  8 de junio de 2000 por el entonces gobernador Sergio Montiel a través de la Ley de Creación N° 9250. Desde aquel momento se transfirieron más de veinte Institutos Superiores, Institutos de Enseñanza Superior, Escuelas de Nivel Medio y Superior, Colegios Superiores, para conformar la estructura académica de la naciente Casa de Estudios, con inicialmente cinco Facultades.

La transferencia incluyó la planta docente y administrativa, como así también los recursos presupuestarios, dando como resultado, una composición heterogénea de la naciente institución. En 2001, el Poder Ejecutivo de la Nación otorgó reconocimiento nacional a la UADER, sujeto al cumplimiento de un Plan de Reconversión Institucional y Académico, que finalizó en 2008 y constituyó el afianzamiento de ésta como Casa de Altos Estudios de carácter público.

En el año 2004 lucharon los estudiantes para evitar el cierre de varias carreras, el primer capítulo del extenso libro que compone la lucha estudiantil en la institución. Tres años después, los alumnos tomaron Rectorado por 49 días exigiendo los concursos docentes para que quienes enseñen en la Universidad transcurran por la instancia de evaluación ante un jurado y tribunal para acceder a las cátedras, algo que se considera fundamental a nivel académico y necesario para darle prestigio a la Casa de Estudios.

En otra oportunidad los universitarios hicieron escuchar sus reclamos, esta vez tuvo como escenario el año 2012, tiempo donde exigían de una vez por todas la autonomía universitaria, que debía garantizarse por ley dentro de los primeros cuatro años desde la creación de la Universidad Autónoma de Entre Ríos pero ya habían transcurrido doce. Los estudiantes lucharon, en esta oportunidad para elegir a sus representantes de una manera democrática, a través de diferentes acciones y la más importante de todas fue la apropiación de Rectorado por 56 días. Después de unos meses, la lucha universitaria logró su objetivo y así todas las unidades académicas pudieron elegir sus autoridades, un hecho histórico para la UADER.

Situación Actual

En este 2015, los estudiantes vuelven a las calles, a luchar por sus derechos, a exigir el edificio propio que hace quince años se les prometió, a levantar la bandera de la educación pública pero sobre todo a demostrar cuales son las condiciones actuales de la Universidad Autónoma De Entre Ríos.

El movimiento comenzó en la carrera de Psicología, los propios universitarios fueron los que decidieron: no naturalizar más las condiciones paupérrimas de cursada y exigir el cumplimiento de la promesa del 2011, respecto a la creación del edificio propio.

Cabe destacar que por el momento los universitarios deben distribuir su tiempo de cursada entre la Escuela Normal Superior “José María Torres”, Escuela Belgrano, Complejo Educativo “Juan Domingo Perón” y la Escuela Quirós; en todas ellas se dicta el Nivel Secundario por lo tanto, sus aulas no tienen la capacidad necesaria para albergar  la cantidad que requiere el Nivel Superior; esto genera que, los universitarios, deban cursar sentados en el piso o, directamente, escuchar las clases desde el pasillo.

El miércoles 6 de mayo, los estudiantes de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (UADER) realizaron una Asamblea masiva en el patio de la Escuela Normal, bajo las temáticas del edificio propio y condiciones dignas de cursado. Luego salieron a hacer sus reclamos públicos, con banderas y cánticos, interrumpiendo el tránsito en la intersección de Urquiza con Corrientes.

En un comunicado realizado para la plataforma “Change.org” los representante de la Asamblea explican su reclamo:  “La situación en la Universidad Autónoma de Entre Ríos llegó a un punto culmine, estamos tomando clases en los pasillos, sentados en el piso sin poder escuchar pero con la obligación y la necesidad de dar el presente, estamos hacinados en las aulas, las cátedras superan las 50 personas en un aula para 30, en el Colegio Nacional no hay espacio suficiente ni sillas en las aulas, por lo cual hay compañeros que también tienen que sentarse en el piso y los pasillos, hay que desdoblar los prácticos en dos horarios, los profesores no tienen el tiempo que necesitan para dar la clase y las condiciones en las que se dictan son lamentables. Los chicos se empujan para conseguir un lugar en el aula, deambulamos de un edificio a otro.”

