Hace cinco años, más precisamente el 17 de agosto de 2010, comenzó una de las tomas más emblemáticas llevadas a cabo en la Ciudad de Buenos Aires. En la Sala Alberdi, ubicada en el sexto piso del Centro Cultural San Martín (que fue alguna vez el más grande e importante de Latinoamérica), se iniciaba una gran lucha en contra de las políticas privatistas impulsadas por el Gobierno de la Ciudad. Con toma y autogestión el «teatro de los que no tienen teatro» comenzó una batalla que incluyó una feroz represión a metros del Obelisco; represión que dejó más de 60 heridos de balas de goma y tres con balas de plomo. Esta “batalla” duró hasta mazo del 2013 y, si bien el final no es lo que soñaron, es importante no perder la memoria.

Resulta imposible hablar de lo que sucedió con la Sala Alberdi sin tener en cuenta lo que significa el “neoliberalismo”, esa corriente que, disfrazada de libertad, busca achicar el rol del Estado para que la vida de todos sea regulada por las leyes del mercado y, por ende, esté en manos de los grandes capitales/las grandes empresas.

Un poco de Historia

En el año 2002 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ejecutó un préstamo de 92 millones de dólares al Gobierno de la Ciudad para refinanciar un proyecto que comenzó con el «menemato» en el país y con Fernando de la Rúa en la ciudad. Al proyecto lo denominaron “Re-acondicimiento” un nombre “bonito y simple” que escondía la apropiación del espacio, el cual funcionaba de un modo democrático y era disfrutado no sólo por artistas de renombre sino también por estudiantes de las escuelas de teatro dependientes de la Dirección General de Enseñanza Artística.
Con la asunción de Mauricio Macri, las obras llevabas a cabo en el Centro Cultural se paralizaron aduciendo falta de fondos, al tiempo que el edifico entró en un alarmante estado de emergencia. Desde aquellos tiempos de De la Rúa hasta hoy, la única beneficiada con las políticas porteñas es la empresa Riva S.A, que no sólo fue protagonista de obras como las de «Metrobus» sino que, además, es sinónimo de privatización de espacios públicos.

Durante más de dos décadas, la Sala Alberdi logró esquivar los mandatos del mundo capitalista. Tanto sus talleres como espectáculos eran realizados sin seguir las leyes del mercado. Primero, como cooperativa, se accedía a los talleres y espectáculos abonando una cuota (o entrada) a precio popular; a partir de la toma, todo fue a la gorra, porque el arte no tiene precio y es un derecho de todos, quien no tenía dinero, podía acceder igual.

A partir del 2006 comenzó a verse un incremento en el vaciamiento del Centro Cultural: cese de talleres, salas cerradas para reacondicionarlas y que luego, una vez reabiertas, eran privatizadas; como así también algunos espacios eran usados para fiestas privadas. Todo dentro de un Centro Cultural que debería abogar a que cada vecino pueda asistir sin importar cuánto tenga en su billetera.

Vale mencionar que, pese a que nunca pudieron ponerse de acuerdo (y llevar a cabo una acción conjunta), esta situación también afectó a los trabajadores del Centro Cultural quienes, paralelamente, emprendieron un camino de lucha ante el inminente vaciamiento del espacio. La burocracia sindical de SUTECBA, por su parte, aportó su cuota de discordia para que la unión entre las luchas no fuera posible.

¿Qué llevó a la toma de la Sala Alberdi?

En el año 2006 la Ministra de Cultura, Silvia Fajre, bajo la jefatura de Jorge Telerman, presentó un decreto que ordenaba el traslado de la Sala (aunque no especificaba dónde sería reubicada). En el 2010, ya con Mauricio Macri como Jefe de Gobierno y con Hernán Lombardi como Ministro de Cultura, el decreto fue ratificado. En paralelo, la Asamblea de la Sala Alberdi litigó judicialmente con el Gobierno de la Ciudad, y en un fallo de la Jueza Fabiana Schafrik se le indicó (al Gobierno) que debía refaccionar el espacio en un plazo de treinta días, a fin de que cumpla con las normas pos Cromañon; y, que de ser trasladada, debía ser a un espacio de iguales características.

El Gobierno no cumplió y al cabo de un año, desde la Dirección del Centro Cultural, se ordenó el cierre del espacio hasta que se llevaran a cabo las refacciones correspondientes. Cabe aclarar que «La Sala» nunca dependió del Centro Cultural San Martín sino de la DGArt, encabezada en aquel entonces por Marcelo Birman.

