Que sea ley: los argumentos jurídicos para el aborto legal

Foto de portada: Belu Gonzalez
Blas Martin

Blas Martin

Redactor at Corriendo La Voz
Bahiense, daltónico y tesista: tres dolencias crónicas. Docente y comunicador.
Blas Martin

Terminaron las reuniones informativas inaugurales del debate en torno al Aborto legal, seguro y gratuito. A lo largo de dos meses, pudieron oírse cerca de 700 voces que esgrimieron argumentos a favor y en contra de la legalización. En el marco de las últimas jornadas de exposiciones y movilizaciones junto al Congreso de la Nación, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó un documento que rebate aquellos argumentos en contra del aborto legal que se fundaban en el marco jurídico nacional y en los acuerdos internacionales ratificados por la Constitución de nuestro país. Repasaremos a continuación algunos de los puntos claves de la publicación.

Algunos exponentes que desfilaron por el Anexo C de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, pronunciándose en contra de legislar en favor que el Estado deba garantizar el derecho de las personas gestantes para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), hicieron referencia a que tal medida sería inconstitucional, dado que se opondría a diferentes normativas tanto nacionales como internacionales. El documento, publicado el lunes 28 de mayo por el CELS “recoge la experiencia de distintas organizaciones con el objetivo de que sea tenida en cuenta en los debates legislativos”, horadando en argumentos que, amparados desde un supuesto conocimiento acabado en materia jurídica, buscan invalidar desde puntos de vista objetivos la incipiente discusión.

Portada del informe “Aborto Legal. Argumentos, legislación y jurisprudencia” del CELS.

El informe del CELS se titula “Aborto Legal. Argumentos, legislación y jurisprudencia”. Se divide en doce puntos, algunos de ellos refutando directamente algunos de los argumentos más recurrentes contra el aborto, y otros acercando los propios, también basados en marcos jurídicos nacionales e internacionales, que fueron mencionados en parte por la exposición de Edurne Cárdenas, integrante del organismo. Durante su exposición (que puede consultarse aquí), la abogada señaló que “es totalmente falso que se puede usar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos para criminalizar el aborto”. A continuación, puntualizaremos en algunos de los pasajes fundamentales que son parte del informe.

Sobre el derecho a la vida

El primero de los apartados del informe del CELS se titula Es falso afirmar que hay derecho a la vida desde la concepción. Atribuir el derecho a la vida al óvulo fecundado ha sido la base para los argumentos anti-legalización del aborto: de esta manera se propone igualar la vida del embrión al de la mujer y se busca dar a la IVE el estatuto de homicidio, amparándose en que por ello, toda posible ley que regule el acceso al aborto sería inconstitucional. El informe, por el contrario, afirma que el derecho a la vida desde la concepción “no existe en nuestras leyes ni en nuestra jurisprudencia”, y lo sustenta repasando el marco jurídico aplicable al país.

Suele citarse el artículo 4.1 de la Convención Americana por los Derechos Humanos (CADH, más conocido como el Pacto de San José de Costa Rica), que consagra el derecho al respeto de la vida e indica que el mismo “estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”. El informe señala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en el caso “Baby Boy” de 1981) define el sentido de la expresión “en general”, nunca explicada por los grupos opositores a la legalización, habilitando “un margen legal para que los Estados puedan regular soberanamente la legalización o despenalización del aborto”, es decir, que no se trata para el articulado de un derecho absoluto, sino uno “gradual e incremental según su desarrollo”. Más adelante, señala que “al protegerse la vida de forma incremental, cuando hay derechos e intereses que entran en juego, se deben ponderar los de las gestantes”.

En este mismo sentido, el informe señala en otro de sus apartados que la existencia de vida en el embrión no significa que esa vida sea una persona ni que tenga la misma protección legal que alguien nacido/a vivo/a, estableciendo una diferencia entre lo que puede considerarse vida y lo que se considera vida humana.

PH: Belu Gonzalez

También se ha citado al Código Civil y Comercial de nuestro país, que en su artículo 19 indica que “la existencia de la persona humana comienza con la concepción”, aunque reserva derechos y obligaciones sólo para los nacidos: Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió (art. 21). La Corte IDH, por su parte, en el marco del caso “Artavia Murillo”, concluyó que una “interpretación histórica y  sistemática de los antecedentes existentes en el Sistema Interamericano, confirma que no es procedente otorgar el estatus de persona al embrión.

