Panorama político-sindical

ANRED

Agencia de Noticias Redacción | Red Nacional de Medios Alternativos

Los hechos más relevantes de la última semana en Argentina. En esta nota, apuntes sobre la multitudinaria movilización del miércoles 21F de sindicatos y movimientos sociales, la gira europea del ministro de Trabajo Jorge Triaca, conflictos estatales, y la proximidad del 8M, paro y día de la mujer trabajadora. Por Mario Hernandez.

Andate Macri

La multitudinaria movilización que tuvo lugar el miércoles pasado en la Avenida 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires, terminó convertida en un revés político para el Gobierno.

Las miradas superficiales ubican los motivos del enfrentamiento en una pelea personal entre Hugo Moyano y Mauricio Macri que fueron aliados tácitos y tácticos hasta ayer nomás.

Sin embargo, el creciente deterioro de las condiciones de vida de las amplias mayorías fue uno de los motivos de fondo que habilitó el éxito de la movilización, pese a los límites impuestos por los convocantes. Otro, residió en las multitudinarias movilizaciones contra la reforma previsional a fines de diciembre pasado.

El palco montado sobre la 9 de Julio estuvo casi por completo raleado de integrantes del Consejo Directivo de la central sindical y, en cambio, plagado de dirigentes sociales, de las dos CTA y de gremios al margen de la conducción de la CGT como los de la Corriente Federal que orienta el bancario Sergio Palazzo. Aunque la masividad desprestigió a los burócratas aliados del Gobierno.
La política del histórico referente que representa a la tendencia más “vandorista” de la burocracia sindical fue golpear para negociar. Por eso evitó hablar de un paro.

Aislado por la CGT, Hugo Moyano recuperó el miércoles el cetro de sindicalista más influyente del país y se puso al frente de una nueva apuesta, orientada a encolumnar a todo el gremialismo disidente y también, con vistas a 2019, al peronismo opositor al Gobierno nacional, apuntando a recrear al Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) de mediados de los ‘90, cuando se constituyó en eje del gremialismo que rivalizó con Carlos Menem.

No obstante, aquella experiencia tuvo mayor volumen sindical ya que acompañaban a Moyano los colectiveros de la Unión Tranviarios Automotor, entre otras organizaciones de peso, pero la actual presenta la presencia de movimientos sociales como la CTEP.

Otra novedad, que no estaba presente en la experiencia noventista de Moyano, es la aparición de expresiones políticas como La Cámpora y de parte del peronismo bonaerense.

Así planteado el gremialismo se encamina a dividirse en dos expresiones: de un lado, los “gordos” de los grandes sindicatos de servicios y los “independientes” de buen diálogo con el Ejecutivo que buscarán recuperar para sí la CGT y la habitualidad de la negociación con Macri en tópicos tradicionales como los fondos de las obras sociales. En ese grupo abrevarán necesariamente las oficialistas 62 Organizaciones y el Movimiento de Acción Sindical. Del otro quedarán Moyano, las dos CTA (con aspiraciones de mínima de unificarse, y de máxima de fusionarse con el camionero y sus aliados) y los grupos sociales mayoritarios.

En ese contexto, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, llamó a construir una nueva central sindical que unifique a los movimientos gremiales y sociales “en una sola estructura orgánica” que confronte con las políticas del gobierno.

“Tenemos que plasmar la construcción de un espacio que aglutine a todos los sectores que, desde el sindicalismo y desde los movimientos sociales, queremos confrontar las políticas de este gobierno”, planteó.

Para el legislador opositor, “la masividad de la concurrencia demuestra que nuestro pueblo quiere despertar y quiere reclamarle a este gobierno un cambio en la política económica”.

Por el contrario, para Néstor Pitrola del Partido Obrero: “El discurso del veterano jefe camionero fue defensivo y vacío. Ausente de toda perspectiva de futuro para el conjunto del movimiento obrero, no fijó continuidad alguna, no estableció un programa para enfrentar el ajuste, para defender las luchas contra los despidos o por las paritarias y estuvo muy lejos de denunciar la reforma laboral como el eje ordenador de la ofensiva de Macri, los gobernadores y las patronales”.