El 17 de agosto de 2010, los alumnos, docentes y familiares se autoconvocaron para exigir la reapertura del espacio. En ese entonces, ante la indiferencia de las autoridades, se resolvió la toma.

Desde aquel día de agosto de 2010 hasta enero de 2013, la sala funcionó bajo asamblea, con horizontalidad en las decisiones y autogestión, al tiempo que cosechó el apoyo de infinidad de artistas, entre ellos: Enrique Pinti, Natalia Oreiro, Juan Gil Navarro, Nicolás Vazquez, Sofia Gala, entre otros tantos.

Poco antes de 2013, la Jueza decidió cambiar el fallo y el 28 de Diciembre desde el Gobierno y la Dirección del Centro Cultural (con Gabriela Ricardes a la cabeza), día previo al comienzo de la Feria Judicial, presentaron una nota mencionando que los chicos de la Sala se encontraban en situación de ilegalidad. Dicha “nota” jamás llegó a los abogados de la Asamblea, es decir, no hubo una notificación legal, como así tampoco un fallo o decreto.

Acampe Cultura: 50 carpas en la Plaza Seca

El jueves 4 de enero comenzaban los talleres de verano y, al llegar, se encontraron con que el Centro Cultural estaba cerrado. ¿El motivo? Vacaciones.

El Canal de TV y la Radio siguieron funcionando porque no dependían de la Dirección del San Martín pero, la Sala, aunque tampoco era dependiente estaba en otra situación. No dejaban entrar a nadie y, si los que sostenían la toma salían, la lucha “se perdía”.

Con el fin de garantizar el agua y la comida de los compañeros se montó un acampe cultural que brindó talleres, noches de cine-Debate y shows en vivo de Vox Dei, Perota Chingó, Ale Kurz de El Bordo, Javier Calamaro, Arde Roma y Camineros, entre muchos otros.

Durante esos meses hubo varios hechos que es menester saber/no olvidar:
Una pareja fue golpeada brutalmente cuando fueron al kiosko; quienes los golpearon bajaron de un auto con palos y, tras la golpiza, se fueron al grito de “vamos a volver”.
En más de una ocasión, los patovicas que “jugaban” a ser personal de seguridad privada (sin ningún tipo de identificación) cortaron la soga mediante la cual se le subía provisiones a los que estaban en el sexto piso. En uno de esos episodios se acercó Nora Cortiñas, junto a otras representantes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el objetivo era no sólo manifestar su apoyo sino también poder ver a los que estaban sosteniendo la toma. En dicha oportunidad, uno de los que estaba a cargo de la seguridad llegó a argumentar el rechazo al pedido diciendo que “No eran personas gratas dentro del establecimiento”.

El 2013 fue el año de las represiones PRO (Parque Centenario en enero y Hospital Borda en Abril) y la Sala no fue la excepción. La primera fue el 12 de marzo, hubo más de 60 heridos de balas de goma y tres de balas de plomo (dos de ellos periodistas de medios alternativos que, actualmente, están llevando las acciones legales pertinentes). La segunda fue nada más (y nada menos) que el 24 de marzo; mientras en la plaza se hacía el acto conmemorando a los 30 mil compañeros desaparecidos, centenares de jóvenes eran reprimidos en la intersección Sarmiento y Paraná.

«Las ideas son a prueba de balas». Hoy la Sala Alberdi ya no tiene un espacio fijo, el lugar está en manos de la gestión que sigue encabezando Gabriela Ricardes y para acceder a los talleres, o espectáculos hay que pagar, no lo que el bolsillo nos permite, sino lo que el Centro estableció como valor de arancel o entrada (claro que no faltan las elevadas matrículas). Quienes formaron parte del espacio siguen haciendo talleres y presentaciones a la gorra y se mantienen al margen de la mercantilización de la cultura.

BONUS TRACK

Tras más de 20 días en los que ni Gabriela Ricardes (Directora del Centro Cultural San Martín) ni Hernán Lombardi (Ministro de Cultura) recibieron a los asambleístas de la Sala, algunos alumnos asistieron a una charla en la que se encontraban ambos funcionarios.

En el vídeo se ve cómo la funcionaria filma a los jóvenes, los acusa de privatistas (cuando las actividades por ellos organizadas son a la gorra y las más económicas organizadas por la Dirección del Centro salían $200), como también se puede ver al personal de seguridad privada sin identificación.

Para ella: «No todos los talleres tienen que ser de todos».

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