La Justicia, la corrupción y la agenda de “los de arriba”

Buenos Aires: El presidente de la Nación, Mauricio Macri, habla durante el 1° Foro de Inversiones y Negocios en Argentina, que con la participación de más de 1900 líderes de empresas de 65 países, se lleva a cabo en el Centro Cultural Kirchner. Foto: Gustavo Amarelle
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Pareciera que en un país donde las instituciones llevan décadas financiándose de actividades ilegales y hasta criminales, bajo el amparo de la “Justicia”, el arresto sin debido proceso de un ex vicepresidente en piyamas ha sido la gota que rebalsó el vaso. Los oscuros antecedentes de uno y del otro lado del mostrador.

Tomás Astelarra/El Furgón – La Justicia y la corrupción parecen haber estado al frente de la agenda la semana pasada. Desde el brillante alegato de Juan Grabois en el juicio por la toma de la comisaría de La Boca -tras el asesinato de Martín “el Oso” Cisneros– a la presentación de Eugenio Zaffaroni, Estela de Carlotto y compañía -advirtiendo sobre la degradación del “sistema judicial”-, hasta las insospechadas críticas al accionar del Poder Judicial por parte de uno de los principales editorialistas del poder en general, y de Cambiemos en particular, Carlo Pagni.

Es evidente y hasta aberrante, para muchos, la campaña mediática detrás de los escándalos K por casos de corrupción. Sin embargo, sabemos que la corrupción es un bien inherente al Estado, al financiamiento de los partidos políticos, los sindicatos o a las fuerzas policiales. Que muchas veces está asociado a crímenes de lesa humanidad (como Papel Prensa), estafas financieras, lavado de dinero, trata de personas y narcotráfico, entre otras cosas. Y es un proceso en aumento. En sinfonía con la sociedad de consumo, el extractivismo, la forma de vida que sustentan la mayoría de los voceros del poder (sean K o Pro). También con la experiencia de otras sociedades que son hoy modelos del sistema capitalista para Argentina, como Colombia o México. Fue el narcotráfico el que financió la estrategia política y mediática del ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, que en la actualidad es uno de los principales asesores de Mauricio Macri en temas de seguridad. Fue el narcotráfico el que financió a los grupos paramilitares colombianos, responsables de uno de los mayores genocidios contemporáneos contra comunidades indígenas, afros y campesinas. ¿Su crimen? Tejer su vida en territorios codiciados por las empresas multinacionales. Empresas que han marcado la agenda, a la economía K y que ahora, con el gobierno de Cambiemos, llevan su corrupción y desprecio por la vida de los pueblos a los límites más aberrantes. “Son las empresas, estúpido”, diría un Bill Clinton de la nueva era.

Dice Carlos Del Frade en su libro Ciudad Blanca, Crónica Negra: “Mientras los grandes medios de comunicación y las redes sociales afirman que la expectativa de vida llega hasta pasados los setentas años, este avance científico no llega a muchas pibas y pibes de estas regiones ¿Qué hacemos nosotros ante esta realidad? El narcotráfico es el ciclo capitalista actual de acumulación de dinero fresco e ilegal, que alimenta otras actividades legales. Y junto a las armas conforman esa manera de concentrar efectivo sin rendir cuentas a nadie. Hay muchas armas y muchas drogas entre los pibes y el pueblo en general porque así se mantiene el sistema. Luchar contra el narcotráfico es luchar contra el capitalismo”.

Siempre quedan ocultos del otro lado del mostrador. Como Benetton en el caso de Santiago Maldonado u Odebrecht, la gigantesca firma detrás del escándalo de Lava Jato en Brasil. Escándalo que atraviesa a los gobiernos de todo el continente, a los K y a Cambiemos, al Estado nacional y las provincias, desde Julio De Vido a Juan Schiaretti en Córdoba, o el actual jefe de inteligencia, Gustavo Arribas. O el amigo de infancia de Mauricio Macri, Luis Caputo, socio de Odebrecht en Argentina y una especie de Lázaro Báez de estos tiempos de cambio que corren.

Hace poco, un informe del programa ADN, del periodista cordobés Tomás Mendes, mostró cómo Odebrecht está también detrás de la estrategia de “remate” del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el paquete accionario de las AFJP que quedó en manos del Estado tras la reestatización del sistema jubilatorio. Fue la condición que el gobierno de Cambiemos puso para el Fondo de Reparación Histórica, anunciado con bombos y platillos como un política para los jubilados, cuando en realidad, a través de un “vuelto”, el gobierno de empresarios de Cambiemos “se quedaba con la torta”.

A través de la venta del Estado argentino del 17 por ciento de las acciones de Solvay Indupa, Odebrecht pudo tomar control sobre esta empresa que fabrica tubos de PVC. No solo se trata de una venta irregular, por el hecho de que esta operación ya había sido prohibida en Brasil por cuestiones de “defensa de la competencia”, sino que además el precio de venta (3,47 pesos por acción) fue desaconsejado por la propia Bolsa de Valores. Un mes después, esas acciones ya valían 3,73 pesos y hoy rondan los 11 pesos, provocando una pérdida al Estado y a los jubilados de 480 millones de pesos.

