Macri juega al ajedrez con gobernadores y sindicalistas

Baires. Junio 8 de 2011.- El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, recibió hoy, en el Salón Blanco del Palacio Municipal, a la Gran Maestra húngara de ajedrez Judit Polgar, quien el viernes jugará simultáneas con alumnos del Programa de Ajedrez Escolar de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Nahuel Padrevecchi-gv/GCBA
Pedro Lacour

Pedro Lacour

Periodista | Columnista en Misiones Opina | Colaborador en #CLV | Sociólogo de la Universidad de Buenos Aires
Pedro Lacour

Un gran tablero de ajedrez. Así podría graficarse el momento actual del debate público argentino. Es sobre él que se despliegan las tácticas y estrategias de los distintos actores que intervienen en el juego. Las blancas, sin duda, son el gobierno de Cambiemos. Tomando la iniciativa, su mayor desafío está en lograr persuadir a los gobernadores y sindicalistas peronistas de la necesidad de hacer real el “reformismo permanente”, tal y como lo expusiera Mauricio Macri en su discurso en el Centro Cultural Kirchner.

En otras palabras, llevar a cabo un programa integral de reformas que, según apuntan desde el Ejecutivo, ayudaría a controlar el gasto, bajando el déficit fiscal y otorgándole mayor “competitividad” a la economía. Aunque, en el fondo, no sea más que la garantía de mayores ganancias empresarias y la profundización de un esquema en el que asalariados y jubilados continúen siendo los perdedores.

La semana pasada, recién llegado de su gira por Nueva York, el Presidente se reunió con los gobernadores en la búsqueda de un acuerdo general que derive en la firma de un nuevo pacto fiscal. Fue el inicio de un debate que se extenderá hasta, por lo menos, el próximo jueves. Es el día que finalizará el cuarto intermedio acordado entre la Casa Rosada y los representantes provinciales. El impuesto a los Ingresos Brutos, uno de los principales gravámenes con el que las provincias se autofinancian, se encuentra en el corazón de toda una discusión que se presenta como técnica pero que desborda de política por los cuatro costados.

El primer cónclave entre Macri y los líderes provinciales logró destrabar uno de los conflictos que, con el correr los meses, se había vuelto un hierro candente en las manos del Gobierno: el reparto del Fondo del Conurbano Bonaerense. En principio, la gobernadora María Eugenia Vidal aseguró que quitará la demanda judicial, sobre la cual debía expedirse la Corte Suprema, a cambio de un arreglo que beneficie a la provincia de Buenos Aires. Si llega a concretarse, y se elimina el artículo 104 del Impuesto a las Ganancias, el monto que, a partir de 2018, deberá recibir el distrito más grande del país es de dimensiones enormes: pasaría de 650 millones de pesos anuales a cerca de 20 mil millones. ¿El final de la dependencia histórica de La Plata para con la administración central? Se fortalece la reina.

El oficialismo, a su vez, atendió a las quejas del gobernador de Mendoza, el radical Alfredo Cornejo, y dio marcha atrás con el impuesto al vino y otras bebidas alcohólicas. Pero no cedió en su intención de gravar a los productos azucarados, entre ellos las gaseosas, a pesar de que las provincias del noroeste pusieron el grito en el cielo. Tampoco dio el brazo a torcer en lo que respecta a la industria electrónica de Tierra del Fuego. Ayer, no obstante, se llegó a un acuerdo entre la gobernadora Bertone y el Gobierno, estableciendo que la eliminación de los impuestos internos se hará de manera gradual, del 10,5% en el 2018 hasta llegar al 2% en 2023.

Lo cierto es que el proyecto de modificaciones en los impuestos que propone el gobierno nacional tiene un destinatario bien definido: las empresas. La baja de los aportes patronales es su ejemplo más nítido. Una medida que ya se implementó en la década del ‘90 y que poco y nada mejoró el acceso al empleo. Más bien, todo lo contrario: en aquellos años, la desocupación se disparó hasta niveles nunca antes vistos. El macrismo propone pasar de un pago actual que oscila entre el 17% y 21% de contribución sobre el salario bruto a cargo del empleador, a un esquema que garantice “costo cero” en los casos de salarios bajos. A lo que se le suma una alícuota única del 19,5%, eliminando las diferenciaciones geográficas y distintos programas de exenciones existentes hasta el momento. De aprobarse esta reforma, la contribución del empleador al sistema previsional se verá notablemente reducida.

