Uruguay: Inseguridad, ¿problema cultural?

Julieta Sierra Franco

Julieta Sierra Franco

Uruguaya. Estudiante de Ciencia Política. Feminista.
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La inseguridad se transformó en una de las problemáticas que más preocupan en América Latina. En esta nota te presentamos un análisis desde Uruguay, la situación carcelaria, la inseguridad y las políticas desarrolladas.

Dentro de los países que conforman América Latina, la población argentina se encuentra en el primer lugar, con un 61%, en los países que afirman visualizar “la mayor parte de los días” vigilancia policial; Uruguay se encuentra en segundo lugar con un 53%. Aun así, en Argentina la preocupación por la delincuencia ocupa un segundo lugar (con un 18%), siendo el primero la economía (21%). En Uruguay la delincuencia se encuentra en primer lugar con un 28%.

Los datos reflejados, a simple vista, nos hacen notar que aún en los dos países que sienten mayor presencia policial, la inseguridad es uno de los temas más importantes en la población. No caben dudas que en ambos países -Uruguay y Argentina- son múltiples los factores que responden a que así sea, destacando el protagonismo que cumplen los medios hegemónicos de comunicación al reproducir de forma sistemática la violencia. La percepción de inseguridad alimentada de manera constante, trae consigo fuertes demandas de varios sectores de la población, demandas que suelen estar relacionadas con mayor represión, penas más graves para quienes delinquen e incluso hemos visto algunas movilizaciones para que las Fuerzas Armadas «combatan» la inseguridad en las calles.

En Uruguay, de acuerdo al último estudio presentado por el Ministerio del Interior, el 40% de los homicidios se encuentran en la categoría “Conflicto entre criminales/ajustes de cuenta”, siguiéndole un 20% que si bien responde a “Motivos desconocidos” (por no estar detenidos el/los autor/es del delito) la mayoría tienen indicios de que también responden a la primer categoría mencionada y un 11% de los delitos responden a la violencia intrafamiliar. De todas formas, estos indicadores -que reflejan que alrededor del 70% de los delitos son cometidos entre personas conocidas por diferentes causas- parecen no incidir en la demanda de los sectores de la población que exigen mayor rigidez para combatir el delito que se ejerce principalmente en la vía pública, entre desconocidos.

¿Más presos, más seguridad?

No se cuestionan las intenciones de mayor seguridad de gran parte de la población que exige las medidas mencionadas anteriormente, ni se está subestimando. Pero sí hay que denunciar el oportunismo de algunos actores sociales y políticos partidarios para instalar la idea no solo de que nos encontramos en un país totalmente inseguro, sino además, la idea de que no se está haciendo nada para remediarlo.

Respecto a quienes exigen reclusión inmediata -y sobre todo de largo plazo- para toda persona que delinque, parece oportuno destacarles que Uruguay tiene una tasa muy alta de personas privadas de libertad en relación al resto de los países de América Latina, posicionándose en el sexto lugar por debajo de San Salvador, Cuba, Panamá, Costa Rica y Brasil. También cabe cuestionarnos si focalizar meramente en aumentar los reclusos y su estadía en el sistema carcelario puede realmente hoy en día contribuir a una mejor convivencia en una sociedad que de por sí es cada vez más violenta. Violencia que se ve reflejada no sólo en actos ilícitos, cada vez es más violenta la forma de relacionarnos socialmente, principalmente hacia les socioeconómicamente más vulnerables. Por lo que exigir mayor cantidad de presos ignorando cómo se ejercen las relaciones de poder en una cultura con un creciente individualismo, protección de la propiedad privada por sobre todas las cosas y siendo continuando con la vulneración a los más pobres, no solo parece una solución simplista, sino también errónea.

Sistema carcelario uruguayo

Imagen tomada de la página de Presidencia.

De todas formas, con una tasa muy alta de personas privadas de libertad, sí es importante prestar atención a la situación del sistema carcelario, espacio que ha sido históricamente dejado a un costado, ergo también los reclusos. Es por esto último, que si bien desde hace unos años comienzan a implementarse políticas sociales focalizadas a mejorar la calidad de vida de quienes se encuentran presos y presas, los años de estado ausente en este ámbito, aún dejan secuelas.

