Sin un Estado presente, no hay #NiUnaMenos

Durante el 2018 se registraron, según el Observatorio de Femicidios de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mulalá), al menos 259 femicidios. Desafortundamente, el nuevo año parece no querer quedarse atrás: van poco más de 20 días del 2019 y el número de femicidios ya asciende a al menos 15. La violencia machista no da tregua y lxs responsables de tomar medidas acordes a la situación que vivimos parecen no escuchar.

Entre los femicidios de este año, hay dos que reflejan particularmente la desidia estatal que nos condena a morir a manos de femicidas. El primero es el caso de Gisel Romina Varela de 33 años de edad, quien fue asesinada en Mar del Plata por Sergio Alejandro Cejas. Cejas tenía ya una orden de restricción por violencia de género pero, como suele suceder en estos casos, la persona restringida no es el victimario sino la víctima. Se dieron a conocer chats entre Gisel y el portero de su edificio en los que ella relata su enojo frente a la situación y, sobre todo, frente a la inoperancia del Estado. “No me puedo ir del país por un enfermo. No es justo” escribió Gisel días antes de su asesinato. Y tenía razón. No es justo que las mujeres no podamos vivir tranquilas, mientras nos golpean, nos persiguen y nos matan.

El segundo caso tuvo también mucha repercusión porque repite los patrones del caso de Gisel pero con el agregado de que la víctima, Carla Soggiu, padecía de hidrocefalia y, por lo tanto, se encontraba en una situación aún más vulnerable frente a la violencia. El cuerpo de Carla apareció el 19 de enero en el Riachuelo, cuatro días después de haber presionado su botón antipánico, el cual tenía a raíz de las denuncias por violencia de género contra su esposo, Sergio Fuentes. Quienes debían protegerla volvieron a fallar: a pesar de que tuvieron comunicación con Carla, no pudieron encontrarla hasta que fue tarde.

Lejos de ser datos aislados, la falta de respuesta del Estado frente a la situación de violencia contra las mujeres se encuadra en una situación global. Nos encontramos frente a un gobierno que está muy lejos de hacer cumplir lo que determina la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres sancionada en 2009. En efecto, la política de ajuste del gobierno nacional nos golpea doblemente a las mujeres: no sólo porque somos quienes más sufrimos la pobreza y la precarización laboral sino también porque los organismos encargados de liderar la lucha contra la violencia de género sufrieron un desfinancimiento brutal en el presupuesto 2019.

El Instituto Nacional de Mujeres (INAM) recibirá un 18% menos de fondos que el año anterior, los fondos para la implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia (PNA) se reducirán en un 55% y las líneas telefónicas de asistencia a las víctimas contarán con un 24% menos de financimiento.

Si dividimos el monto total asignado al INAM por la cantidad de mujeres argentinas, el resultado es desolador: la vida de una mujer argentina, para el gobierno nacional, vale menos de 12 pesos. Cambiemos podrá intentar pintarse la cara color violeta, pero los números hablan por sí solos. Desde 2015 nos movilizamos bajo la consigna #NiUnaMenos porque sabemos que mientras quienes nos gobiernan no tomen medidas efectivas, reales y sustentadas con fondos, las mujeres seguiremos viviendo y muriendo como ciudadanas de segunda, menospreciadas y tiradas a un río o descampados. Es hora de que escuchen: ¡Emergencia Nacional en violencia de género YA!.