2×1 para Luis Muiña, un retroceso para los Derechos Humanos, un avance para la represión

Juan Agustin Maraggi

Juan Agustin Maraggi

Redactor en #Corriendo La Voz
Periodista | Colaborador en Revista Mascaró | Estudiante de Sociología en la Universidad de Buenos Aires
Juan Agustin Maraggi

En paralelo a la búsqueda del endurecimiento de las penas para los delitos ‘comunes’, aplaudidos de manera energética por los medios de comunicación y cierto porcentaje de la población, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó la aplicación de la derogada ley 2×1 para el represor Luis Muiña. Un retroceso en materia de Derechos humanos, un avance en materia de represión.

Luis Muiña, registre, comuníquese y archívese

El caso Bignone pasó a llamarse, a oídos populares, Caso Muiña.  El represor formaba parte de un grupo paramilitar que funcionaba de manera interna en el Hospital Posadas en El Palomar. Por los pasillos de aquél – arquitectónicamente – imponente Hospital todavía resuenan las botas que apilan los cuerpos, torturan a los familiares y manejan la institución a ‘gusto y piacere’. Se los conocía como “Grupo SWAT” y se encargaba de generar terror en pacientes, familiares y trabajadores/as del Posadas. La herida nunca cicatrizará, y en éste caso, la cicatrización y el delito siguen vigentes debido que muchos de los secuestrados por éste grupo, todavía se encuentran desaparecidos. Es decir, el delito aún no finalizó de cometerse, como tampoco lo hace en los tiempos venideros a un genocidio ningún tipo de éstas prácticas, en ningún país.

Luis Muiña fue detenido el primero de Octubre de 2007. Del 2009 al 2013 estuvo encarcelado sin sentencia firme, siendo condenado a trece años de prisión en el 2011. Ya encontrándose en libertad condicional, su defensa pidió el cómputo diferenciado del tiempo de detención preventiva que se dio después de dos años y un día (es decir el 30 de Septiembre de 2009) de su detención.

Muiña

El Tribunal Oral Criminal Federal de CABA computó la pena a través del 2×1. La Corte Suprema fue quien lo validó. Según sus cálculos, Muiña cumplió su pena entera el 16 de Diciembre del año pasado. Sobre esto debemos detenernos, y a partir de aquí avanzar.

2×1 no va a quedar ninguno (en cana)

Para comprender un poco más aclaremos un par de conceptos legales. En Noviembre de 1994 se promulgó la Ley 24.390. La ley conocida popularmente como “2×1”, en su artículo 7° indicaba que después de los primeros dos años y un día de prisión preventiva sin sentencia firme se computarían 2 días por cada día pasado en prisión. Si bien se derogó en Junio de 2001, la ley tuvo un objetivo doble, o al menos discursivamente eso se enarbolaba; por un lado agilizar los mecanismos del poder judicial para no generar ‘dilaciones indebidas’ y por otro, y de manera fundamental, poner un parche en las condiciones en las que se cumplían (cumplen) las condenas; el hacinamiento, el sistemático atropello a los derecho y las condiciones inhumanas.

Por otro lado existe el Principio de la Ley Penal más benigna, principio contemplado en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que indica que “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en momentos de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ellos”.

Principio internacional que también se encuentra impregnado en el Artículo 2 del Código Penal del país: Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que existía al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna.Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley. En todos los casos del presente artículo, los efectos de la nueva ley se operarán de pleno derecho”.

Veamos cómo estas dos cuestiones se mezclan en éste caso. Cuando la ley 24.390 se encontraba vigente, Muiña no sólo no estaba detenido ni procesado, sino que no existía la posibilidad de que eso ocurriera por la vigencia de la Ley de Obediencia Debida y Punto Final.
Muiña, quien estuvo más de 35 años sin ser juzgado por sus crímenes en el Genocidio de la última dictadura, se vio beneficiado por la utilización de una ley coyuntural establecida para poner un paño frío a la situación carcelaria en el país.

La Corte Suprema, con los votos a favor de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco (con buscar los nombres en internet ya podrán visualizar en qué condiciones llegaron, quiénes los votaron y las polémicas que los rodean) y dos votos en contra de la mano de Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, habilitaron la retroactividad de la ley 2×1 por considerarla la Ley más benigna.

 Interesante el razonamiento legal de los jueces, ya que si bien el acusado no estuvo detenido durante la época en la cual la ley se encontraba vigente, de la dictadura hasta la fecha, el 2×1 existió por lo que, al ser la desaparición un delito permanente, le correspondería la aplicación. Interesante indiqué por no decir paupérrimo o nefasto, el fallo descarta demasiados tópicos de suma importancia:  qué es un genocidio, qué es un delito de lesa humanidad, qué obligan los convenios internacionales a hacer en éstos casos, y sobre todo, el hecho esencial que representan los represores y secuaces garantizándose la impunidad durante todos éstos años.

El debate debería volcarse sobre el principio de benignidad, es decir, cuál es la valoración social y qué papel juega o debería jugar la penalidad a delitos de carácter genocida – o de lesa humanidad dependiendo el  marco jurídico  internacional -. Sin embargo, si bien el fallo se escuda y se da en las vías del derecho, éste no es más que otra de las formas en las cuáles el poder y la política se distribuyen y desarrollan, por lo tanto, el fallo es político y es de clase.

