Macri, los gobernadores y el indeseable costo político del ajuste

Pedro Lacour

Pedro Lacour

Periodista | Columnista en Misiones Opina | Colaborador en #CLV | Sociólogo de la Universidad de Buenos Aires
Pedro Lacour

La problemática del déficit fiscal ocupa la centralidad de la retórica oficialista. “El Estado no puede gastar más de lo que tiene”, repiten como un mantra funcionarios de todos los rangos. Es un tema recurrente en el discurso cambiemita desde el primer día. Pero que a partir del sacudón producido por la crisis cambiaria y el manto de desconfianza internacional que desde mayo cubre a la Argentina, Mauricio Macri decidió poner excluyentemente sobre la mesa. A las puertas del FMI, todas las energías del Gobierno se encuentran puestas en afrontar un desafío por demás difícil: lograr convencer al peronismo, a tan solo un año de las elecciones presidenciales, de acompañarlo en el sinuoso camino del ajuste.

El debate parlamentario en torno al proyecto opositor para fijar un techo a las tarifas de servicios públicos expuso lo que puede sobrevenir en la relación de la Casa Rosada con el peronismo territorial. La debilidad del Gobierno como consecuencia de la crisis financiera devolvió a los gobernadores del PJ las ansias del regreso. A diferencia de otras ocasiones y pese a que varios mandatarios provinciales habían declarado que la medida les significaría un dolor de cabeza fiscal, los senadores hicieron uso de su libertad de acción: la oposición peronista, encabezada por Miguel Ángel Pichetto, no acompañó a Cambiemos en el Congreso y Macri recurrió al veto de manera inmediata. Una decisión ante la que, según una encuesta realizada por Hugo Haime, alrededor del 88% de la población se posicionó en contra.

En un contexto de fuerte cimbronazo político y viéndose signado por la derrota, Macri intentó recalentar la polarización con el kirchnerismo. Mediante un mensaje grabado, les imploró a los senadores peronistas que no se dejen llevar por las “locuras” de Cristina Kirchner. El objetivo era dejar pegados a los gobernadores a la figura de la ex presidenta. No importó que, en rigor, el proyecto de ley haya sido presentado por la bancada del Frente Renovador. Fue casi una confesión de parte: echar mano al recurso de la contradicción con el pasado solo expuso la preocupación de Cambiemos por la evidente dispersión de su base electoral. Finalmente, los dos bloques peronistas del Senado se unieron casi por unanimidad para acompañar la iniciativa proveniente de la Cámara baja. “Una cosa es dejar gobernar y otra es pagar los costos de las decisiones del gobierno nacional”, disparó desde su banca el senador cordobés Carlos Caserio.

El “mensaje” enviado por Pichetto a la Casa Rosada marcó el distanciamiento de quien fuera uno de garantes fundamentales de la gobernabilidad macrista. El desplante responde a causas que se fueron acumulando con el correr de los meses. En un principio, Pichetto había visto con buenos ojos el llamado al “reformismo permanente” anunciado por Macri en el CCK. Pero, a partir de noviembre del año pasado, a su entender, el Presidente se encerró en su círculo íntimo y no escuchó más a ninguna voz de la oposición. A la modificación de la meta de inflación el 28 de diciembre –la anterior había sido aprobada en el Congreso una semana antes– se le sumó el megadecreto de enero, dos gestos que no le cayeron del todo bien al rionegrino. Pero lo ocurrido en las últimas semanas terminó de colmar su paciencia: en la vorágine del debate por las tarifas, Cambiemos no tuvo reparos en intentar romper el interbloque Argentina Federal al negociar, en la persona del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, directamente con los gobernadores peronistas. Una ofensa casi personal para Pichetto.

La necesidad de Macri de seguir tendiendo puentes con el PJ está más vigente que nunca. Por eso, en medio del duro golpe que le acertara la oposición, un dato lo hizo esperanzar. Fue que Pichetto no pudo alinear a toda su tropa detrás de la votación en el Senado. Luego de proponer tardíamente reformas al proyecto, los senadores por Salta que responden al gobernador Juan Manuel Urtubey se ausentaron. Así también lo hicieron los misioneros Maurice Closs y “Maggie” Solari. No es casual: tanto Urtubey como Hugo Passalacqua son los mandatarios provinciales de mejor sintonía con Balcarce 50. Tampoco pareció ser coincidencia la visita del salteño a Misiones por la conmemoración del 25 de mayo, mostrándose con Passalacqua en un claro tono electoral. Hay indicios,  como expusiera Fernando Oz en su columna del domingo pasado en MISIONES OPINA     de que a ambos los acerca algo más que la mera afinidad política.

Cada vez más lanzado en su carrera presidencial, Urtubey no deja de erigirse como el interlocutor peronista preferido del Presidente. Con un Pichetto tomando posiciones más duras, es un rol del que Cambiemos intentará sacar el mayor de los provechos de cara al diseño del Presupuesto 2019, que deberá cumplir con las pautas que defina el Fondo. Es que trascendió que en Washington apuntan, sobre todo, al “exacerbado gasto” de las provincias. El problema tendría su origen en el 15% de masa coparticipable cedida por Macri a los gobernadores al inicio de su gestión. Una discusión que promete ser encarnizada y que a partir de septiembre emigrará a los recintos del Congreso. La muñeca política de Frigerio será clave.