Y agregó: “Este Moyano no es el del MTA de la ruptura con el menemismo, sólo se anota para la interna post kirchnerista del peronismo, para contener desde una postura opositora y negociar con un PJ que es pieza clave en la gobernabilidad del ajuste”.

De forma independiente de las cúpulas burocráticas de los sindicatos participó una numerosa de trabajadores en lucha, la izquierda y el sindicalismo combativo, que había sido votada el pasado sábado 17 en el Encuentro Nacional de Trabajadores en Lucha convocado por la asamblea del Hospital Posadas.

De ese encuentro y en la columna participaron diversas expresiones de lucha en defensa de los puestos de trabajo y contra el ajuste: mineros de Río Turbio, azucareros de La Esperanza, el INTI, la UEP de La Plata, Anses, Senasa, Cresta Roja, Diario Hoy y Pepsico, junto a despedidas y despedidos del mismo Hospital Posadas, así como expresiones del sindicalismo combativo como lo son seccionales opositoras del Suteba, la Unión Ferroviaria Seccional Haedo, la CICOP, STS y Ceramistas de Neuquén, así como las comisiones internas de Mondelez Victoria y de distintos gremios aeronáuticos. El SUTNA (neumáticos), que no fue parte del encuentro, se movilizó con la columna independiente.

También se registraron movilizaciones en Neuquén, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Tucumán y Río Negro, dónde frutihortícolas del Alto Valle se sumaron a la protesta con un “frutazo” entregando manzanas y peras a la vera de la ruta en el puente que une Cipoletti con Neuquén en protesta por el bajo precio que reciben y que pone al sector al borde de la quiebra.
Finalmente, en el marco de la marcha nacional contra las políticas del gobierno, organizaciones estudiantiles y sindicales, y familiares de Oscar Gómez realizaron un corte por la mañana frente al Casino de Rosario para reclamar la reincorporación del trabajador, y que no haya más despidos en Cafés La Virginia S.A.

Gira europea “low cost” de Triaca

La gira europea que arrancará el martes el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y que debía mostrar una comitiva sindical y empresaria de primera línea terminó reducida a su mínima expresión. Las repercusiones de la marcha masiva de Hugo Moyano y sus aliados y la pérdida de poder del funcionario tras el escándalo con su ex casera se complotaron para bajar del avión a casi todos los gremialistas convocados inicialmente y obligar su reemplazo por figuras con poco reconocimiento. Ante ese panorama la cartera laboral desistió además de su plan original de sumar a dirigentes del sector empleador.

La gira recorrerá España, Alemania y Holanda, con el propósito de explorar los modelos de consejo económico y social vigentes en esos países. El listado inicial con una docena de secretarios generales de sindicatos medianos y grandes se vio alterado casi por completo y sólo permaneció como dirigente con peso propio Ramón Ayala, el sucesor del fallecido Gerónimo “Momo” Venegas al frente de los rurales de Uatre.

Entre las deserciones figuran las de José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez (estatales de UPCN), ambos referentes del sector de los denominados “independientes” dentro de la CGT; Armando Cavalieri (Comercio), el más emblemático de los “gordos” de los grandes gremios de servicios; Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Guillermo Moser (Luz y Fuerza), ambos mencionados como posibles postulantes para la jefatura de la central en un eventual recambio de autoridades este año; Roberto Fernández (colectiveros, UTA), Rodolfo Daer (Alimentación) y Raúl Álvarez (aguas gaseosas, Fataga). Tampoco irá Gerardo Martínez, de los albañiles de UOCRA.

Además de Ayala subsistieron de la nómina original José Ibarra (conductores de taxis), ambos integrantes de las 62 Organizaciones, el sello más oficialista de la CGT, y Noé Ruiz, del sindicato de modelos.

Conflictos estatales

El pasado miércoles en el Juzgado de la vecina ciudad de Azul se reunieron autoridades del Gobierno nacional, en conjunto con operarios de Fabricaciones Militares, el intendente Hernán Bertellys y el sindicato ATE para destrabar el conflicto de Fanazul con más de 200 despedidos. No hubo solución, y el juez Federal Martín Bava decidió convocar nuevamente a las partes esta semana.

