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La nena tucumana fue violada por la pareja de su abuela. Había pedido expresamente al menos ocho veces la interrupción del embarazo, garantizada por ley en estos casos, pero el secretario de Salud de la provincia, Gustavo Vigliocco, encabezó una cruzada con grupos antiderechos para obligarla a parir.

Anoche le practicaron una cesárea a Lucía, la nena tucumana de 11 años que fue violada por la pareja de su abuela. Aunque la nena había pedido expresamente al menos ocho veces la interrupción del embarazo, garantizada por ley en estos casos, el secretario de Salud de la provincia, Gustavo Vigliocco, encabezó una cruzada con grupos antiderechos para obligar a la nena a parir.

El embarazo finalmente se interrumpió. Pero no se cumplió con el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo. “La responsabilidad es de la institución y del sistema de salud que deberían haber garantizado esta práctica hace 30 días”, explicó a Cosecha Roja la abogada Florencia Vallino, integrante de la agrupación Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), que acompaña a la familia.

La nena había pedido expresamente al menos ocho veces la interrupción del embarazo 

La nena está bien de salud. El feto pesa aproximadamente 600 gramos y casi no tiene posibilidades de sobrevivir, explicaron en el Hospital Eva Perón, donde la nena está internada desde hace un mes. Anoche un médico y una médica de una institución privada revisaron a la nena. Hasta ese momento no habían tenido contacto con ella. En una provincia en la que la mayoría de los profesionales de la salud se oponen a garantizar el derecho al aborto legal, ellos dos fueron los únicos que se animaron a intervenir. El cuadro de salud de la nena era delicado. Los médicos explicaron que era inviable otro tipo de intervención que no fuera la cesárea.

“Hemos llegado a esta situación por la desidia de un sistema que no garantiza derechos, que desde el 29 enero conoce esta situación y no ha llevado adelante la interrupción del embarazo en cumplimiento directo del protocolo de ILE. Ese retraso ha generado llegar a esta situación, a esta encrucijada en la que los profesionales no tenían más alternativa que esta”, explicó Vallino.

Soledad llevó a su hija Lucía a la sede de Centros de Atención Primaria de Salud (Caps) de 7 de Abril, una localidad del noreste de Tucumán. Ahí se enteró que estaba embarazada de 16 semanas. Había sido abusada por Eliseo Víctor Amaya, el novio de la abuela, de 65 años. La mujer presentó la denuncia y el hombre quedó detenido.

Según el Código Penal, sancionado en 1921, la violación es una de las causales que permiten acceder a un aborto legal. Según un fallo de la Corte Suprema de 2012 alcanza con la decisión de la menor o del representante legal para que el embarazo se interrumpa. En ocho oportunidades, incluida una declaración en Cámara Gesell, Lucía pidió la interrupción del embarazo y detalló el sufrimiento que padecía. El sistema de salud ignoró la voluntad de la nena y de su madre, que firmó el formulario de consentimiento.

Casi todos los días, Gustavo Vigliocco, secretario Ejecutivo del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) visitaba a la nena en el hospital Eva Perón. Le acariciaba la panza, le mostraba las ecografías y le hablaba de los hermoso que era ser madre.

—¿Estás segura que querés matar a tu bebé —le preguntó un día, según publica el portal La Nota, de Tucumán.

A la madre le dieron información sesgada: le dijeron que si accedía a una interrupción del embarazo le iban a quitar el útero y nunca más podría quedar embarazada. La cruzada antiderechos no logró convencer a la nena y a su madre, pero pudo prolongar el embarazo y hacer que sea inviable un aborto legal en los términos del protocolo de ILE.

 La cruzada antiderechos no logró convencer a la nena y a su madre, pero pudo prolongar el embarazo y hacer que sea inviable un aborto legal en los términos del protocolo de ILE.

Vallino anticipó a Cosecha Roja que desde Andhes harán una presentación judicial para determinar las responsabilidades de los agentes públicos y evitar que en Tucumán otra nena vuelva a pasar por esta situación.

En enero, la familia de una nena de 12 abusada pidió la Interrupción Legal del Embarazo en el Hospital Guillermo Paterson, de San Pedro, Jujuy. Los médicos objetores de conciencia se la negaron. La nena fue trasladada al Hospital Materno Infantil, en San Salvador: de acuerdo al protocolo los embarazos en menores de 15 años deben recibir atención en ese hospital. El traslado demoró cinco días. Después de una semana en el hospital le negaron la ILE y le practicaron una cesárea contra su voluntad. El bebé murió al nacer.

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