El hacinamiento en conjunto con la precaria infraestructura ha sido protagonista de las cárceles uruguayas desde siempre, apenas este año con la inauguración de la nueva cárcel en Punta de Rieles comienza de a poco a revertirse, ya que hasta la apertura de la misma, Uruguay contaba con 11.000 reclusos y capacidad para 10.000.

Se mencionaba anteriormente el comienzo de la implementación de políticas sociales estos últimos años, veamos solo algunas.

Polo industrial Santiago Vázquez

Imagen tomada de la página de Presidencia.

El Polo Industrial Santiago Vázquez, inaugurado hace cuatro años, es un programa que está conformado por siete componentes principales: Educación y capacitación, usina cultural, bienestar social, vínculo familiar, emprendimientos privados y obras.

El Polo Industrial comenzó con personas privadas de libertad que por primera vez aportaban su mano de obra para reparar una cárcel y siguió con la construcción de diferentes sectores y reconstrucciones de módulos, por mencionar solo algunos ejemplos: Se aportó al reacondicionamiento del Centro de Formación Penitenciaria, construcción de la Posada del Liberado, sala de internación psiquiátrica y el celdario del piso 5° en el Centro de Ingreso Diagnóstico y Derivación junto con el Centro de Convenciones del Ministerio del Interior. También se ha ayudado en obras que no dependen del Ministerio, como la sede del colectivo “Mujeres de Negro”, la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia, plazas, comedores y escuelas.

Imagen tomada de la página de Presidencia.

No todo son obras, también se encuentran dentro del Polo Industrial, diversos emprendimientos que van desde la creación de insumos para la comodidad del recluso, hasta el aprendizaje de diferentes oficios (gastronomía, carpintería en aluminio, herrería de obra, soldaduras, etc). También hay un fuerte énfasis cultural, donde los presos pueden asistir a talleres de teatro, música, artesanías, bibliotecas móviles, deportes, etc.

El Polo Industrial de Santiago Vázquez tiene una reincidencia de 1%.

Ley orgánica policial

La nueva ley orgánica policial es otro cambio que tuvo lugar en el 2016 (el anterior había sido previo a la dictadura en 1970) implementando prácticas pre-profesionales obligatorias, definiendo textualmente para qué sirve la policía (que dejó la libre interpretación de “mantenimiento del orden público” para ser más precisa en “una fuerza civil para el mantenimiento y seguridad de las y los habitantes”), pero sobre todo se dio un cambio radical en el sistema educativo policial dándole una fuerte impronta en derechos humanos y modificando el plan de estudios que se estaba ejerciendo, que se centraba únicamente en cursos y capacitaciones repetitivas donde cada docente le brindaba el enfoque que le parecía adecuado.

 

Posada de camino, posada del liberado.

Desde mayo del corriente año, funciona la “Posada de camino” conocida también como posada del liberado, espacio acondicionado para que algunos presos y presas que no tiene lugar a donde ir cuando salen de la cárcel puedan alojarse allí por un plazo de 90 días. La posada fue construida por privados y privadas de libertad además que su funcionamiento también es sustentado por ellos y ellas. Si bien tiene espacio para sesenta hombres y seis mujeres, se espera que la iniciativa siga replicándose ya que se considera un apoyo fundamental para ayudar en la integración en la sociedad de la o el ex recluso.

La Universidad de la República también tiene cada vez más presencia en el sistema carcelario, en tres años se pasó de tener cuatro estudiantes privados de libertad, a alcanzar cerca de cien; destacando la participación de estudiantes universitarios que apoyan de forma totalmente voluntaria a la preparación de materias y exámenes de los reclusos.