El nuevo fracaso en las negociaciones representó un durísimo golpe para los ex empleados, dado que habían puesto fuertes expectativas en torno a posibles ofertas de reconvertir o reabrir la empresa, y esto no sucedió. De hecho, este punto ni siquiera está en discusión: para el Ministerio de Defensa es tema cerrado.

Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) denunciaron que “personal policial armado lleva adelante una acción de amedrentamiento en el jardín de infantes” en el marco del paro total votado por una asamblea de más de 1.000 trabajadores que llevan 29 días de permanencia en sus puestos de trabajo tras el anuncio de 258 despidos.

“Las autoridades de INTI hicieron múltiples maniobras para que levantemos las medidas, ninguna de ellas ha ido por el momento en el sentido de solucionar el conflicto. Desde el lock out cerrando el organismo por más de dos semanas hasta el intento que una empresa tercerizada cumpla tareas de personal del INTI. En todos los casos, fallaron a causa de la voluntad, unidad y organización de lxs trabajadorxs contra el ajuste en ciencia y técnica y el sostenimiento de todas nuestras medidas, así como la enorme solidaridad de gran parte de la sociedad”, manifestaron los trabajadores del organismo.

Este lunes convocaron a organizaciones gremiales, sociales, políticas, estudiantiles y de Derechos Humanos a acompañarlos una vez más, bajo el lema #EnIntiNoSobraNadie y #acanosobranadie, en el Estado ni las empresas privadas, solo sobran vaciadores y ajustadores.
Allí resolvieron que el viernes 2 de marzo, a las 10:00 partirá una caravana multitudinaria, desde la sede central del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (colectora General Paz 5.400), hacia el Ministerio de Trabajo de la Nación (Leandro N. Alem al 600) y a las oficinas del directorio del INTI (Leandro N. Alem 1067).

La situación del INTI también preocupa a los industriales. Para los dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) “el INTI juega un rol central en la economía local y es una de esas áreas públicas que no se puede delegar en manos de los privados. Hay que desarrollar un Instituto que defienda la soberanía productiva”, afirmaron.

Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, relacionó el desguace del organismo con la intención de Cambiemos de ir al libre comercio con Europa. En ese marco explicó la intervención de la empresa vasca Tecnalia en la vida del Instituto. “Justo en el momento que se negocia la apertura con Europa viene esta empresa a hacer un máster plan en el organismo más importante que tenemos de apoyo a la industria”. Para Ponce, de esa manera, “la UE se asegura quedar de los dos lados del mostrador”.

Cientos de estatales iniciaron por la mañana del lunes 26 de febrero, una permanencia pacífica en el Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires en reclamo por la reincorporación de todos los compañeros y compañeras despedidos en el Canal Ciudad y en la Villa 31. Después de una jornada de protesta, y ante la falta de respuestas del Gobierno, que solo amenazó con desalojar, la asamblea de trabajadores y trabajadoras decidió continuar con la medida de fuerza hasta nuevo aviso.

El titular del Sistema Nacional de Medios Públicos, Hernán Lombardi, una vez más se dedicó a recorrer canales, radios y sitios de noticias para difamar a los trabajadores de la TV Pública. Además, se conoció que levantó una reunión paritaria programada por no tener ninguna propuesta.

Ante la negativa del derecho a réplica y el blindaje mediático esgrimido por el funcionario, los trabajadores y las trabajadoras del canal estatal emitieron un comunicado titulado “En la TV Pública no hay diálogo, no hay federalismo ni paritarias libres, hay censura”, en el que desmienten los argumentos brindados por Lombardi.

Además, el texto del Sindicato de Prensa de Buenos Aires señala que el ataque anti gremial es parte de una campaña mediática encabezada por Lombardi que tiene otros lamentables capítulos, como el reciente despido ilegal de Alejandro Britos, secretario gremial de la Asociación de Prensa de Santa Fe y periodista de Radio Nacional en esa provincia, y el desplazamiento de sus funciones a Mariana Fossatti y Fernando Pedernera, delegada y delegado de Radio Nacional Buenos Aires.