“Con esta reforma vamos a una economía más competitiva y eficiente, lo que redunda en menores costos y menores precios”, señaló el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, al presentar el proyecto de reforma fiscal ante la prensa. Enviado esta semana al Congreso, ninguno de sus puntos da cuenta de un beneficio directo para los ciudadanos de a pie. “Un ejemplo claro del sistema impositivo injusto que rige en la actualidad y que no pretende cambiar esta reforma son que los impuestos indirectos al consumo, como el caso del IVA, sigan teniendo un peso importantísimo en la recaudación nacional”, afirmó la economista e investigadora del Instituto Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), Ana Rameri, en una entrevista con el portal Canal Abierto. Resulta que, mientras que esa estructura regresiva se mantiene consolidada, los tributos de imposición directa, como los bienes personales o la herencia, seguirán siendo bajos.

Simultáneamente al pedido de cumplimiento efectivo de la Ley de Responsabilidad Fiscal, desde Balcarce 50 son claros en la necesidad del apoyo de los gobernadores en la aprobación de la reforma previsional. Es que la reducción de los haberes jubilatorios se erige como la prenda de paz en el conflicto por el Fondo del Conurbano y los reclamos de las distintas provincias. El pretendido cambio en el cálculo de la movilidad jubilatoria, indexando los aumentos al ritmo de la inflación y con pagos trimestrales, significaría un recorte aproximado de 100 mil millones de pesos para las arcas de la ANSES. Aunque Dujovne asegure que el movimiento de fondos será recompensado con el ingreso del 100% del Impuesto al Cheque –hoy la ANSES recibe el 70%–, el vaciamiento del organismo previsional tendrá como consecuencia inmediata incrementos menores a los previstos para la cobertura social y una pérdida del poder adquisitivo para aquellos jubilados que cobran el haber mínimo. Son el 50% y reciben 7.246 pesos.

La otra pata fundamental del plan del Gobierno es la reforma laboral. La CGT fue tajante al desmentir el trascendido de un supuesto arreglo con el ministro Jorge Triaca en torno una modificación de la legislación que rige sobre los contratos de trabajo. Sin embargo, la central obrera no anunció ninguna medida de fuerza para hacer frente al borrador presentado por Cambiemos, que afecta derechos básicos y coloca, a la hora de negociar, en un pie de igualdad al trabajador individual con su empleador. “No vamos a lanzar ningún plan de lucha, vamos a hablar con los legisladores antes de cualquier paro”, sentenció ayer el sindicalista Carlos Acuña. Todavía está fresca en la memoria del triunvirato cegetista la imagen del palco siendo copado por sus bases. La negras también juegan.

Si finalmente Macri consigue este viernes la firma de los gobernadores, la discusión pasará al ámbito del Congreso. Envalentonado por el resultado electoral de octubre, el Gobierno está decidido a lograr que se aprueben todos sus paquetes de reformas antes de fin de año. Debe mover las piezas con cuidado. Lo que no lo exime de sacrificar algún que otro peón. Es, en definitiva, una práctica que el oficialismo viene llevando adelante desde el primer día: tantear el terreno, ceder lo necesario y no dejar de poner la oreja. Con eso le bastó, hasta el día de hoy, para marcar agenda y domar al peronismo, más preocupado por lamerse las heridas de la derrota que por construir un polo opositor. Mejor no lo pudo haber sintetizado el gobernador Juan Manuel Urtubey: “Al gobierno nacional le va bien en las negociaciones con los gobernadores porque los escucha”. El salteño es la cara visible de un PJ herbívoro que hace que el empresariado se frote las manos con la mira puesta en el mediano y largo plazo.

La estrategia para con los gobernadores durante estas semanas se basó en una negociación “uno a uno” con el fin de convencerlos de avanzar con los cambios. “Honestidad y rigor técnico” les exigió Macri. El panorama no deja de ser sobrecogedor para los peronistas. Cambiemos no sólo les quitó votos en los distritos donde gobiernan, sino que ahora busca redistribuir los recursos coparticipables en desmedro de sus respectivos poderíos territoriales. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, es quien sabe ubicar los alfiles y los caballos de manera magistral para bloquear cualquier movimiento que pueda perjudicar el organigrama delineado por la Casa Rosada. El tiempo corre. Y, todavía lejos del jaque mate, la definición de la partida se encuentra abierta.

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