Ley de Emergencia Territorial Indígena: ¿por qué se reclama su prórroga?

Julieta Sanow
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Julieta Sanow

Licenciada en Comunicación Social. Periodista. Fueguina y Bostera. Amor por la cerveza, Keith Richards y los tiros libre de Juan Román.
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El próximo 23 de noviembre vence una de las leyes más importantes sancionadas en el último tiempo en materia de preservación de las tierras de las comunidades indígenas. La ley 26.160 declara la “emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país“, así como también suspende la ejecución de desalojo de esas tierras y obliga al Estado a realizar un relevamiento de todas las tierras habitadas a las comunidades. Hoy el Senado debe tratar su prórroga, el pueblo indígena y los organismos de derechos humanos, se movilizan.

Lo plantea la Constitución Nacional en su artículo 75: corresponde al Congreso de la Nación Argentina “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”.

La ley de emergencia territorial indígena, sancionada en 2006 y ya prorrogada dos veces, garantiza una de las obligaciones fundamentales del Estado como es la protección, preservación y cumplimiento de los derechos humanos de los pueblos originarios, es por este motivo que su tratado y posterior prorrogación resulta inexcusable. Si bien la ley no avanza en materia de titulación de tierras, constituye un paso previo indudablemente positivo para la identificación de las tierras de los pueblos.

¿Cuál es la real importancia de la ley 26.160 ?

  •  Relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas: el mismo está a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Este punto es cuestionado ya que muchas comunidades no se encuentran registradas en el INAI, por lo que representa indefectiblemente una exclusión. Por otra parte, durante la realización del revelamiento se han notado diversas irregularidades en el proceso y esto, según expreso un informe  realizado por la Amnistía Internacional y la Auditoria General de la Nación, éstas anomalías se deben a la “falta de recursos humanos y estructura organizativa para el cumplimiento de las funciones que debe llevar adelante”. Entre las causas del retraso, se encuentran los conflictos al interior de las propias comunidades respecto a la representatividad como así también la fatal de desconocimiento de la existencia de la ley.
  • Hasta el momento solo se relevaron el 30 por ciento de las comunidades. Hay provincias que aún están en proceso de relevamiento y otras que aún no lo iniciaron. 
  • Aunque, como hemos vivido,  en los últimos años se produjeron desalojos a las comunidades, también es cierto que la continuidad de esta norma  es un primer paso para la entrega de títulos y sobre todo, para la obtención un reconocimiento jurídico.

En este marco, hoy los alrededores del Congreso se vieron plagadas de pueblos reclamando no solo a los funcionarios sino a nosotros, la sociedad entera, su visibilización, su reconocimiento y por sobre todo, la seguridad a la vida y a la territorialidad que les corresponde. Son nuestra cultura, son nuestra identidad, son nuestro  historia, son nuestro presente, pero por sobre todo ,son compatriotas. 

Para más información recomendamos acceder al Informe Amnistia Internacional:

https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/delightful-downloads/2017/08/final2.pdf?utm_source=Prensa&utm_campaign=5ccb7e64e9-EMAIL_CAMPAIGN_2017_08_09&utm_medium=email&utm_term=0_a60e315cac-5ccb7e64e9- 

 

 

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