Las trabajadoras denunciaron que la directora, Ana Gerschenson, se negó a recibirlas y ratificó el despido de una trabajadora de Radio Nacional La Rioja y la quita del jardín de infantes de Canal 7 a la hija de otra compañera despedida.

Volvemos a gritar “NiUnaMenos”, dijo en su twitter en su momento la directora. El grito de NiUnaMenos no solo fue y es un clamor contra los femicidios sino también contra toda forma de violencia y opresión contra la mujer. Despedir embarazadas, privar del jardín maternal a una nena de 2 años y ni siquiera recibir o escuchar el reclamo, lo son. Mejor que Gerschenson no grite más.

El martes 27 de febrero, a las 12:30, se hará un acto para exigir la reincorporación de trabajadores de Radio Nacional. Será en la sede ubicada en Maipú 555. Previamente, de 10 a 12, hará un tuitazo con los hashtags #NiUnaTrabajadoraMenosEnRadioNacional y #NoALosDespidos.

Una importante delegación de más de 100 mineros de Río Turbio viajó hasta la ciudad capital de Río Gallegos (Santa Cruz) para presentar en la Cámara de Diputados de la provincia un Proyecto de ley que ayude a solucionar el conflicto de los 500 despidos de Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

El Proyecto de ley consiste en dos puntos divididos en dos leyes: la prórroga de la Ley de emergencia hidrocarburífera y la creación de una Comisión bicameral en el Congreso nacional.
También exigen un pedido de informe al interventor Omar Zeidán para que explique sobre la puesta en marcha de la Mega Usina “14 Mineros” de 240 MW que está paralizada hace más de dos años.

La creación de la Comisión bicameral pretende realizar un control sobre los planes de la intervención que hasta ahora no informó nada sobre la falta de inversiones concretas que finalicen con el emprendimiento.

Finalmente se aprobaron los dos proyectos, pero los trabajadores del carbón saben que tan sólo es un marco legal a favor de ellos, pero para que se cumpla deberán fortalecer las medidas de fuerza y mucho más apoyo de la comunidad de la cuenca carbonífera y de toda la provincia de Santa Cruz.

Durante esta semana Mauricio Macri amenazó que podría cerrar YCRT en caso de que sigan las medidas de fuerza en marzo. Así también lo reafirmó Omar Zeidán. Mientras tanto, los trabajadores denuncian que hubo más despidos que se suman a los más de 500 que recibieron hace un mes.

Los mineros siguen firmes con la lucha y repudian las amenazas de la intervención macrista, porque consideran que están mintiendo constantemente para que la opinión pública considere que es una empresa obsoleta. Tan solo falta reactivar la Mega Usina para demostrar que puede alimentar a cuatro provincias y abaratar los millonarios costos que deben pagar los usuarios por el consumo.

Conflictos privados

La Bancaria denunció que los banqueros suspendieron a través de un whatsapp, “un encuentro paritario convocado para ayer por la mañana (21/2) por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca”, y calificó esa actitud como “una verdadera vergüenza”.

Los empleados bancarios concretaron el segundo día consecutivo de paro en rechazo de un incremento salarial del 9% con niveles de acatamiento superiores al 90% en todo el país y una multitudinaria movilización en La Plata reclamó por un aumento justo y la derogación del despojo previsional a los trabajadores del Banco Provincia.

Mientras, la Justicia resolvió que los bancos continúen con el pago de la “cláusula gatillo” y habilitó al gremio a seguir cobrando el 1% de la cuota solidaria. El Ministerio de Trabajo adelantó que apelará el fallo, por lo cual la medida podría quedar en suspenso.

Seccionales bonaerenses de la Unión Obrera Metalúrgica se concentraron frente al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires para repudiar el cierre de una fábrica de Quilmes Oeste y el despido de sus 120 empleados. Las autoridades de la empresa Indelqui, que se dedica a la fabricación de cables para telecomunicaciones, alegaron en las últimas semanas que no pueden competir en el mercado por la política de importación del gobierno de Mauricio Macri y anunciaron la clausura de su planta. Francisco Gutiérrez, referente de la UOM y ex intendente municipal, aclaró que se trata de una “cuestión de política industrial que derivó en un conflicto laboral”, y aseguró: “exigiremos la continuidad de todos los trabajadores y una reunión con el Ministerio de Producción”.

