Cacería política, estrategia neoliberal

Axel Kesler
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Redactor at Corriendo La Voz
Colaborador en #CorriendoLaVoz | Estudiante de Sociología en la UBA | Militante de DDHH |
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La oleada de detenciones y procesamientos que encabezó ayer el Juez Bonadio se trató, más que de un acto de justicia, de un despliegue más en la disputa por imponer la hegemonía neoliberal.

El día de ayer el juez Claudio Bonadío puso pedal a fondo en la cacería política. Con el argumento de complicidad en un supuesto encubrimiento en la causa AMIA dio orden en distintas direcciones. Así, el referente de la comunidad islámica en la Argentina Jorge “Yussuf” Khalil, el ex secretario Legal y Técnico del kirchnerismo Carlos Zannini, el dirigente piquetero Luis D’Elía y el dirigente del partido Patria Para Todos (PPT), Fernando Esteche fueron detenidos. A su vez, el ex canciller Héctor Timerman recibió el dictamen de prisión domiciliaria por su delicado estado de salud; el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli y el diputado de La Cámpora, Andrés Larroque fueron procesados. Por último, se procesó y pidió el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de la Argentina y actual senadora.

Se trata de acusaciones por un presunto encubrimiento de la causa AMIA a través del memorándum firmado en el año 2013. A grandes rasgos, se acusa de que este era un arreglo para finalizar, definitivamente, con la investigación. De esta manera se estaría otorgando impunidad a ex funcionarios iraníes, con cierta intencionalidad de alentar el comercio entre ambos países. A su vez, se acusa de “traición a la patria”, una categoría jurídica que apela a delitos en situaciones de guerra. Es decir, según la carátula de Bonadío, el atentado a la AMIA no se considera un atentado terrorista sino simplemente un “acto de guerra”.

Ali Akbar Salehi y Héctor Timerman firmando el Acuerdo

El memorándum de entendimiento con Irán fue un acuerdo bilateral entre ambos países para avanzar con las investigaciones de la causa AMIA, uno de los peores atentados en nuestro país que fue dirigido contra la mutual israelita y que dejó como saldo a 85 personas muertas y 300 heridas. Con este, se crearía una Comisión de la Verdad integrado por juristas de prestigio internacional (cinco comisionados y dos miembros –no locales- designados por cada país) para seguir la investigación a partir de un procedimiento propio. También se habilitaría al juez local Canicoba Corral y al fiscal Alberto Nisman para interrogar a los sospechosos con circular roja puesta por Interpol. Básicamente el memorándum fue un intento de avanzar con una causa estancada hace varios años, no sólo por falta de voluntad política local, sino también por enormes trabas impuestas desde Irán mismo.

Las directrices de Bonadio no sólo son repudiables por el disparate judicial, sino por su contexto político y social. En primer lugar, la sentencia se basa en denuncias ya desestimadas en dos instancias judiciales por falta de pruebas. A su vez, se trata de un memorándum aprobado por el congreso nacional, es decir que no puede ser judiciable, y que nunca entró en vigencia ya que no fue aprobado en el parlamento iraní. Vale mencionar también que el mismo Bonadío había sido apartado de la causa en 2005 por sospecha de encubrimiento.

Lo cierto es que a los dictámenes no se los puede desligar de su enmarque político y social. Ya es de vasto conocimiento cómo el poder judicial no es una fuerza independiente del ejecutivo. La ilusión de la separación de poderes acabó en la propia teoría de Tocqueville. El perdón de la deuda de 70 mil millones por correo argentino al grupo Macri, el desacelero de los juicios por dictadura en los últimos dos años o incluso la asignación por decreto de dos jueces al inicio de la gestión macrista son claros ejemplos de ello.

El cambio de gestión política trajo consigo una fuerte transformación en el modelo político y económico. La aplicación de un paquete de medidas neoliberales iniciado en diciembre de 2015 pretende reestructurar el estado nacional. La oleada de despidos y reducción del personal público, la fuerte devaluación, la liberación de controles aduaneros, el endeudamiento estatal, el recorte de gasto público, las altas tasas de interés, la modificación de los convenios colectivos de trabajo, la reforma previsional, laboral y tributaria, entre otras apuntan a cambiar las dinámicas de acumulación capitalista favoreciendo al sector financiero, a los grandes grupos concentrados y a las empresas multinacionales. Una redistribución de la economía en favor de las clases altas y en detrimento de las clases populares.

Por supuesto, esto no vino desligado de otro tipo de medidas que apuntan a la construcción de condiciones de posibilidad. Una minoría jamás sería capaz de decidir sobre una mayoría sin una correlación de fuerzas que lo posibilite, ya sea por capacidad de coacción o por adquisición de legitimidad. Los gobiernos que más se vuelcan sobre la primera aplican un tipo de gobernabilidad más autoritaria, mientras que el vuelco sobre la segunda da un carácter más “pacífico”. Pero como nada es estático ni lineal, ambas se retroalimentan y proveen sentido a la otra. En un caso concreto, la búsqueda de imponer un determinado orden siempre trae consigo la delimitación de un otro amenazante. En los estados modernos ese otro es el “delincuente”, un individuo que cometió un delito o que es “potencial” a cometerlo (quien se ajusta a un determinado estereotipo). Sobre el reconocimiento social de ese otro que amenaza es que se despliega legítimamente una serie de dispositivos de vigilancia y control que atraviesa toda clase social y, en muchos casos, refuerza ciertos consensos. Es decir, “es legítimo” que me pinchen el teléfono y escuchen mis conversaciones porque puede llegar a ser un recurso útil para atrapar delincuentes. Así también, “es legítimo” que militaricen las villas porque supuestamente ahí corren las drogas.