Hablar de la vida del niño/a no nacido tampoco encontraría sustento en los tratados internacionales. El informe señala que la Convención sobre Derechos del Niño (CDN) “no reconoce el derecho a la vida antes del nacimiento ni tampoco se refiere al momento en el cual debe comenzar la protección de la vida”, y agrega que el Comité de los Derechos del Niño incluso “pidió al país que adopte ‘medidas urgentes para reducir la mortalidad materna relacionadas con el aborto'”.

La Corte IDH, además, según lo citado por el organismo, señala no hay una definición consensuada sobre el inicio de la vida, y que las concepciones asociadas a creenciasno pueden imponerse a personas que no las comparten”.

En el segundo apartado del informe, titulado “La protección del embrión”, se reconoce la legitimidad de la protección legal del embrión (las asignaciones por embarazo y los salarios familiares son mencionados como ejemplos de políticas estatales en ese sentido), siempre y cuando compatibilice con los derechos de las gestantes. La Corte IDH, en el marco del mencionado caso “Artavia Murillo”, afirma que “que  todo intento  por proteger dicho interés debe ser armonizado con los derechos fundamentales de otras personas y que estos “constituyen una relevante referencia para interpretar los alcances de la cláusula ‘en general, desde la concepción’ establecida en el artículo 4.1. de la Convención”.

Los partidarios de la penalización también han citado el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional, que atribuye al Poder Legislativo el deber de “Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental”. El trabajo publicado por el CELS agrega la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sentó jurisprudencia en el renombrado caso “F.,A.L.”, e indica que aquel dictamen se refiere a “un marco normativo específico de seguridad social y no uno punitivo”.

Sobre la objeción de conciencia

PH: Mai Romano

Este punto ha sido otro de los recurrentes en los debates en torno al aborto, según el cual ningún profesional de la salud podría estar obligado a actuar en contra de lo que le dictan sus creencias y/o convicciones. Grupos religiosos se aferran a la objeción de conciencia para buscar deslegitimar o subsumir el derecho a la salud a las creencias personales. El informe del CELS indica que dicho recurso es un derecho personal que está alcanzado por algunas limitaciones: si el ejercicio de ese derecho perjudica a otras personas (…) En los casos de aborto, la objeción de conciencia no puede imponerse frente al derecho a la salud, a la vida, a la autonomía. Afirma, en esta línea, que una jerarquización de derechos que fuera en otro sentido implicaría “un abuso del monopolio del arte de curar para obstruir el acceso de las mujeres a sus derechos más elementales”.

La objeción de conciencia puede devenir en la violación de derechos fundamentales de las personas gestantes. El CELS cita en su trabajo el caso de Ana María Acevedo, del año 2006: “Ana María estaba embarazada de pocas semanas cuando el diagnóstico de cáncer maxilar se confirmó (…) Debía comenzar un tratamiento de quimioterapia y rayos, que pondría en riesgo la gestación. Ella y sus padres, una familia de pocos recursos económicos, solicitaron que se le practicara un aborto legal. El comité de bioética del Hospital Iturraspe de Santa Fe se lo negó por motivos religiosos. Cuando tenía cinco meses de embarazo, le practicaron una cesárea; el niño falleció a las 24 horas. Ana María murió pocas semanas después”. El informe menciona antecedentes en los que distintas jurisdicciones han desestimado la posibilidad de que personas jurídicas, como hospitales o farmacias, puedan arrogarse el derecho a la objeción de conciencia.

Un derecho negado, todos los derechos negados

El documento también realiza una extensa enumeración de las consecuencias de una política restrictivo-punitiva del acceso al aborto. Por un lado, uno de sus capítulos sentencia que “El sistema de causales va en contra de los derechos de las mujeres”, aduciendo que muchas gestantes que puedan encontrarse incluidas entre los casos no punibles del sistema vigente, terminan practicándose abortos de manera clandestina, debido a “la mala fe de profesionales y funcionarios, el desconocimiento del derecho vigente, la falta de información jurídica de los y las profesionales de la salud que temen una sanción penal, el abuso de la objeción de conciencia con tolerancia estatal, los comentarios reprobatorios del personal hospitalario, la violencia institucional contra las mujeres en estas situaciones, entre otras. Todos estos factores allanarían el camino hacia una práctica clandestina.

PH: Nico Avelluto

De la misma manera, señala que el marco regulatorio vigente “atemoriza y condena a la clandestinidad y a la cárcel”. El informe cita el caso emblemático de Belén, quien pasó dos años encarcelada acusada de haber interrumpido ilegalmente su embarazo, cuando había sufrido un aborto espontáneo. Señala, además, que este caso es un claro ejemplo de cómo la criminalización del aborto recae de manera desigual y discriminatoria sobre las mujeres pobres y jóvenes, y cómo la política penal cercena su derecho a la salud, y concluye que “esta situación empuja a las mujeres a la clandestinidad o a la muerte debido al temor fundado de terminar presas”.