La refinería de Oil ubicado en San Lorenzo (Santa Fe) bajó su producción a cero porque, según aducen, no tienen materias primas, y hay temor entre los trabajadores de la firma por lo que pueda suceder en un futuro no muy lejano.

“Atravesamos el más oscuro de los panoramas y por primera vez en 80 años se paralizó toda la planta, ni en la época de las privatizaciones ocurrió algo así”, afirmó Héctor Brizuela, Secretario de asuntos legales del Sindicato de petroleros (SUPEH).

“Estamos tomando la fábrica porque vaciaron la empresa. El jueves pasado, los encargados por orden del gerente se llevaron ropa, computadoras, llaves y papeles. Queremos que nos paguen lo que nos deben”, contó Karina, una de las empleadas de la fábrica Textil GB, de Granadero Baigorria (Santa Fe).

En las últimas horas no hubo acuerdo en la reunión celebrada en el Ministerio de Trabajo y sigue la ocupación de la empresa. “Quieren reducir los empleados a la mitad pero no hubo ningún ofrecimiento formal”, explicaron.

Los casi 50 trabajadores que hoy se encuentran en la empresa realizan guardias durante las 24 horas para evitar el vaciamiento de la misma ya que hace un año no abona el alquiler y en diciembre le retiraron el medidor de gas por falta de pago.

Trabajadores de Cargill se reunieron con directivos de la empresa en la sede rosarina del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, donde se dictó una nueva conciliación obligatoria en el conflicto por el despido de 44 empleados de la fábrica, ubicada en Puerto General San Martín.

La Federación Aceitera y el Soear advirtieron que realizarán un paro por tiempo indeterminado si no hay rectificación patronal.

Se cumplieron 65 días desde que los trabajadores permanecen afuera de la aceitera Oleaginosa Huanguelén, ubicada en el Parque Industrial de Bolívar, por despidos y el cese de salarios. 
El miércoles pasado los trabajadores de C5N llevaron adelante un paro desde la madrugada hasta las 12 del mediodía con movilización a las oficinas en Puerto Madero del misterioso Ignacio Rosner, el hombre que junto a Santiago Dellatorre se muestra como nuevo dueño del Grupo Indalo, al que rebautizaron Ceibo. Denunciaron el pago de sueldos en cuotas y el peligro que corren sus empleos.

También adhirieron al reclamo sus colegas de Ideas del Sur y el resto del grupo mediático que incluye Ambito Financiero, Radio 10, Mega, Pop, Vale y One, El Patagónico, así como el vaciado CN23, entre otros.

Después del paro del miércoles, los empleados de MinutoUno.com, DiarioRegistrado.com y RatingCero.com, salieron a pedir que les abonen sus sueldos completos a todos los trabajadores de Indalo-Ceibo.

“Estamos en medio de la puja entre los propietarios o gerenciadores de Indalo/Ceibo, la Justicia y el Gobierno, y nos han convertido en el pato de la boda haciéndonos pagar de nuestro bolsillo los problemas que generaron otros y sobre los cuales no tenemos nada que ver”, afirman en un comunicado.

La fábrica Vanoli, que pertenece al grupo empresario cordobés DULCOR, ya le anunció a sus 16 trabajadores que a partir del próximo miércoles 28 culmina su relación laboral. Así lo confirmaron desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, que iniciará las negociaciones para que al menos cumpla con la totalidad de las indemnizaciones. También pedirán una audiencia con el intendente de Pomán (Catamarca), Francisco Gordillo (FJV), respecto de la posible compra de la planta.

Se cumplieron dos meses del inicio de la lucha por la defensa de los puestos laborales en la metalúrgica Stockl, ubicada en Burzaco, Prov. de Buenos Aires. El 22 de diciembre los trabajadores llegaron a la fábrica y se encontraron con la ausencia de los dueños y que no cobrarían los salarios adeudados.

