¿Qué reconciliación? Sobre la política de Derechos Humanos del Macrismo

Blas Ele

Blas Ele

Redactor at Corriendo La Voz
Profesor de Comunicación. Bahiense, daltónico y tesista: tres dolencias crónicas. Fundamentalista del mate amargo. Radialista apasionado.
Blas Ele

En los últimos días, diputados de la bancada de Cambiemos hicieron referencias a la política de Memoria, Verdad y Justicia, haciendo abiertamente un llamado a la reconciliación, en pos de “cerrar un capítulo” del pasado reciente de nuestro país. Los antecedentes de estas declaraciones, la actitud del oficialismo y el caso sudafricano, en las siguientes líneas.

 

Un secreto a voces

La mirada que el macrismo tiene acerca de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en torno a los crímenes de la última dictadura cívico-militar estuvo clara desde antes de llegar al Ejecutivo nacional. En 2014, el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habló de terminar con “el curro de los derechos humanos”, voz a la que se plegaron otros dirigentes políticos, como Sergio Massa (ahora-de nuevo, opositor), quien habló de “cerrar la etapa de los derechos humanos”, buscando a elevados costos captar el voto anti-kirchnerista. Sin embargo, el capítulo que se abrió el 10 de diciembre de 2015 con la Alianza Cambiemos en el poder tuvo una continuidad y una intensificación en la circulación de discursos que cuestionaron la llamada “memoria oficial”, aunque en verdad apuntaban a horadar los consensos sociales alcanzados alrededor (y más allá) del Nunca Más.

Meses atrás fueron revisados en este medio los dichos del entonces director general de Aduanas, el ex militar partícipe del levantamiento carapintada, Juan José Gomez Centurión; y de quien fuera ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido, en torno a la cifra de los 30 mil detenidos-desaparecidos y al hecho –establecido, además, judicialmente- de que fueron la consecuencia de un plan sistemático. Tanto uno como otro, fueron apartados de sus cargos luego de un extenso repudio social, que recordaremos más en el caso de la comunidad artística, que en cada presentación pública pronunciaban un posicionamiento contra los dichos de Lopérfido, exigiendo su renuncia.

 

Como políticas de gobierno, podemos mencionar el precoz recibimiento por parte de Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos, a miembros del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTyV). Victoria Villaruel, su titular, declaró a La Nación que “el terrorismo de Estado es una categoría política, que crea un terrorismo mayor que oculta y opaca las acciones del propio terrorismo”, haciendo referencia a las organizaciones político-militares de los setenta. El discurso de los dos demonios fue asumido de manera temprana en el nuevo oficialismo. No está de más recordar que el mismo Avruj, cuando se desempeñaba como subsecretario de DDHH en el gabinete porteño, había declarado que el “proceso de democratización de nuestra sociedad requiere penar en clave de reconciliación”.

El propio Mauricio Macri volvió a poner en cuestión la cifra ante el medio estadounidense BuzzFeed, señalando que no “tenía idea” de si los desaparecidos “fueron nueve mil o treinta mil”, y que esa era “una discusión sin sentido”, nuevamente contraponiendo una visión de los derechos humanos que debía asentarse más en los del nuevo siglo. En esa línea también el actual Ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, declaró a La Nación que el gobierno tiene “otra agenda, que tiene que ver con los derechos humanos de los vivos”, sin dejar de hacer referencias a las organizaciones armadas, a las que acusó de no asumir la responsabilidad que les toca en torno a la “generación del clima que generó el inicio del golpe”. Esta idea se repetirá también en el ámbito académico-intelectual.

La circulación fragmentaria de discursos reemplaza en el actual gobierno una voz y una versión oficial de lo sucedido. No hubo un discurso oficial ni la instauración de una nueva política pública en torno a los crímenes de la dictadura, de hecho se continuaron los juicios contra represores, aunque se habilitaron en un número importante las prisiones domiciliarias. Lo que hubo en lugar de eso fueron declaraciones a título individual de funcionarios y operadores de distinto peso político (desde el presidente hasta los mencionados más arriba, pasando por personajes menos relevantes como Fernando Iglesias o Federico Andahazi).