Está claro que la protesta social se presenta como una gran amenaza al orden. Ningún gobierno puede construir su piso de legitimidad con una alta escalada de protesta. Como ya aprendimos de la experiencia del 2001, las deplorables condiciones sociales y económicas, producto de un paquete de medidas neoliberales aplicado en los años ’90, llevaron a acrecentar las oleadas de huelga, piquetes, salida a la calle por parte de los sectores populares que se vieron enormemente afectados por esas condiciones. La respuesta a ello fue más represión, un intento de restablecer el orden a partir de un despliegue de dispositivos de coacción y un incremento de la criminalización de esos sectores, es decir, la delimitación simbólica como un “otro” a esos grupos que reclamaban por sus derechos. Hoy no estamos exentos de algo parecido.

DYN45, BUENOS AIRES, 06/04/2017, PREFECTURA CUSTODIA LAS INMEDIACIONES DEL HOTEL HILTON, DONDE SE REALIZA EL FOTO ECONOMICO MUNDIAL. FOTO:DYN/CARLOS GRECO.

Los ajustes en la economía que, como mencionábamos antes, afectan decisivamente en el bolsillo de los sectores populares mientras que benefician enormemente a los sectores concentrados de la economía, aumentan la escalada de protesta social y amenazan la condición de posibilidad de imponer el orden deseado. La criminalización de la protesta y de los sectores populares actúa como un intento de establecer ese orden. Se combina un despliegue punitivo –coercitivo- con una ampliación de los argumentos legitimantes a través de la expansión de la frontera que delimita a ese otro y la descalificación moral de esa amenaza. El aparato mediático, también fuerte aliado de esas clases dominantes, contribuye en dicha justificación. Quien protesta es un otro que no vale, es monstruo, debe ser excluido y hasta a veces aniquilado.

Los partidos políticos y los movimientos sociales no quedan al margen de ello. Así como la oposición política se presenta como un canalizador de un conjunto de demandas, el kirchnerismo, hoy día, es la fuerza que representa mayoritariamente esa “amenaza al orden”. Es actualmente la identidad política que más consenso genera por fuera del oficialismo y que tiene capacidad de torcer la correlación de fuerzas. Es así, que la avanzada judicial sobre estos dirigentes políticos funciona como una nueva delimitación de la otredad. Esta principal amenaza a la reestructuración neoliberal se la busca anular como actor legítimo, criminalizarlo, y descalificar su lugar en el juego político. A través del disfraz de la legalidad y la moralidad -por estar combatiendo “causas de corrupción” o de “traición a la patria”- se busca producir también la reafirmación de la propia legitimidad oficialista. Un yo justiciero, decente, legalista, contra un otro corrupto, violento, ilegal.

Sin embargo, cuando avanzás en lo concreto saltan las irregularidades en los casos. Al mismo tiempo, te encontrás con casos similares o con condiciones agravantes en personajes de otros sectores políticos o económicos que no se tocan en lo más mínimo. Más de cincuenta funcionarios y funcionarias del gobierno actual están imputados por algún tipo de delito. Entre ellos, Gabriela Michetti por la suma de 245.000 pesos y 50.000 dólares no declarados, Juan José Aranguren por negociaciones incompatibles con la función pública para favorecer a la empresa de la que fue CEO o Mauricio Macri por enriquecimiento ilícito y sociedad off shore. Aun así, la justicia hoy no avanza sobre esos casos. La selectividad en las detenciones preventivas no es más que el uso de un instrumento público para la presión política y la construcción de legitimidad. Tampoco es casualidad que el pedido de detención y desafuero a Cristina Fernández se haya dado a tres días de su asunción como senadora, habiendo tenido la posibilidad de actuar en este margen de dos años de gestión, o que el aparato mediático haya estado despierto a las 3 de la mañana en el lugar de la detención de Zannini.

Las prisiones preventivas en nuestro país son un arma de uso corriente. El 51% de la población carcelaria está detenida sin condena. Que esto esté ocurriendo hoy con dirigentes políticos de la oposición también debe hacer eco y alarma de un abuso del poder que opera día a día en el país. Sin negar su agravante por la condición política y su carácter simbólico, vemos una vez más cómo se deteriora el estado de derecho a partir de esta herramienta. Y, al fin y al cabo, “si esta cárcel sigue así, todo preso es político”.

Nos encontramos ante una encrucijada política. El proceso de reestructuración neoliberal apunta a desestabilizar las fuerzas opositoras para implementar un modelo económico que vulnera los derechos de las mayorías y redistribuye la economía en favor de los de arriba. Cuando la resistencia crece, la construcción de legitimidad cede a -a la vez que se refuerza por- un poder punitivo cada vez más violento y amenazante de las garantías institucionales. No se trata de detener la resistencia sino de acompañarla con un esfuerzo de concientizar sobre este despliegue. No estamos ante actos de justicia sino ante una estrategia de poder para neutralizar las fuerzas opositoras y desviar el foco de atención desde la destrucción de la democracia y los derechos de las mayorías hacia la mounstrualización de otro “criminal”, “delincuente”, “corrupto”, “culpable y responsable de todos los males que hoy ocurren”.

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