En estos meses realizaron cortes de ruta, marchas, manifestaciones, festivales, corsos, choriceadas, para visibilizar el conflicto y sumar al fondo de lucha.

“Volvemos a exigir y reclamar respuestas, soluciones, volvemos a pedir unidad y representación de todos los laburantes y sobre todo de nuestro gremio UOM seccional Avellaneda”, manifestaron en un comunicado donde agradecen y destacan la tremenda solidaridad que los abraza a diario de todas las maneras posibles.

El aeropuerto internacional de Ezeiza fue escenario de la protesta que protagonizaron los empleados tercerizados de Latam. La medida se extendió toda la mañana y hasta el mediodía, cuando fueron recibidos por representantes de la empresa. “Siguen en la misma postura”, contó Natalia Ybañez, delegada de Latam Redguard, apenas había finalizado el encuentro.

La aerolínea se apresta a realizar un cambio de la empresa tercerizada que realiza las tareas de control y asistencia de equipajes, cargas y pasajeros en los aeropuertos, servicios que pasarán a manos de la multinacional Securitas, en reemplazo de Redguard S.A.

El cambio no sólo dejaría en la calle a alrededor de 200 trabajadores, sino que también significará la aplicación de un convenio colectivo a la baja que incluye jornadas laborales superiores a las 12 horas, cambios arbitrarios de puestos, lugar de trabajo y de rotación de turnos. “Quieren que seamos sus esclavos, quieren imponernos un convenio de seguridad y nosotros somos aeronáuticos”, explicó la delegada.

La planta de BGH en Tucumán cerró y las últimas 50 personas que todavía trabajaban en la fábrica quedaron en la calle. Cuando llegó al gobierno Mauricio Macri la empresa dedicada a teléfonos celulares contaba con 240 empleados, que poco a poco fueron cesanteados a medida que avanzaban las importaciones desde China. Por el momento, sólo quedarán operativas las plantas de BGH en Río Grande (Tierra del Fuego) y Buenos Aires.

Los trabajadores de la fábrica de golosinas Ter Pack ubicada en la localidad de Arroyito, Córdoba, denunciaron el posible cierre de la planta que implicaría más de 20 despidos.

Docentes, ¿quién da menos?

Foto de archivo
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El Gobierno de Jujuy ratificó un miserable 5% de aumento salarial a los docentes jujeños, rechazado por todos los sindicatos. Frente a la propuesta oficial los docentes de media y superior resolvieron un paro de 48 horas.

El titular de Suteba, Roberto Baradel, cuestionó las políticas educativas del gobierno de María Eugenia Vidal, luego de una reunión paritaria en la que les reiteraron la oferta del 15 % de aumento salarial. “Son 625 pesos por cuatrimestre, con los que ni siquiera se puede pagar el aumento de la boleta de luz”, afirmó.

La nueva reunión paritaria con los docentes se hará el próximo miércoles a las 12 en el ministerio de Economía en La Plata. Será la tercera vez que se reúnen en el año: en el primer encuentro la oferta fue de 15% en tres tramos, y en la segunda, sumaron un plus por presentismo, que en rigor funciona como una bonificación anti huelga.

Las únicas modificaciones que presentaron el jueves 23 los ministros de Economía (Hernán Lacunza), Educación (Gabriel Sánchez Zinny) y Trabajo (Marcelo Villegas), con respecto a la propuesta del 15 % fue ese plus por presentismo de $ 6.000 para quienes no falten nunca durante 2018, de $ 4.500 para quienes se ausenten hasta cuatro veces y de $ 3.000 para quienes falten ocho veces.

Baradel reiteró que la demanda de los gremios es la de “una oferta más realista”: un incremento salarial “superior al 20 % con cláusula gatillo y los 4 puntos de recuperación pendiente de la negociación de 2017”. También denunció que el Ejecutivo bonaerense dejó “desamparados a los chicos y a los lugareños” con el cierre de escuelas rurales y en el Delta.

Al respecto, tras las fuertes repercusiones que generó el anuncio, el gobierno de María Eugenia Vidal se comprometió este viernes ante los gremios docentes a analizar cada uno de los casos y decidió sumar a los inspectores y la comunidad de cada zona al debate.