El caso paradigmático del intento de torcer los consensos sociales en torno a la dictadura fue el fallido fallo judicial de la Corte que habilitó la conmutación de pena del represor Luis Muiña: el famoso 2×1, que fue repudiado por una sociedad que copó las plazas del país, y regaló la imagen política más emotiva de los últimos años, la de los pañuelos levantados por cientos de miles en Plaza de Mayo. Tal fue el repudio, que con una velocidad de respuesta pocas veces vista, el Congreso nacional dictó una ley prácticamente unánime (tanto como aquella movilización que dijo no al 2×1) que anulaba la interpretación mayoritaria de la Corte Suprema. Es este, tal vez, el ejemplo necesario para confirmar que el gobierno no tiene espaldas ni apoyo social para plantear abiertamente, desde la voz del Estado, una versión diferente de lo ocurrido en el capítulo abierto 42 años atrás, el más sangriento de nuestra historia. Por eso aparecen, regularmente, en entrevistas a medios de comunicación, las versiones que discuten o buscan derribar los consensos sociales de Memoria, Verdad y Justicia, de Juicio y Castigo, y en particular recientemente, el “No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos”.

La búsqueda de reconciliación: el caso sudafricano

Una nueva página se abrió en los últimos días con las declaraciones de los diputados oficialistas Nicolás Massot y Pablo Tonelli. En una entrevista publicada en la edición dominical del diario Clarín, el jefe de la bancada PRO declaró que había que “cerrar capítulos para poder avanzar como sociedad”, para poder ocuparse de “los combates de la actualidad, que son la inflación, la pobreza y la informalidad laboral”, agregando que ese capítulo (refiriéndose a la última dictadura militar) no es sólo Memoria, Verdad y Justicia, sino que “es también perdón”, para concluir en que lisa y llanamente “hay que hacer como en Sudáfrica y llamar a una reconciliación”. Tonelli adscribió a esta idea fundándose en que “lograría mayor celeridad en los procesos”.

El intento de poner en agenda la idea de una reconcilación no es novedosa, y tiene su correlato en el campo intelectual. En particular, se ha producido material bibliográfico y exposiciones que, desde una mirada académica, ponen en dialogo las maneras de tramitar el pasado criminal en Argentina y Sudáfrica. Un grupo de intelectuales, con el filósofo francés Philippe Joseph-Salazar y la socióloga Claudia Hilb a la cabeza, han acercado una lectura un tanto idílica y edulcorada del proceso de reconciliación producido en Sudáfrica, que podría resumirse como un trámite de “verdad por justicia”.

Contextualicemos un poco. A partir de 1948, se abrió un proceso de segregación racial conocido como apartheid, el cual se basaba en la ejecución de políticas estatales que cristalizaban y potenciaban el racismo que la población negra venía sufriendo desde épocas coloniales. A partir de 1990, dada la crisis interna y el aislamiento del único país africano gobernado entonces por una minoría blanca, comenzaron los diálogos para conseguir una salida al régimen del apartheid. Uno de los referentes de ese dialogo, en representación de las mayorías segregadas, fue Nelson Mandela. Tanto uno como otro lado (con una representatividad escandalosamente desigual) veían una salida negociada como la única posibilidad para evitar un derramamiento de sangre. Las negociaciones continuaron con Mandela como Presidente de Sudáfrica, y derivaron en la creación de la Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR), que operaba fuera de la escena judicial y por tanto fuera de una perspectiva de justicia, de castigo, o de retribución, asociada por sus auspiciantes a la idea de venganza.

Hay algunas particularidades que llaman la atención si pensamos el afán particularmente de funcionarios políticos por citar el caso Sudafricano. La figura del perpetrador está disociada del Estado: fueron responsables de la violencia del apartheid los responsables y ejecutantes políticos, tanto como los militantes que ejercieron la resistencia contra el sistema, dado que, según la mirada de la CVR, ambos fueron víctimas de un sistema de opresión. Sin duda, esta igualdad de responsabilidades que aparece como eje en el caso sudafricano, está vinculado con las declaraciones dosdemoníacas de Avelluto citadas más arriba, y puesta en otras palabras por Hilb, cuando señala “así como nosotros, mi generación, fuimos las víctimas principales (…), contribuimos también a hacer posible su advenimiento”.