La cultura del miedo

A pesar de que a los ejemplos mencionados anteriormente llegan solo a una parte de reclusos (aunque vaya expandiéndose poco a poco) igualmente queda algo visible: Existe una voluntad política para bajar la reincidencia y para que las personas privadas de libertad aporten a la sociedad desde su lugar, pero sobre todo para lograr una mejor integración cuando les toque el momento de quedar en libertad.

Entonces, volviendo al comienzo, si hay acciones que reflejan en políticas sociales la voluntad para una mejor convivencia ¿por qué vemos cada vez con más frecuencia los reclamos para aumentar la represión y las penas? Ya se destacó el rol de los medios hegemónicos de comunicación, que son reiterativos si a violencia respecta, principalmente en horarios centrales, disponiéndole a este tema gran parte de los noticieros y en consecuencia proporcionándole mucho menos espacio a noticias que pueden realmente aportarnos elementos sobre cómo se está trabajando en el país en diferentes espacios, pero son noticias que no entran en sus intenciones de lo que desean y rinde transmitir: el miedo y la inseguridad.

El miedo y la inseguridad generada, traen consigo el fuerte rechazo hacia las personas que delinquen y se agrava aún más cuando no solo es así, sino también la exclusión se genera únicamente hacia las y los pobres, pibes y pibas con características en común, en una sociedad cargada de prejuicios que ya anticipa que pueden formar parte de los que delinquen, por lo que no los quieren en la calle, para los que quieren encierro. De todas formas sería simplista atribuir esa responsabilidad únicamente a los medios, cuando ellos son solo un elemento -no menor- dentro de un sistema capitalista que realza valores opuestos a los de una construcción colectiva e igualitaria. Dicho esto, es pertinente cuestionarnos, ¿en qué nos aportaría como sociedad incrementar las penas y otorgarle poder a los militares para combatir la inseguridad? No es el eje de este artículo mencionar qué sucedió con los militares la última vez que se los llamó para brindarle más potestades, ni lo que siguió durante 12 años a partir de 1973 (incluso desde algunos años antes), no es el eje en este momento, principalmente porque ni siquiera resulta necesario mirar unos años atrás para analizarlo, simplemente podemos observar lo que está sucediendo en Brasil hoy en día, 2018, cuando el gobierno de Temer (que además no fue electo democráticamente) otorga mayor poder a las Fuerzas Armadas y esto desemboca en un crecimiento veloz de las muertes violentas, alcanzando un record histórico de una muerte cada siete horas, muertes que vinculadas a enfrentamientos entre militares y sociedad civil tuvieron un aumento de 20% en 2017 respecto al año anterior.

La selectiva cultura del miedo

También parece oportuno realizar un paréntesis para destacar que la cultura del miedo decide ignorar por completo los delitos de «guante blanco» que no nos roban objetos personales, directamente suelen utilizar en muchos casos dinero del estado para beneficio propio. Pero estos delitos parecen no importar en las intenciones de los medios de generar opinión pública, ya que sino no veríamos con tanta impunidad como ex presidentes de los partidos tradicionales participan activamente de campañas políticas cuando sus gobiernos fueron denunciados por las coimas más grandes de la historia de Uruguay y el uso de dinero público (por ejemplo el caso de la reciente denuncia hacia el ex director del BROU, García Pintos) para el beneficio propio y de sus partidos políticos.

Interpelar – nos

No es mayor represión, no son penas mayores. Es asumir como sociedad que las medidas violentas solo seguirán fomentándola, que no hay rehabilitación posible con medidas de fuerza y meramente represoras. Y que ésta, la rehabilitación, se construye con políticas sociales pero también interpelándonos individualmente sobre el rol que estamos jugando en colectivo para una mayor convivencia en una sociedad desigual donde desde el nacimiento hay quienes nacen con privilegios y quiénes no.

Nos merecemos un análisis más profundo y sincero, donde nos preguntemos si acaso es posible visualizar resultados inmediatos en un sistema carcelario que estuvo durante muchos años a un costado, si acaso es posible la rehabilitación en el corto plazo de personas que crecieron en tiempos de ausencia del estado, sin vínculo con el sistema educativo, sin políticas sociales en general.

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