La decisión fue informada durante una reunión que mantuvieron los funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación y los sindicatos que conforman el Frente de Unidad Docente que reclamaron, en primer lugar, que se suspendan los cierres de cursos de todo tipo hasta el 31 de marzo.

En la Ciudad de Buenos Aires, la administración de Horacio Rodríguez Larreta ofreció a los maestros un 12 % de aumento, pagadero en tres tramos, es decir por debajo del techo oficial, en el distrito del país con más recursos. De aceptarlo, los maestros recibirían para todo el año una recomposición de 1.800 pesos: sumarían a sus sueldos 900 pesos en marzo, otros 450 en agosto y, finalmente, otros 450 en octubre.

La cláusula gatillo del acuerdo 2017 obliga al gobierno porteño a actualizar los salarios. Eduardo López, titular de la Unión de Trabajadores de la Educación, gremio mayoritario del distrito, explicó que la recomposición deberá ser del 4,2 %. En su planteo para 2018, la Ciudad directamente no ha incluido esta garantía de una compensación automática para el caso de que el costo de la vida supere el acuerdo paritario.

La UTE, junto a estatales, judiciales, y trabajadores del subte –todos con sueldos que dependen directa o indirectamente del Estado porteño– darán inicio a un plan de lucha que tendrá como punto de partida una movilización conjunta que se llevará a cabo el próximo miércoles 28 a las 14:00 en Avenida de Mayo y Tacuarí.

Mientras, la Asamblea Unificada convocada por Ademys en 26/2 resolvió para Ciudad de Buenos Aires:

* No Inicio con Paro de 24 horas el jueves 1/3
* Paro de 48 horas en el marco del Paro Nacional Docente 5 y 6 de Marzo
* Adherir al Paro Internacional de Mujeres el 8/3
Se ratificó el pliego de reivindicaciones presentado al gobierno y se hizo énfasis en la necesidad de un aumento que iguale el salario a la canasta familiar, blanqueo de todas las cifras y el retiro inmediato del proyecto que elimina los 29 Institutos de Formación Docente.
Otras resoluciones:
*Convocar el 28/2 a las 15:00 al Ministerio de Educación de Ciudad por la Convocatoria a mesa salarial.
*Convocar en el marco del paro del 1º de marzo a la Legislatura a las 8:00 acompañando a los terciarios por el retiro del proyecto de Unicaba y el cierre de terciarios. Luego marchar al Ministerio de Educación (Paseo Colón 255).
El gremio docente de Neuquén, ATEN, resolvió un paro de 48 horas para los dos primeros días de clases en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial.

Esta es la última semana de negociaciones paritarias antes del inicio de las clases, y en la mayoría de las provincias –así como también en la Ciudad de Buenos Aires–, no hay prácticamente chances de que se llegue a acuerdos. Los gobernadores mantienen en sus ofertas salariales el techo que la Casa Rosada fijó para los sueldos estatales: el 15 % en cuotas y sin cláusula gatillo. Los gremios se encuentran así frente a propuestas que no pueden aceptar; en algunos casos incluso todavía no han tenido siquiera la primera reunión.

“La situación es la más compleja de los últimos años”, definió la titular de la Ctera, Sonia Alesso. “Hay una presión muy fuerte para que se firmen paritarias a la baja. Por este camino, el Gobierno empuja a los maestros al no inicio de las clases”.

Misiones es la única provincia que cerró su paritaria, aunque con un acuerdo a la baja. Los gremios de mayor peso –UDPM y Sidepp– aceptaron un 15,5 % con una reducción en los aportes jubilatorios. Para financiar el aumento, se desfinanciará la caja jubilatoria. Sadop, AMET y UDA no firmaron.

Por último, el Ministerio de Educación porteño anunció la clausura de doce sedes del Plan Fines, programa implementado en 2008 que permitía terminar la escuela secundaria y primaria a adultos que no hubieran completado su formación básica. La decisión afecta a más de 500 alumnos y deja sin trabajo a 80 docentes.