Para un porcentaje no menor de la población, si una persona sale en libertad, no tiene recursos y cae bajo las diversas categorías de “otredad” (no es como uno/no es de bien) la  Justicia falla, el garantismo deja criminales en la calle, la ‘puerta giratoria’ es sinónimo de toda una Justicia inservible y demás frases que volvemos a escuchar una y otra vez. Por otro lado, si el delincuente responde a otra categoría de clase, esa respetada, esa que hace a cierta parte de la población rasgarse las vestiduras del pecho, la justificación cambia: “hay que respetar la justicia” y “las leyes son para todos”. El debate, parecería ser, que esa construcción de un “todos”, en realidad, representa una mínima parte de los argentinos.

Rodrigo Pomares, Coordinador del Área de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria, fue entrevistado por el programa radial La Mar en Coche de FM La Tribu e indicó “si bien no es un fallo que vaya a ser vinculante con el resto de los jueces, si, obviamente, como todos los fallos de la Corte, son un mensaje en términos políticos hacia el resto del poder Judicial”.

Claudio Avruj, por su parte, en su rol como secretario de Derechos Humanos declaró con sorprendente velocidad: “estoy de acuerdo con el fallo si está ajustado a la ley (…) éste no deja de lado la gravedad y la inhumanidad de los delitos cometidos por los militares”.
Esta equidad que presupone Avjud es ilógica. No sólo hablamos – en términos jurídicos actuales argentinos – de delitos de lesa humanidad, es decir, delitos que bajo su categoría y definición tan ambigua no pueden ser explicados desde la humanidad, sino que los mismos genocidas – el término real, político y judicial que debería utilizarse – garantizaron su impunidad por más de 35 años a través de leyes, amenazas, extorsiones, presión e incluso desapariciones.

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Más allá de esto, y de las avivadas legales que los abogados de los represores puedan utilizar, internacionalmente (y por ende en el país tampoco) los delitos de éste carácter no prescriben, y sobre todo, no pueden ser analizados con la misma lógica que los considerados “comunes”. El Estado Argentino, con el fallo de la Corte Suprema estaría faltando a convenios firmados internacionalmente, los que indican la obligación de investigar y juzgar a todos los culpables de delitos de lesa humanidad.

Los mismos de siempre, vistiéndose de costumbre.

Esta situación no sucede por casualidad, ni en un contexto aislado. Los medios de comunicación, ciertos intelectuales y partidos vienen alzando la voz de la impunidad desde tiempos, incluso, anteriores a la llegada del PRO al mando de la Rosada. Para hacer un repaso rápido sobre las voces que alzan ésta postura pueden leer ésta nota que escribió para éste medio, Fernando Paludi.

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En éste marco, y durante una Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, la Iglesia Católica volvió a pedir la ‘reconciliación”, es decir, la unión entre represoras y víctimas. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) Monseñor José María Arancedo, basando sus argumentos en los discursos que Bergoglio dispara desde el Vaticano, viene hace un tiempo poniendo el eje nuevamente, en revalorizar la perspectiva de “Reconciliación”.

Ésta postura no es novedad para la Iglesia Católica Argentina, y tampoco lo es, que vuelva a ponerla en debate en correspondencia al contexto nacional. No podemos dejar de recordar que ésta institución no sólo se vio involucrada en las épocas de represión y desaparición forzosa, sino que funcionó como canal – el ejemplo más cabal tal vez sea el Movimiento Familiar Cristiano – para la ejecución de las diversas formas represivas. La Iglesia funcionó como divulgador ideológico durante ésta y como voceros de la impunidad durante la democracia.

Los represores no sólo se escudaron y ‘siguieron moralmente’ la línea cristiana, sino que desde la misma institución hartas son las frases, discursos y acciones en defensa del genocidio y su práctica. Nos viene a la memoria la siempre indigerible frase que en 1982 arrojó Monseñor Medina: “Algunas veces represión física es necesaria, es obligatoria y, como tal, licita”. O aquél discurso del ’77 donde Monseñor Tortolo declaró que “La Iglesia piensa que el Gobierno de las Fuerzas Armadas es una exigencia de la coyuntura (…) Por lo tanto se tiene la convicción que las FFAA, aceptando la responsabilidad tan grave y seria de ésta hora, cumplen con su deber”.

Recomendamos firmemente la investigación y experiencia que retrata Emilio Mignone en su libro “Iglesia y Dictadura”. Todo lo que acá podamos seguir desarrollando es mejor leerlo de su investigación, tanto como militante de toda la vida del catolicismo o como padre de una hija desaparecida.

Si cayó en éste casillero vuelva al inicio

Si bien retratamos como ejemplo el rol actual e histórico de la Iglesia con respecto a la represión y su penalización, podemos nombrar una gran cantidad de instituciones que cumplieron con las Fuerzas Armadas de la misma manera. Si bien el fallo no es vinculante, y la temática no se termina tras este, debido que los organismos de Derechos humanos ya evalúan acudir a las Cortes Internacionales, en el día de hoy ya dos genocidas – apropiadores de bebés – pidieron que se les aplique también retroactivamente el 2×1.

Mientras el CELS sigue gritando que aun existen más acusados libres que presos, que varios están prófugos, mientras las victimas de Muiña se sienten otra vez en los ’80, y día a día avanza el poder de las fuerzas represivas en las calles, el Macrismo continúa ampliando la difusión de su lógica; a ‘los otros’ la pena completa, el hacinamiento y las torturas en la cárcel, a los ‘nuestros’ perdón y la justicia igualitaria.

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