El pasado 14 de mayo, los alumnos de esta Casa de Estudios convocaron a Centros de Estudiantes, Comunidades educativas de otras instituciones y a los vecinos para marchar desde la Escuela Normal hacia Casa de Gobierno, una multitudinaria convocatoria que hizo escuchar su voz, en un reclamo que los une y anima, un edificio propio y condiciones dignas de cursado que fortalezcan los derechos inherentes de la educación pública.

El próximo 26 de mayo, tendrá lugar una nueva marcha para seguir haciendo pública la situación, exigiendo las soluciones que deben brindar las autoridades, para que los estudiantes tengan las condiciones básicas de cursado, aquellas mismas personas que desde la creación han mantenido la Casa de Estudios en el tiempo, luchando, sacando los reclamos a la calle para que todos conozcan la situación. Mientras, los gobiernos pasan uno tras otro mirando siempre para otro lado, golpeándose el pecho de las universidades públicas de la provincia pero llenando los discursos de promesas vacías. ¿El pueblo entrerriano? Escuchando cada vez más un grito que todos deberíamos sentir como propio.

Por Agustín Vallejo @AguVallejo91

El 6 de junio de 2014,  minutos antes de las 8 de la mañana,  Silvio Diaz manejaba su auto a más de 130 km/h bajo el efecto de la cocaína y el alcohol por una de las avenidas más importantes de la ciudad. Exactamente al frente de la Escuela Centenario, una de las más conocidas de la Capital. Chocó varios  autos estacionados, atropelló a Juan Manuel Martinez Zurbano de 6 años y dejó con heridas graves a su hermano de 11, ambos menores estaban cruzando la calle para entrar a clases. El más chico de los hermanos falleció al instante.

En aquella mañana trágica, un vídeo se hizo viral por las redes sociales a través de los portales de noticias, donde se veía a Silvio Diaz cuando era sacado del auto totalmente fuera de si y discutía de palabra con los padres y peatones que se encontraban en el lugar.

En la mañana del 8 de octubre, esta historia tuvo otro capítulo que vale la pena remarcar. El acusado de la muerte de Juan Manuel, recuperó su libertad tras pagar una fianza de 10 mil pesos fijada por el juez de transición N° 3 Gustavo Maldonado, tiempo en el cual estaba inhabilitado para conducir vehículos, salir del país y debía tratar su adicción. Se retiró solo y caminando, hecho que produjo la reacción de los vecinos próximos al penal, quienes insultaron y lanzaron piedras al hombre, esta situación demuestra dos puntos, a mi entender importantes, en primera instancia el sentimiento de la gente frente al caso, la indignación y por otro, un sentido que debería ser ajeno a nuestro tiempo, la justicia por mano propia.

El 11 de noviembre, a menos de un mes de recuperar su libertad, fue detenido nuevamente al encontrarse en un bar alcoholizado, disfrazado y generando disturbios en el local. Al hacerse presente efectivos policiales, se resistió a la detención pero finalmente, lograron contenerlo.  Como consecuencia de esta violación a los términos establecidos a la hora de pagar la fianza, el juez  Gustavo Maldonado, quién había dictado su salida poco días atrás, lo sentenció a prisión preventiva en el Penal N° 1 de la capital entrerriana.

El 6 de abril de 2015, 10 meses después de aquella mañana tan trágica, idas y vueltas, marchas que recorrieron toda la ciudad en busca de justicia llegó el juicio, que en este caso fue abreviado como consecuencia de un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa. A pesar de la oposición por parte de la querella hacía el mismo, se culpó a Silvio Diaz por homicidio simple y la condena se estableció en 8 años y cuatro meses de prisión efectiva.