Pese a continuar siendo un conglomerado de múltiples cabezas, en el peronismo resulta evidente el cambio de clima: en apenas unos meses, el PJ pasó de ver a Macri en el sillón de Rivadavia hasta 2023 a renovar sus expectativas de volver al poder en 2019. Por eso, a la par de su estrategia dialoguista, Cambiemos se propuso socavar el crecimiento de una opción peronista “de centro”. Es la que comenzó a tomar volumen luego de la cumbre de Gualeguaychú realizada en abril, donde se formalizó el regreso de Sergio Massa. El tigrense se mantiene todavía en las sombras, pero está decidido a dar el salto si la situación lo amerita. En la Casa Rosada ven con preocupación la posible migración de indecisos y votantes desencantados de Cambiemos a un peronismo que, sin dejar de ser moderado, se vuelva más crítico del rumbo económico. Creen que, si se fortalece, un representante de ese espectro tendría más chances que cualquier otro de ingresar en un ballotage con Macri el año que viene. Lo que, hoy por hoy, significaría un final abierto.

A Fondo

Cambiemos aspira a que, una vez sellado el acuerdo con el FMI, el grueso de las condicionalidades que exija Christine Lagarde estén ya cubiertas. El Gobierno hace tiempo que comenzó a aplicar varias de las recetas de ajuste del Fondo. Recorte en jubilaciones, Ley de Responsabilidad Fiscal y baja de subsidios fueron algunas de las recomendaciones del organismo que ya fueron implementadas. El diagnóstico que orienta las demandas del Fondo sostiene que el gasto argentino es “insostenible” y “limita la inversión, la competitividad, la creación de empleo y el crecimiento”. De acuerdo con la supuesta “nueva” mirada del organismo, hay que disminuir aún más el gasto y reducir su concentración en salarios de empleados públicos, jubilaciones y transferencias sociales para adecuarlo a la realidad regional.

El encuentro entre Lagarde y Macri que tendrá lugar durante la cumbre del G7 en Canadá se dará en el marco deuna negociación prácticamente cerrada. El Presidente goza de buena sintonía con la directora gerente del FMI, quien volvió a referirse a que las exigencias del organismo multilateral no recaerían sobre los sectores sociales más vulnerables. Sin un número todavía asegurado, desde el Gobierno son optimistas y especulan con que el préstamo podría sobrepasar los 30 mil millones de dólares. Hay condiciones que, al margen del monto,se barajan desde Washington y que no parecen ser negociables: la necesidad de un tipo de cambio flotante, sin intervención alguna del Banco Central, una baja gradual de la tasa de interés y un déficit fiscal que deberá cerrar el 2019 a 1,5% del PBI a partir de un fuerte recorte del gasto.

“Lo que proponen tiene un costo fiscal de 75 mil millones de pesos, ¡que nos digan de dónde sacamos esa plata para cubrir el agujero!”, exclamó a toda orquesta el oficialismo durante la sesión por tarifas en el Senado. Para Nicolás Dujovne, aumentar la recaudación está lejos de ser una opción. Quedó claro que el Gobierno sólo aplicará la tijera: el propio Macri enterró la posibilidad de aumentar ingresos del Estado al resignarse a no modificar la quita de retenciones con las que benefició a las patronales rurales. Lo cierto es que, más que un recorte, lo que Cambiemos viene haciendo desde 2016 es una reconfiguración del gasto público. Es por eso que, entre 2015 y 2017, esa variable se mantuvo constante en relación al PBI. El “ahorro” generado por la quita de subsidios termina siendo utilizado para el pago de intereses de la deuda.

Al hacer del déficit fiscal su principal obsesión discursiva, el Gobierno no hace más que soslayar un factor de carácter aún más urgente: la escasez crónica de divisas que históricamente sufre la Argentina. Los desequilibrios en las balanzas comercial y de pagos están en la base de las crisis cíclicas de stop and go, cuya lógica fuera descripta hace cuarenta años por el economista Marcelo Diamand. Es la vigencia de una estructura productiva dependiente, desequilibrada y concentrada lo que, para Diamand, generaba la restricción externa e impedía un crecimiento nacional sostenido en el tiempo.

Aunque los años pasen, la decisión de volver al FMI no escapa a estas circunstancias. Es la muestra más contundente de las limitaciones ideológicas que impiden ver las causas profundas de los desequilibrios sobre los que se tambalea la macroeconomía nacional. No basta con la mera confianza de los mercados para que las inversiones lluevan. Menos si esa poca credibilidad que llegó a irradiar la figura Macri se dilapida por movimientos propios, como sucedió a lo largo de estos meses. Fueron las propias medidas tomadas por el gabinete económico las que, más allá del largamente anunciado encarecimiento del crédito internacional, hicieron caer la piedra angular que sostenía al mentado gradualismo: seguir tomando deuda en los mercados a tasas relativamente bajas. El stand-by con el Fondo quizá sirva para garantizar el repago a los acreedores, pero el costo de sus condicionantes se sentirán fuerte en la economía real. Con la desregulación de entrada y salida de capitales, y la aplicación de políticas que alimentan la especulación financiera más voraz, no hay modelo de país ni proyecto político que pueda sustentarse en el mediano plazo.

El Gobierno ingresará al año electoral con la actividad estancada y un escenario de alta conflictividad social. El segundo semestre tampoco le resultará nada sencillo. Hace semanas que comenzaron a agitarse con fuerza los rumores de un paro general. El triunvirato que comanda la CGT tiene previsto anunciar la fecha este jueves. Sin embargo, hasta último momento, el Ministerio de Trabajo tratará de evitar que eso suceda.El primer acercamiento será en una reunión convocada por funcionarios de esa cartera y de la que participarán los representantes de la cúpula sindical. En Cambiemos especulan con que la central obrera desistiría de la medida de fuerza solo si se le ofrece la universalización de la cláusula gatillo, lo que garantizaría una recomposición salarial atada a la inflación,que consultoras privadas estiman que llegará este año al 27%. Pero es solo cuestión de tiempo. El clima de malestar presente en las bases es, para la mayoría de los dirigentes, algo ya insoportable.

Columna para MO.

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