No es un dato menor que Obedrecht financió la campaña de Cambiemos, además de numerosas coimas a funcionarios de todo el ámbito nacional, para poder quedarse con los contratos de obras públicas. Incluso, pagó las camionetas en las que se desplaza el secretario de Ambiente de Córdoba, Javier Britz. Su dependencia fue la encargada de autorizar las obras en Córdoba, en su mayoría en desmedro del “impacto ambiental”.

La lista de actos de corrupción del gobierno de Cambiemos es tan larga como invisibilizada por los grande medios. Va desde el papel de lobista de Franco Macri con los chinos, a los Paradise Papers de Aranguren y Shell, el Correo Argentino, el blanqueo de Jorge Macri y muchas otras irregularidades. También a la sospechosa operación según la cual el grupo Indalo de Cristóbal López (entre otras cosas testaferro mediático de los K) pasaría a manos del financista Ignacio Jorge Rosner, ex CEO del Grupo Macri y del Grupo Clarín. Aunque su verdadero dueño sería Marcelo Mindlin, que a principios de año le compró al primo de Macri, Ángelo Calcaterra, la polémica constructora IECSA (vinculada al escándalo Odebrecht). Mindlin es el “Cristóbal López” de Cambiemos. Es socio de Joe Lewis, el magnate inglés y amigo del presidente Macri, dueño del Lago Escondido (ahora Hidden Lake), que también se favoreció del “remate” del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Su empresa Pampa Energía se quedó con las acciones del gobierno en Petrobrás por apenas 10,47 pesos por acción. Hoy esas acciones valen 23,7 pesos. El grupo Indalo es dueño de los pocos medios que todavía se atreven a denunciar los casos de corrupción de Cambiemos (seguramente más en consonancia con una agenda K que con las prioridades de los sectores populares).

La trama es tan oscura como infinita y siempre incluyó a los jueces que hoy salen a la palestra como “corruptos”. Es la justicia de “los de arriba” dirían los cumpas zapatistas. Es la corrupción de “los de arriba”. Es un sistema capitalista que cada día necesita más violencia y corrupción para hacerse con los recursos y cuyo lado social y popular es el sistema de consumo y creencias que todavía sustentan estos gobiernos.

Muchos de los que quedaron sorprendidos por la denuncia de Zaffaroni, su indignación porque el ex presidente Amado Boudou fue detenido en pijamas, seguramente no conozcan sus reconocidos trabajos intelectuales acerca del Estado como genocida, los valores de la pachamama en la justicia institucional, o su charla con secretarios de juzgados a nivel nacional, donde, cito de memoria, aseguró algo así como: “Nosotros no impartimos justicia, nosotros administramos la justicia de una fuerza, que es la policía, que nos trae a los delincuentes. Por lo general rateros de barrio, pequeños vendedores de drogas, nunca un jefe narco o un empresario corrupto. Por eso, nuestra función es dejar libre a la mayor cantidad de gente posible”.

Cualquiera que haya recorrido los barrios, las calles, o colaborado con organizaciones sociales, puede dar fe de la cantidad de meses que un pibe puede ir preso por robar un tetra de un supermercado, antes que la justicia se digne en tratar su caso y excarcelarlo. Y es una suerte. Porque también podría ser uno de los miles de pibes que caen en ese proceso judicial llamado “gatillo fácil”. La justicia, el sistema judicial, es de “los de arriba”.

La agenda de uno y otro lado, Cambiemos y kirchneristas, se impone tarde, fuera de los tiempos y los lugares de la sociedad. Y aun los más acérrimos militantes o defensores de derechos humanos parecen quedar obnubilados por los flashes de la televisión. Hace 11 años (este viernes una vez más) el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos de Córdoba viene realizando la multitudinaria Marcha de la Gorra, con réplicas en todo el país. Miles de jóvenes salen a las calles unidos para reclamar por sus derechos. Para tener debidos procesos judiciales frente a un delito, porque no los maten a quemarropa, porque sus familias no tengan que pasar décadas paseando por los pasillos de tribunales para que, alguna vez, a algún juez se le ocurra darse cuenta de que el “gatillo fácil” es ilegal y digno de sanción.

No es que el kirchnerismo no implementó numerosas políticas que beneficiaron a “los de abajo”. Pero su estructura fue “de arriba”. Y hoy esas falencias (esa falta de autocrítica) se ve más clara que nunca. No es casualidad que el alegato más desapercibido de esta serie de cuestionamientos a la justicia fue el de Juan Grabois. Un alegato de “los de abajo”. Un alegato en un juicio más viejo que la escarapela (el hecho sucedió en 2004) y que, si bien tuvo cobertura mediática, no despertó tanto escándalo como el arresto en pijamas del buen Amado Boudou.

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