Por otra parte, el trabajo de la CVR es criticado por tener un enfoque individualista, en el que un perpetrador se presentaba voluntariamente a declarar los crímenes que había cometido, y si se consideraba que había declarado la verdad de los hechos, y podía argumentar motivaciones políticas, era amnistiado. Dicho enfoque, sin ahondar en la valoración de la amnistía, renuncia a la opción por un enfoque general, integral, planificado no sólo desde los crímenes directos, sino desde tomar dimensión de los efectos sociales devastadores del régimen. Basta mirar la imagen que nos devuelve hoy el país africano: los ingresos de las familias negras son seis veces inferiores a los de los hogares blancos y, según cifras del Banco Mundial, el 78% de su población negra acumula el 28% de los ingresos, mientras que el 9% de las minorías blancas concentran el 61% de la riqueza. Eso sin profundizar en los índices económicos, sanitarios, y de violencia que registra el país. Son llamativas, con este panorama, las declaraciones de Joseph-Salazar a La Nación, asegurando que “hoy llama la atención para cualquiera que vaya a Sudáfrica lo feliz que es la gente allá. Es la felicidad de vivir juntos. No quieren hablar más del pasado”.

 

Qué reconciliación

Vale entonces la pregunta de quiénes se reconciliaron, entonces, en Sudáfrica. La mirada de nueva nación nacida de la reforma constitucional y el trabajo de la CVR, unida y feliz suena más a slogan que a una realidad consumada y consensuada. Según Howard Varney, abogado asesor del Centro Internacional para la justicia Transicional e integrante de la CVR, “la mayoría de las víctimas sudafricanas siguen luchando, sobre todo para conseguir reparaciones adecuadas y una auténtica justicia”.

¿Cómo puede dialogar la experiencia sudafricana con la argentina? ¿En qué señal puede leerse que los represores puedan tener alguna intención de confesar la verdad de sus crímenes, el lugar donde descartaron miles de cuerpos, el destinos de los cientos de bebés apropiados que aún no recuperaron su identidad? Qué reconciliación puede ser posible, cuando los efectos del terror siguen vigentes y produjeron no sólo la masacre de una generación, sino la miseria de las subsiguientes. La socióloga Alejandra Oberti y el historiador Roberto Pittaluga discuten con la perspectiva de la reconciliación: “la negativa de los represores a testimoniar no es la consecuencia del sistema penal argentino, ni de la ausencia de mecanismos de reducción de penas”, relación que sería simplista por escindirla del mismo sistema de exterminio y desaparición y señalan que: “El silencio es, en rigor, un elemento constitutivo –y perpetuador- del dispositivo disciplinador del terrorismo de Estado; su persistencia bajo la extendida forma del “pacto de silencio” entre los victimarios de todo rango expresa no sólo –y no tanto- su persistente adhesión a las motivaciones y los métodos empleados sino, más fundamentalmente, una dimensión del mismo dispositivo de terror.”

La definición del delito de lesa humanidad implica que es un crimen que se sigue cometiendo (de ahí su imprescriptibilidad), y el silencio de los genocidas es parte de esa reafirmación constante de la comisión del delito, de la aplicación del terror. Lo testimonia, además, la segunda desaparición de Jorge Julio López, así como los gestos para la tribuna de Miguel Etchecolatz, desplegando un papel con el nombre de López en unos de sus últimas presentaciones ante la justicia. ¿Qué verdad podemos confiar cuando es el mismo terror quien describe el terror?

Pese a esto, los discursos del oficialismo seguirán girando en torno al sintagma de la reconciliación, que además sentaría bien a ciertos sectores financieros de aquí, allá y todas partes. Pese a que el perdón a criminales de lesa humanidad es inconstitucional y está vedado por el derecho internacional, la circulación de discursos como los citados buscan habilitar aquella idea como pensable, si no como posible. Joseph-Salazar lo pone en sus palabras ante el diario mitrista: “La audacia política es crear las condiciones para que la gente comience a pensar de ese modo”. Ese parece el libreto, cuando las responsabilidades civiles apenas están comenzando a ser juzgadas.

La búsqueda de la verdad es una de las reivindicaciones que los organismos de derechos humanos han llevado adelante desde el retorno de la democracia, y mucho se ha podido reconstruir a partir de los testimonios de las víctimas. Otra gran parte de oculta en los archivos clasificados del Estado y la Iglesia Católica, cuya apertura se ha negado en todos los gobiernos democráticos. Tal vez ése sea un buen comienzo para reconstruir una buena parte de la verdad velada. Podemos empezar por ahí.

 

Comenta

Print Friendly, PDF & Email