Reclaman los movimientos sociales

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Entre las discusiones paritarias que calientan el comienzo del año, tienen su propio capítulo las cooperativas que trabajan para la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba en el marco del convenio de Servidores Urbanos. Los trabajadores exigen un aumento del monto de 5.000 pesos, que perciben mensualmente por sus servicios, y que no se modifica desde hace un año y medio. 
Son más de 500 cooperativistas -la mayoría nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)- que trabajan realizando tareas de limpieza y mantenimiento de espacios públicos, plazas y escuelas, desmalezamiento, transporte de residuos, control y ordenamiento de basurales, entre otras.

Trabajadores cooperativistas que prestan servicio a la Ciudad de Buenos Aires se movilizaron el lunes hasta las puertas del Ministerio de Espacios Públicos porteño para solicitar al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta abrir la discusión paritaria para el sector y la creación de más puestos de trabajo. “La canasta básica familiar en Capital Federal ya superó los $17.000. Los que trabajamos en las cooperativas del Gobierno de la Ciudad cobramos salarios por debajo de la línea de indigencia, y venimos exigiendo una urgente recomposición salarial”, reclamaron en un comunicado. Tras la reunión, se abrió una mesa de trabajo y el Ministerio se comprometió a recibirlos nuevamente en una semana para seguir discutiendo.

Los alrededor de 400.000 beneficiarios de los programas “Argentina Trabaja” y “Ellas Hacen” serán sometidos a una auditoría para evaluar su nivel educativo con el propósito de transformar esos programas en nuevos proyectos de capacitación. Los mismos pasarían a denominarse “Hacemos Futuro” y buscarán cubrir la educación formal obligatoria y la “formación integral”, presumiblemente asociada a capacitaciones en oficios y técnicas.

En los hechos esa transformación implicaría la disolución de las unidades ejecutoras vinculadas a los programas vigentes que están bajo el control de las organizaciones sociales. Las mismas cumplen el papel de administrar las cooperativas de trabajo que integran los beneficiarios de los planes y que realizan diferentes tareas, muchas de ellas a través de cuadrillas que reemplazan al personal municipal bajo convenio. Las unidades ejecutoras administran presupuestos para comprar insumos y herramientas de trabajo y destinan parte de esos fondos para su propio funcionamiento.

Si bien la Ministra Stanley lo desmintió, para las organizaciones se trata de “una respuesta por la participación masiva en la movilización del 21 de febrero” tal como lo señaló Daniel Menéndez, Coordinador Nacional de Barrios de Pie.

“Si las mujeres no valen, produzcan y reproduzcan sin nosotras”

El Paro Internacional de Mujeres (PIM) es un movimiento de base organizado por mujeres, lesbianas, travestis y trans de distintas partes del mundo que planea manifestaciones el próximo 8 de Marzo en cincuenta países.

En ese marco, empezaron a realizarse asambleas en Argentina entre las distintas agrupaciones para delinear las actividades. La agenda incluye el efecto económico de las medidas del Gobierno en las mujeres y el reclamo contra la violencia, además de otros puntos como mejor participación en el mercado laboral y derechos reproductivos, con el acceso al aborto legal y gratuito como principal reclamo.

“Exigimos el freno a todas las políticas de ajuste y el cumplimiento de las demandas levantadas con especial masividad desde 2015, como lo es la asistencia a víctimas de violencia, el derecho al aborto legal, la separación de la Iglesia del Estado y el cese de la discriminación laboral contra las mujeres”, señaló Vanina Biasi, dirigente del Plenario de Trabajadoras.

El reclamo por el aborto legal y gratuito se basa en los 450.000 abortos clandestinos por año, sin condiciones de seguridad y con un costo de entre $ 10.000 y $ 17.000, según datos de Economía Feminista, mientras que el 80% de las mujeres gana menos de $ 10.400 por mes y las más pobres no llegan a $ 1.600.

Fuentes: www.agenciacta.orgwww.ambito.com, ANRed, Resumen Latinoamericano, Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, Argentina Indymedia, InfoGremiales, www.po.org.ar, Tiempo Argentino, www.ctasantafe.org

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