El Comité de Derechos Humanos (CDH), que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), sentencia que “se viola el derecho a la vida de la madre cuando las leyes que restringen el acceso al aborto obligan a la mujer a recurrir al aborto inseguro, exponiéndola a morir”. En este mismo sentido se expide el Comité  CEDAW (órgano de aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, de Naciones Unidas) al aducir que los  principios  fundamentales  de igualdad y no discriminación exigen privilegiar los derechos de la mujer embarazada sobre el interés de proteger la vida en formación. En torno al sentido de las restricciones en el acceso a abortos seguros, dicho órgano “dejó en claro que el embarazo forzado, la tipificación como delito del aborto, la denegación o la postergación del aborto  sin riesgo y la atención posterior al aborto, la continuación forzada del embarazo, y el abuso y el maltrato de las mujeres y las niñas que buscan información sobre salud, bienes y servicios sexuales y reproductivos, además de violaciones a los derechos a la salud, son formas de violencia de género que, según las circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante”.

En cuanto a la práctica de abortos denominados medicamentosos (es decir, mediante el suministro de pastillas), el informe señala que “en nuestro país, no existen medicamentos abortivos reconocidos formalmente por la autoridad sanitaria a pesar de que el artículo 86 del Código Penal establece algunos abortos como legales, que la Corte Suprema los reconoció como un derecho y que el Ministerio de Salud de la Nación recomienda prácticas medicamentosas de aborto”. Cabe destacar que el misoprostol es una droga reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una “medicina esencial” para la práctica de abortos seguros y otros usos vinculados a la salud sexual y reproductiva: “a pesar de eso, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentación y Tecnología Médica (ANMAT) mantiene una disposición obsoleta que reduce el uso de esa droga para fines gástricos, sin reconocer su uso obstétrico y ginecológico”, relata el informe. A la violación de los derechos humanos ya mencionados, se suma la validación de “un mercado millonario que beneficia al laboratorio Beta y al mercado ilegal de pastillas”.

El informe, en su último apartado, señala que una política restrictiva del derecho al aborto, en vista de sus consecuencias, implica violaciones a derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud; a la integridad física, psíquica y moral; al derecho de estar libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes; y al derecho a la autonomía, intimidad y dignidad.

PH: Nico Avelluto

Fuerza de ley

La reforma de la Constitución Nacional de 1994 establece en el artículo 75, inciso 22, la incorporación de los tratados internacionales firmados por la República con jerarquía constitucional. Es decir, los tratados internacionales mencionados a lo largo del informe tienen valor de Ley, y las interpretaciones concedidas por los órganos encargados de velar por su cumplimiento no pueden ser desatendidas simplemente por no adecuarse a una creencia personal.

El CELS rechaza también las versiones que señalan la inconstitucionalidad de la legalización del aborto (argumento utilizado por, entre otros, el ex-Ministro de Educación nacional y actual senador por Cambiemos, Esteban Bullrich), señalando que “en el fallo F.,A.L., la CSJN explicó que el aborto legal no es inconstitucional ni contraviene las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos” y que incluso ”remarcó que existen obligaciones en cabeza de los distintos poderes del Estado para garantizar el acceso en los casos en los que el aborto ya es legal desde 1921”. Además, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, mencionado anteriormente, “le recomendó concretamente a la Argentina que revise su legislación sobre el aborto y considere la descriminalización”.

Dado que el aborto es una práctica médica que afecta en particular la salud sexual y reproductiva de las mujeres, los Estados que no velen por una aplicación efectiva de medidas regulatorias que protejan y garanticen el acceso a dichos cuidados y prácticas médicas estarían incurriendo en una discriminación contra las mujeres. El Comité CEDAW señala que “los Estados están obligados a remediar este tipo de práctica discriminatoria”.

A manera de cierre, recuperamos otro fragmento de la introducción del valioso trabajo publicado por la organización, y que, como el resto del informe, busca ir más allá de los debates maniqueos, de las posiciones moralistas o religiosas y de cualquier otro elemento distractivo de las implicancias prácticas en juego: Lo que debe votar el Congreso de la Nación argentina es si mantiene vigente un sistema de causales que es restrictivo en la práctica o si amplía el derecho al aborto legal, seguro y gratuito hasta las 14 semanas de gestación. Esto es, si se condena a un sistema restrictivo y discriminatorio a las entre 370 y 522 mil mujeres que abortan por año, o si se les garantiza un sistema de salud acorde a sus necesidades y a sus derechos.

Comenta

Print Friendly, PDF & Email