Esta decisión por parte de la Fiscalía y la defensa tuvo sus repercusiones: En primera instancia, el Presidente de la Asociación Civil “Luchemos por la Vida”, el abogado Alberto Silveira declaró: “es la condena más alta que se conozca en el país”. Lejos de pensar de la misma manera, Silvina García, madre de Juan Manuel se mostró indignada, en el programa televisivo “Buenas Noches” de Paraná, manifestando: “Queremos el juicio oral y público. Que este hombre (Silvio Díaz) se haga responsable de lo que hizo, que los testigos vayan y expongan lo que pasó ese día, ellos también necesitan sacar lo que tienen adentro y contar lo que sucedió. Necesitamos que se pasen todas las instancias como corresponde a un debate oral y público”.

Aquella entrevista transcurrió con palabras marcadas por el dolor: “Pedimos que la sociedad, que siempre nos ha acompañado, que lo haga nuevamente; ellos nos dan la fuerza para seguir. Queremos darle a Juancito, un descanso digno”

En este caso, como en tantos otros, se produce una dicotomía. Por un lado, uno puede empatizar con la familia, con su dolor y entender que aquella pena no les parece suficiente, que la tragedia que sufrió Juan Manuel Martinez Zurbano debe tener una retribución mayor a 8 años porque su joven vida valía mucho más. En segundo termino, quizás la decisión judicial haya sido técnicamente correcta y como dijo el presidente de la asociación civil “Luchemos por la Vida” sea la condena más alta que se conozca. Cualquier persona se podría situar en ambas posiciones y algún aspecto de la verdad tendría.

Por mi parte, me encuentro en medio de ambos caminos, me he planeado mi opinión una y mil veces, aún no la encuentro, si empatizo con la familia estaría de acuerdo con que ocho años no son suficientes pero tampoco sabría cual sería la pena adecuada, porque en este caso, como en tantos otros, no se encuentran en la misma sintonía. El dolor, el duelo, la angustia, tristeza, falta de un ser querido no tiene su equivalencia en años de cárcel, ni en condenas judiciales.

Si me parece importante abrir otro debate, uno más general, que lejos de intentar ser una moraleja esconde dentro de sí un pedido de coherencia política. Año tras año cientos de familias quedan destrozadas por accidentes viales, no encuentran una respuesta en la justicia (o por lo menos no la deseada) y pasean por los medios de comunicación en busca de alguna respuesta que ningún periodista esta capacitado para dar. Tengamos en cuenta que en los mismos lugares se los puede a ver a los políticos esbozar discursos que repiten una y mil veces,  discuten entre ellos generando más contenido para un programa de chimentos, que para analizar políticamente. Esto se potencia en años electorales, como este 2015.

Nunca he visto a un candidato hablar de la seguridad vial, tampoco de futuros planes de gobierno con respecto a este tema, desde el año 2002 que el número de personas fallecidas no baja de 6800, por el contrario ha ido aumentando, teniendo como pico el año 2008 donde fallecieron 8205 personas convirtiéndolo en una de las principales causas de muertes en nuestro país y a pocos parecería importarles.

Así seguiremos en este circulo vicioso donde no se presenta ninguna solución: pocas políticas con respecto a este tema de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales o épocas eficaces posteriores de algún accidente importante, que se va diluyendo con el tiempo hasta volver a la misma situación de siempre. Miles de familias destrozadas año tras año, que no encuentran solución en la justicia y terminan en los medios de comunicación con el fin de hacer masiva su lucha, para que no sea una más de las cientos que se realizan en todo el país, mostrando aquel dolor más lacerante, ese que nunca se termina, que no tiene demasiadas respuestas porque los gobiernos se ocupan en realizar políticas reactivas, ante situaciones extremas y no planes sustentables a lo largo del tiempo, si esto no sucede, seguiremos lamentando muertes como la de Juan Manuel y otras tantas miles por año, mientras sus familias luchan para darles un descanso en paz.

Palabras claves:

Seguridad vial- Políticas públicas- muertes- Justicia- Injusticia- Juan Manuel Martinez Zurbano – Accidentes viales